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Isela Corrales Mejías
Directora de Programas Gerontológicos
AGECO
El 20 de febrero, se conmemora el Día Mundial de la Justicia Social, una fecha establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas para promover los principios fundamentales de equidad, inclusión y respeto por los derechos humanos. Desde la Asociación Gerontológica Costarricense, (AGECO) esta fecha reviste gran importancia para recordar los retos que como país tenemos en materia de inclusión y de respeto por los derechos humanos de las personas adultas mayores.
La justicia social atendida permite que las sociedades y las economías funcionen de forma más cohesionada. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, declaró el período entre el año 2021 y el 2030, como la Década del Envejecimiento Saludable, con el objetivo de reducir las desigualdades en materia de salud y de mejorar la vida de las personas adultas mayores, sus familias y sus comunidades.
En Costa Rica, las personas adultas mayores aún enfrentan condiciones vulnerables. A pesar de los avances en materia de protección social y de los esfuerzos por garantizar el acceso a la salud, a la educación y a los servicios básicos, persisten barreras que limitan la calidad de vida de esta población. Factores como precariedad económica; la exclusión social y la falta de oportunidades para participar activamente en la sociedad son aún tarea en proceso en materia de justicia social.
Desde AGECO promovemos acciones para la toma de conciencia social. Costa Rica proyecta poblaciones con mayor expectativa de vida; más longevidad y menor número de nacimientos para los próximos años. Siempre hacemos un llamado a la corresponsabilidad social de los cuidados hacia las personas adultas mayores desde todos los sectores sociales. Es necesario que entidades privadas y públicas, al igual que las familias tomen conciencia de esta realidad y preparen los recursos, infraestructura y apoyos para atender a la población mayor. Asimismo, es tarea de todas las personas garantizar el cumplimiento de los derechos humanos.
La población mayor de 65 años se duplicará para el 2044 en Costa Rica, según la proyección demográfica en el año 2024 del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Basado en los datos del INEC, los habitantes en edad adulta aumentarán en el país debido a la disminución de la tasa global de fecundidad, la cual alcanzará un mínimo de 1,14 de hijos por mujer en 2031. Para el 2050, se proyecta que el 25% de la población de Costa Rica tendrá 65 años o más, en comparación con el 11% actual en 2024. Esto indica un considerable aumento en la proporción de personas adultas mayores. Este cambio demográfico exige que el país prepare servicios adecuados en salud, apoyo económico, actividades recreativas, así como espacios para aprovechar las experiencias de la población adulta mayor y garantizar una vejez digna.
El envejecimiento tendrá consecuencias sobre la demanda de algunos servicios públicos críticos tales como: la salud; la educación, las jubilaciones y el empleo. Además de los bienes y servicios asociados a la población adulta mayor. De la misma manera, se deben de tomar acciones legislativas, que garanticen la vejez digna que cada costarricense merece. Las estadísticas permiten contextualizar las implicaciones que esto tendrá en materia de salud, seguridad social, espacios urbanos accesibles y otros servicios, así como las transformaciones en las dinámicas familiares y sociales, entre otros aspectos de las condiciones de vida de la población.
Según estadísticas del INEC en 2024 se estima que la población de personas adultas mayores está conformada por más de 576.000 personas y lo que más preocupa es la condición en la que vive esta población. De las personas adultas mayores al menos un 26,6% viven en pobreza y tan solo un 13,3% tienen empleo. El 48,2% de las personas adultas mayores no reciben pensión y 2,1% no tienen seguro social. Se destaca en los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares, 2023 y Encuesta Continua de Empleo, II Trimestre 2024 que la población de 65 años y más que recibe asistencia personal es de un 35,4% mientras un 28,7% requieren de cuidados más específicos. Es decir, al menos un 64% de esta población requiere de algún tipo de asistencia en aspectos como movilidad, atención de labores domésticas y cuidado personal.
La pobreza pone en riesgo el bienestar físico, también afecta la salud mental y emocional y esta forma de injusticia debe ser atendida con urgencia a través de políticas públicas inclusivas y sostenibles. Otro desafío importante es la discriminación por edad que perpetúa estereotipos negativos sobre las personas mayores y su acceso a empleo y otros servicios. Esto se traduce en prácticas laborales injustas, exclusión de espacios de decisión y una visión limitada de sus capacidades y contribuciones. La lucha contra el edadismo requiere de una transformación cultural y de la ejecución de los derechos humanos establecidos en las regulaciones locales e internacionales.
Existen obstáculos en el acceso a servicios esenciales. Costa Rica cuenta con un sistema de salud público en el que aún persisten las inequidades en la atención sanitaria. Asimismo, la falta de programas adecuados de vivienda y de transporte limita la autonomía y calidad de vida de la población mayor. Es fundamental que las autoridades, la sociedad civil y el sector privado trabajen de manera conjunta para ejecutar políticas que protejan los derechos de las personas adultas mayores y promuevan su participación activa en todos los ámbitos de la vida. La justicia social es una responsabilidad colectiva que exige acción y solidaridad y un compromiso con la equidad y la inclusión. Solo así podremos construir una sociedad más justa y atender las necesidades de este creciente sector de la población cada vez más preponderante en la conformación ciudadana de este país.
