Consumidor: Primero pague 26% de IVA, reclame después Al hacer reservas en AirBnB y otras plataformas similares

Juan Ricardo Fernández Ramírez

Presidente

Asociación de Consumidores Libres

acl@consumidoreslibres.org

Una de las frases célebres más célebres con respecto a la visión de los gobiernos de la economía, reza así: “Si se mueve, ponle impuestos; si se sigue moviendo, regúlalo. Y si deja de moverse, subsídialo”. La industria de hospedaje no tradicional, mediante plataformas digitales, ha sido objeto de esa visión retrógrada.

Gran parte de quienes ponen su propiedad para ser alquilada en plataformas como Airbnb, VRBO y otras son pequeños emprendimientos (se les denomina anfitriones), quienes alquilan desde un pequeño apartamento, pasando por habitaciones en sus casas hasta hamacas. Hay personas que, por ejemplo, tienen espacios disponibles ya que los hijos crecieron y salieron de sus casas, y con ello tienen la oportunidad de generar ingresos adicionales.

Por la diversidad de la oferta y los precios accesibles, las plataformas han tenido una gran acogida entre los consumidores nacionales y extranjeros, dejando beneficios económicos a los anfitriones y yendo más allá. Según estudios recientes, este tipo de hospedajes genera cientos de millones de dólares anuales repartido en restaurantes, transporte, tours y otros rubros que llega casi al 1% del PIB. Casi 1 de cada 4 extranjeros que llega al país reserva su hospedaje a través de plataformas y más importante aún, el 40% de los consumidores de estos servicios en Costa Rica son los propios ticos.

Durante la discusión de la reforma fiscal de 2018, se incluyó una nueva adición al IVA que le permitiría a Hacienda recaudar el impuesto de algunos servicios digitales a través de emisores de tarjetas de crédito y débito. Esta propuesta que originalmente estaba prevista para captar servicios que efectivamente eran totalmente en línea como los servicios de películas y videojuegos, se ha extendido a otras aplicaciones debido a la voracidad fiscal imparable de nuestro país.

Recientemente, la DGT decidió incluir a Airbnb, HomeAway y Vrbo en la lista de servicios digitales transfronterizos sobre los que se aplicará la tarifa de 13% del Impuesto al Valor Agregado (IVA). La forma como se recaudará el impuesto implica que los consumidores con tarjetas emitidas por entidades financieras locales terminarán pagando dos veces el IVA: la primera al pagar el servicio dentro de la plataforma (recordemos que en Costa Rica los precios incluyen el IVA por ley y estos emprendedores se han ido formalizando desde hace algún tiempo, pagando impuestos y emitiendo factura electrónica).La segunda mediante un recargo que se le aplicará al tarjetahabiente por ese mismo concepto. Es decir, muchos consumidores ticos pagaremos un total de 26% y es responsabilidad de cada uno pedir la devolución.

Por otro lado, si el consumidor costarricense viaja al extranjero y adquiere servicios en esas plataformas con su tarjeta, le cobrarán el IVA aun cuando no corresponde. El principio de territorialidad fiscal es claro en que ningún servicio que consumamos fuera del país debe ser objeto de impuestos por el Ministerio de Hacienda de Costa Rica.

La carga de la prueba le caerá al consumidor, quien deberá hacer el reclamo al DGT por los dobles cobros del IVA o el cobro de este cuando no corresponda (servicios en el exterior) a través de un proceso engorroso que incluye la presentación de la factura digital, el estado de cuenta (violando el secreto bancario) y hasta la copia del pasaporte en caso de que haya salido del país.

Sí bien pagar impuestos es una obligación poco agradable, más aún cuando no es correspondido por los servicios del gobierno y los escándalos de corrupción, es mucho menos agradable pagar de más cuando no corresponde. No hay razón alguna para que sea el consumidor quien se eche al hombro el peso de la ineficiencia del Estado.

La decisión de cobrar así el IVA es totalmente inconsecuente por parte de la Administración Chaves, la cual se ha orientado más bien hacia la reducción del costo de vida y de las trabas a la competencia que perjudican los consumidores. Desde ACL proponemos al Ministerio de Hacienda retirar a Airbnb, HomeAway y VRBO de esta lista y en su lugar trabajar en una solución integral en beneficio del consumidor costarricense.