Universidades públicas: El cheque en blanco de la Constitución

Costa Rica sostiene una paradoja que ninguna autoridad universitaria pronuncia en voz alta. Un país pequeño, de finanzas tensas y deuda creciente, eroga por cada estudiante universitario estatal más que el promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y, aun así, gradúa a menos, retiene a menos y coloca a menos profesionales que esas mismas naciones con las que hoy se compara. Se paga tarifa de primer mundo y se recibe mercancía de tercera, y la ciudadanía tiene derecho a preguntar por qué. La respuesta no está en la escasez de dinero, sino en la relación entre quien paga (el contribuyente) y quien cobra (cinco corporaciones con renta garantizada por la Constitución).

Max Weber distinguió la burocracia racional-legal, que administra recursos ajenos bajo reglas y rinde cuentas, de la dominación patrimonial, en la cual el titular trata el cargo y sus rentas como dominio propio, como prebenda. Eso es un feudo, en sentido estricto y no como insulto. William Niskanen añadió la mecánica moderna, pues la burocracia no maximiza la eficiencia sino su presupuesto, ya que el tamaño de la asignación se traduce en poder, y opera amparada en la asimetría de información frente al legislador que la financia. Un fondo que la propia Constitución prohíbe disminuir es el escenario que ni Niskanen se atrevió a imaginar, el sueño del burócrata y la pesadilla del contribuyente. Presupuesto blindado, resultado opcional.

Los números son tercos. Según Education at a Glance 2025 de la OCDE, el gasto público por estudiante terciario en Costa Rica alcanza los 16.922 dólares en paridad de poder adquisitivo, por encima de la media del club, situada en 15.102 dólares. Se dirá que el monto es alto porque incluye investigación. Perfecto. El promedio de la OCDE también la incluye, de modo que la comparación es homologable, y si ese caudal financia ciencia de excelencia, que se exhiban las patentes, las citas y la transferencia tecnológica que lo prueben. La coartada de la investigación no cancela la exigencia de cuentas. La refuerza.

Cobrada la tarifa de primer mundo, veamos la entrega. El logro terciario entre los jóvenes de 25 a 34 años oscila entre el 31,8 por ciento del Estado de la Educación 2025 y el 35,1 que consigna la OCDE, frente al 47,5 que promedia la organización. La brecha, que a finales de los noventa era de cinco puntos, hoy ronda los dieciséis. No nos acercamos al mundo desarrollado, nos alejamos. Y cerca de la mitad de quienes ingresan al sistema público no se gradúa. Cada deserción es un cheque cobrado sin entregar la mercancía. La cobertura tampoco redime al modelo. En la admisión 2024 de la Universidad de Costa Rica, de 42.788 aspirantes declarados elegibles se admitió a 10.242, uno de cada cuatro. Los otros tres, aptos según el examen de la propia institución, quedaron mirando el portón de un mecanismo que ya no selecciona talento sino que administra escasez. El sistema que cuesta más que el de la OCDE gradúa a menos y raciona el ingreso.

Aquí está el dato que debería sonrojar a quien defiende el statu quo en nombre de la justicia social. Costa Rica destina por cada estudiante de primaria y secundaria unos 5.226 dólares, cerca del piso de la OCDE, y por cada universitario 16.922, holgadamente sobre la media. La pirámide está invertida. Se subinvierte en la base, donde están todos los niños, y se sobreinvierte en la cúspide, donde habita una minoría que ya superó los filtros. Peor todavía, esa cúspide, la más cara y la que sirve a menos gente, es la única con coraza constitucional contra cualquier recorte. El escolar de aula pobre financia, con las migajas del presupuesto, el privilegio garantizado del tramo más costoso. Llamar progresista a semejante arquitectura es un abuso del lenguaje.

El Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) asciende en 2026 a más de 593 mil millones de colones. El artículo 85 de la Constitución ordena que sus rentas no puedan abolirse ni disminuirse, un piso jurídico móvil hacia arriba y clausurado hacia abajo, con independencia de lo que la institución entregue a cambio. Ningún hospital ni escuela del país goza de armadura parecida. Conviene ser preciso, porque la precisión vuelve esta crítica inatacable. No es cierto que a las universidades no las audite nadie. La Contraloría fiscaliza la legalidad del gasto. Lo que no existe, y esa es la falla medular, es un solo mecanismo que condicione el FEES al desempeño. Se vigila que el colón se desembolsara conforme a la ley, no que produjera un graduado, una cobertura mayor o un hallazgo científico. Se audita el trámite y se ignora el resultado. En una empresa, esa contabilidad liquida al gerente. En el feudo, lo condecora.

Los países que sí funcionan hace décadas que desmontaron la superstición de que la chequera produce excelencia. La tendencia dominante en la OCDE es el financiamiento por resultados. Finlandia e Irlanda reparten los fondos según indicadores medibles de docencia e investigación, de modo que primero se pactan las metas y luego fluye el dinero. En Costa Rica el orden se invierte. Y mientras el feudo cobra su renta, es el sector privado el que forma a la mayoría. En 2023, en las universidades privadas se matricularon 254.566 estudiantes frente a los 119.108 de las cinco estatales, más del doble, sin un colón del FEES y absorbiendo la demanda que la pública rechaza. La aritmética es humillante. El que nada cuesta al erario carga con el doble; el que lo recibe todo atiende a la mitad. Por si fuera poco, el propio Consejo Nacional de Rectores admite la duplicación de carreras entre las cinco instituciones, cinco aparatos administrativos y ofertas paralelas para un país de cinco millones de habitantes cuya población empezará a decrecer en 2044.

De todo lo anterior se sigue una conclusión sin eufemismos. El modelo entrega recursos crecientes y blindados a cambio de resultados que empeoran, sin un solo instrumento que ligue cada colón al rendimiento, y en el peor momento fiscal de la generación, con una deuda del Gobierno Central que cerró 2025 en el 60,4 por ciento del Producto Interno Bruto. Perseverar en él no es defender la educación, es defender un privilegio a costa del que lo paga. Por ello se dirige una excitativa formal a la Asamblea Legislativa para que reforme el artículo 85 de la Constitución, y la legislación conexa, de modo que el FEES deje de girarse como derecho automático y se transfiera contra criterios técnicos verificables, esto es, cobertura, graduación, titulación en tiempo, empleabilidad, producción científica, costo por graduado y eliminación de duplicidades. La autonomía del artículo 84 es académica y de gobierno, no patente de corso contra la rendición de cuentas. Condicionar el artículo 85 no cercena la autonomía. La obliga, por fin, a demostrar lo que proclama.

Que quede claro dónde reside ahora la responsabilidad. La Constitución no se enmienda en una rectoría, sino en la Asamblea Legislativa, y son cincuenta y siete diputados, no cinco rectores, quienes tienen la pluma que puede transformar el diezmo automático en financiamiento contra resultados. La cuestión dejó de ser técnica. Es de coraje. Durante décadas la universidad pública administró un solo activo por encima de todos, el mito de su intocabilidad, y convirtió cada crítica en herejía. Pero los mitos tienen un adversario que no se deja amedrentar por marchas ni comunicados. Los números. Y los números ya rindieron declaración. Cuestan más que la OCDE y gradúan a menos, reciben renta blindada y admiten a uno de cada cuatro, duplican lo que ellos mismos confiesan duplicar. Eso no se rebate con un desplante. Es una confesión escrita en cifras, y las cifras no se retractan, no marchan y no bloquean carreteras. Solo delatan.

A los señores diputados corresponde elegir entre firmar un cheque en blanco por miedo al feudo o inscribir en la Constitución la frase más elemental de cualquier república que se respete. Primero las cuentas, después el dinero. El feudo tuvo su siglo. Que la República cobre de una vez la renta que se le adeuda, y esa renta, señores, no se paga en discursos. ¡Se paga con resultados!

M.Sc. Milton Madriz Cedeño

Experto y analista en administración pública y gobernanza