La infancia en pobreza no espera: un pacto urgente de Estado, instituciones y familias

Por Esteban Arrieta Jul 29, 2026

Hablar de 557.000 personas menores de edad en situación de pobreza no es solo desplegar una cifra alarmante en un informe técnico; es señalar una herida abierta en la estructura misma de nuestra democracia. Cada niño, niña y persona adolescente que crece con carencias materiales, alimentarias o educativas está viendo vulnerado, en tiempo real, su derecho fundamental a un desarrollo integral.

La Convención sobre los Derechos del Niño no es una declaración de buenas intenciones ni un catálogo lírico; es un instrumento jurídico vinculante que exige resultados. El artículo 27 es tajante: las personas menores de edad tienen derecho a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. Cuando más de medio millón de personas menores de edad viven bajo el umbral de la pobreza, el mandato del Interés Superior del Niño se convierte en un discurso hueco si no se traduce en acciones concretas e impostergables.

Para saldar esta deuda histórica, el compromiso no puede seguir fragmentado. Exige una articulación real y articulada entre tres actores clave:

1. El Estado: De la contención asistencial al presupuesto garantizado

El Estado debe abandonar la lógica del asistencialismo focalizado e insostenible. Superar la pobreza de las niñas, niños y personas adolescentes requiere:

Blindaje presupuestario: La inversión social en personas menores de edad debe ser prioritaria, progresiva e inembargable. No se puede ajustar el gasto público a costa de la nutrición, la salud o la educación de las niñas, niños y personas adolescentes.

Políticas de empleo y renta mínima: La forma más directa de proteger a este enorme sector de la población es garantizar condiciones de vida dignas para sus hogares. Se requieren políticas macroeconómicas que generen empleo formal con salarios justos para los adultos(as) a cargo.

2. Las Instituciones: Articulación real y descentralización

Las instituciones públicas no pueden seguir funcionando como islas burocráticas donde los trámites pesan más que las personas:

Sistemas locales de protección integrados: Las instituciones de salud, educación y protección social deben operar de manera coordinada en los territorios, eliminando la duplicidad de funciones y garantizando que la oferta estatal llegue directamente a los barrios y comunidades más vulnerables.

Escuela como centro de equidad: El sistema educativo debe ser el principal escudo contra la pobreza. Esto implica garantizar no solo infraestructura digna, sino comedores escolares abiertos todo el año, conectividad digital y programas de apoyo psicopedagógico que prevengan la exclusión escolar.

3. Las Familias y la Comunidad: Corresponsabilidad y empoderamiento

Las familias son el primer entorno de protección, pero no se les puede exigir que cumplan su rol si el entorno las asfixia:

Entornos protectores y corresponsables: Se deben fortalecer los programas de acompañamiento familiar y crianza positiva, garantizando redes comunitarias de cuido que permitan a los progenitores —especialmente a las mujeres jefas de hogar— insertarse en el mercado laboral o concluir sus estudios.

Participación sustantiva de las personas menores de edad: Escuchar la voz de las niñas, niños y personas adolescentes no es una concesión, es un derecho (Art. 12 de la Convención). Las propuestas para superar la pobreza deben incorporar sus vivencias, necesidades y perspectivas.

Conclusión

Garantizar las condiciones que exige la Convención sobre los Derechos del Niño no es un acto de caridad; es un deber imperativo de justicia social y cumplimiento legal. Si el Estado, las instituciones y la sociedad no unifican esfuerzos hoy con propuestas concretas y financiamiento real, le habremos fallado a toda una generación. La pobreza en niñas, niños y adolescentes no es un destino inevitable: es una omisión estructural que estamos obligados a corregir ya.

Rodolfo Vicente Salazar

Abogado especialista en Derechos de la Niñez y Adolescencia, Máster en Derechos Humanos y Educación para la Paz, académico y extensionista jubilado de la Universidad Nacional, CIDE, INEINA

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