Edición impresa
¡Manténgase al día!
Reciba las últimas novedades e información directamente en su correo.
Puerto Caldera no es un simple punto en el mapa ni una fría obra de infraestructura; es el motor que mueve el 90% del impacto logístico y comercial de Costa Rica en el Pacífico. Modernizarlo no es un lujo, es una urgencia vital si queremos bajar de una vez por todas esos costos de transacción que encarecen la vida en nuestra sociedad. Sin embargo, la ruta que se ha tomado para su licitación nos pone frente a una encrucijada institucional que, como ciudadanos y consumidores, sencillamente no podemos dejar pasar.
Hay un principio económico que a menudo los burócratas olvidan: el valor no es algo místico ni se calcula sumando costos de producción de forma arbitraria. El valor es subjetivo; nace de la utilidad real que las personas le encuentran a los bienes para resolver sus necesidades cotidianas. Para que esa soberanía del consumidor funcione, se necesitan mercados abiertos y procesos de contratación donde la competencia sea real, feroz y transparente.
Cuando un proceso licitatorio restringe las opciones del mercado mediante tecnicismos —como pasó con la descalificación de la empresa ICTSI frente al Consorcio Sunset— lo que se termina destruyendo es el proceso de descubrimiento que solo la libre competencia garantiza. Una adjudicación que avanza a la carrera, dejando nubarrones sobre la asimetría de costos y los verdaderos incentivos, hipoteca la calidad de nuestros servicios portuarios por las próximas décadas. La urgencia jamás puede ser la excusa para la opacidad.
El gran error de los análisis tecnocráticos es asumir que las ineficiencias de un puerto se quedan flotando en el mar, afectando solo a los barcos que atracan. La realidad económica es mucho más dura y directa. Los importadores y exportadores absorben el primer golpe con la congestión y los sobrecostos, pero la cuerda siempre se revienta por el lado más delgado.
Por pura lógica de mercado, cualquier ineficiencia en el transporte se traslada en cascada directa al precio final de lo que compramos. Desde el arroz y los frijoles en la mesa de un hogar en el Gran Área Metropolitana, hasta los vehículos y las materias primas: todo termina pagando un impuesto invisible. Al final del día, es el ciudadano de a pie quien termina subsidiando, con el sudor de su bolsillo, un monopolio mal diseñado.
Por eso la reciente intervención de la Contraloría General de la República (CGR) en este mayo de 2026 es crucial. Al acoger los recursos de apelación de la empresa excluida, el órgano contralor confirma lo que era evidente: hay inconsistencias de fondo que exigen una revisión minuciosa.
Sé bien que existe una enorme presión política y empresarial para firmar ya y evitar baches logísticos. Pero el verdadero papel de la Contraloría no es ceder ante la conveniencia del corto plazo. Su obligación ética y legal es con los ciudadanos. Debe actuar como un árbitro implacable, garantizando que el concurso sea limpio, abierto y competitivo. Solo así aseguraremos que el país tenga al mejor operador posible, defendiendo el derecho a elegir y el bolsillo de todos los costarricenses.
Juan Ricardo Fernández Ramírez
Presidente de Asociación de Consumidores Libres
