Impacto Fiscal del Proceso de Electrificación del Transporte en Costa Rica

MBA, Bernal Rodríguez

Presidente de CANABUS

Recientemente, participé como panelista en la presentación del informe “Impacto Fiscal del Proceso de Electrificación del Transporte en Costa Rica”, elaborado por expertos del PNUD. Este documento lanza una advertencia clara: la transición tecnológica hacia la movilidad eléctrica, aunque ambientalmente necesaria, tendrá un impacto fiscal creciente. El impuesto único a los combustibles —la tercera fuente de ingresos del Estado— verá una caída estimada del 0,2% del PIB para 2030 y del 0,71% en 2050.

Esto representa un riesgo directo para el financiamiento de infraestructura vial, servicios ambientales y otras inversiones clave para el desarrollo económico del país. Nos encontramos, sin duda, ante un punto de inflexión: la electrificación avanza, y con ella, se transforma no solo el parque vehicular, sino también la estructura tributaria que históricamente ha sostenido la movilidad nacional.

Pero también es una oportunidad. Desde 2015, el transporte público ha perdido competitividad frente al transporte privado, fenómeno que se aceleró durante la pandemia. Hoy, las empresas operan con una demanda que ha caído en promedio más del 20%, y más de cien rutas han sido abandonadas. Esto no es una crisis puntual; es una señal estructural de que el sistema requiere una transformación profunda.

¿Cómo construir un nuevo contrato social de movilidad?

Primero, debemos entender que el impacto fiscal no debe frenar el proceso de electrificación. El camino está trazado: debemos avanzar hacia tecnologías limpias. El transporte público, aunque no siempre rentable financieramente, es altamente rentable desde la perspectiva económica y social. Mejora la salud pública, reduce la congestión y disminuye las emisiones contaminantes. Invertir en él es una decisión racional, como lo han hecho muchas ciudades y países que priorizan esta política.

Segundo, electrificar el transporte público debe convertirse en una prioridad nacional. Esto requiere subsidios específicos para la modernización de flotas, financiamiento en condiciones preferentes, ampliación del plazo de concesión a 15 años, organización empresarial mediante consorcios, integración intermodal (bus–tren–taxi), y la masificación del sistema de pago electrónico SINPE-TP. Para lograrlo, es necesario reformar la Ley 3503, que este año cumple 60 años. Esta ley ya no responde a los desafíos del siglo XXI. Hoy, miles de personas dependen del transporte público para estudiar, trabajar, atender su salud y participar en la economía.

Tercero, no podemos seguir recargando el costo de la modernización únicamente en la tarifa. Ese modelo es regresivo y ha demostrado ser insostenible para todos los actores. Es indispensable crear un fondo de transición energética para el transporte público, financiado mediante nuevas fuentes: cobros por congestión urbana, reformas al impuesto sobre la propiedad de vehículos con criterios ambientales, y subsidios estatales dirigidos directamente a la demanda. En los sistemas más avanzados del mundo, los subsidios son esenciales: permiten que la colectividad respalde un sistema que motive a las personas a dejar el automóvil en casa.

Cuarto, no basta con poner buses eléctricos en las calles sin antes contar con una gobernanza robusta e independiente. Ningún mercado se desarrolla sin reglas claras. Se requieren autoridades con capacidad efectiva de implementar políticas públicas, operadores con certeza sobre los riesgos y beneficios del negocio, y usuarios con mecanismos de participación activa. Cuando los regulados influyen directamente en las decisiones regulatorias —bajo el argumento de su conocimiento técnico— se debilita la independencia institucional, se limita la innovación y se perpetúa el subdesarrollo de la industria. El precio de esa debilidad lo pagamos todos los días en las calles del país.

Costa Rica debe declarar una nueva política nacional: priorizar el transporte público como columna vertebral de la sostenibilidad, electrificar el servicio, avanzar hacia una equidad tarifaria real y construir una gobernanza autónoma y eficiente. Ese debe ser el nuevo contrato social de movilidad para el siglo XXI.