Los cinco grandes retos del transporte público para el nuevo gobierno

Con las elecciones de febrero de 2026 en el horizonte, el transporte público vuelve a ocupar un lugar central en el debate nacional. No se trata únicamente de un tema sectorial, sino de un eje estratégico para la productividad, la inclusión social, la sostenibilidad ambiental y la competitividad del país. El próximo gobierno recibirá un sistema que ha mostrado avances relevantes, pero que mantiene retos estructurales que, de no atenderse con visión de Estado, seguirán limitando su aporte al desarrollo nacional. Estos son cinco desafíos clave que deberían estar en la agenda prioritaria.

1. Modernización de flota con esquemas de financiamiento y subsidios bien diseñados

Una parte importante de la flota de autobuses del país supera los estándares óptimos de antigüedad, lo que incrementa costos operativos, emisiones contaminantes y riesgos en la continuidad del servicio. El reto no es únicamente renovar unidades, sino diseñar mecanismos de financiamiento sostenibles, estables y accesibles, que permitan a las empresas —especialmente pequeñas y medianas— invertir sin comprometer su viabilidad financiera. En este punto, existen estudios del (BID, 2025)que pueden resultar especialmente útiles para el diseño de modelos de financiamiento modernos, combinando repago operativo, mitigación de riesgos y criterios ambientales. Además, es necesario abrir de manera seria y técnica la discusión sobre los subsidios a la actividad del transporte público, entendidos no como transferencias asistenciales, sino como instrumentos de política pública para garantizar servicio, equidad territorial y acceso universal.

2. Consolidación del pago electrónico y aprovechamiento estratégico de los datos

La implementación del pago electrónico por medio de SINPE-TP, representa uno de los cambios más transformadores del transporte público en décadas. Costa Rica ya cuenta con prácticamente todo el Área Metropolitana de San José operando bajo este esquema, con cerca de 2.000 autobuses generando transacciones de forma diaria. El desafío del nuevo gobierno será seguir con el plan de completar su cobertura a nivel nacional y, sobre todo, utilizar los datos generados para mejorar la planificación de rutas, estimar la demanda real, optimizar esquemas operativos y fortalecer la transparencia del sistema. Sin información confiable y en tiempo real, cualquier política pública carece de sustento técnico.

3. Reforma institucional, fortalecimiento regulatorio y clima de inversión

Las instituciones rectoras del sector, como el Consejo de Transporte Público y la ARESEP, enfrentan procesos todavía fragmentados, manuales y con capacidades técnicas limitadas frente a la complejidad actual del sistema. El reto no es solo agilizar trámites relevantes para los operadores, sino mejorar sustancialmente la capacidad de rectoría, supervisión y planificación estratégica de los reguladores. En este contexto, el LANAMME en las denominadas "Mesas de trabajo por Costa Rica" ha diseñado una hoja de ruta técnica que puede seguirse para avanzar de forma ordenada y consistente en la modernización institucional y regulatoria del sector. De forma paralela, será clave impulsar leyes y reformas que mejoren el marco legal del transporte público, brindando reglas claras, estabilidad jurídica y previsibilidad a quienes apuestan por modernizar el servicio.

4. Integración del sistema con enfoque en el usuario y en el tiempo de viaje

Para la mayoría de las personas usuarias, el transporte público sigue siendo un sistema poco integrado, con tarifas, horarios y rutas que no siempre dialogan entre sí. El desafío consiste en pasar de una lógica de servicios aislados a un sistema verdaderamente articulado, donde el usuario sea el centro de la política pública. Esto implica no solo integración tarifaria e intermodalidad, sino ofrecer una experiencia que mejore de forma significativa el tiempo total de viaje, reduciendo transbordos innecesarios, tiempos de espera y niveles de incertidumbre.

5. Transición energética con realismo y escalabilidad

La descarbonización del transporte es un objetivo país y un compromiso internacional. El reto es seguir marchando con decisión hacia la electromovilidad, pero mediante planes que sean escalables y financieramente sostenibles. El nuevo gobierno deberá desarrollar esquemas que permitan a las empresas dar el cambio tecnológico con mayor seguridad, reduciendo riesgos y facilitando una transición ordenada y gradual. La movilidad sostenible no puede construirse sin sostenibilidad económica ni continuidad del servicio.

En conclusión, el transporte público enfrenta retos que van más allá de soluciones coyunturales o promesas electorales. Requiere una arquitectura de políticas públicas basada en datos, financiamiento inteligente, fortalecimiento institucional y visión de largo plazo. Este cierre de década es, sin duda, el del transporte público: vivimos en medio de un caos de movilidad, y la mejor respuesta no vendrá de vehículo privado, sino de modernizar, ordenar y fortalecer el sistema de transporte público. El gobierno que asuma en mayo y acabe su mandato cerrado la década, tendrá la oportunidad de hacer algo realmente sustantivo con esta noble actividad que afecta directamente la vida de miles de personas diariamente.

Bernal Rodriguez

Presidente

Canabus