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La promulgación de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) no fue simplemente un acto diplomático; fue un cambio de paradigma civilizatorio. Pasamos de ver a las personas menores de edad como "objetos de protección y lastima" o "propiedad" de sus padres-madres, para reconocerlos como sujetos plenos de derechos. Sin embargo, a décadas de su ratificación, el desafío persiste: transformar el papel en realidad cotidiana.
Una Responsabilidad Compartida: El Principio de Corresponsabilidad
La protección integral de las niñas, niños y personas adolescentes no recae sobre un solo hombro. Es una estructura de soporte que involucra a cuatro pilares fundamentales:
1. El Estado: Como garante principal, debe asegurar que cada política pública, ley y presupuesto priorice el Interés Superior del Niño. No basta con legislar; se requiere una ejecución administrativa eficiente y libre de violencia institucional.
2. Las Familias: Son la primera línea de cuidado. Su obligación es brindar un entorno de afecto y seguridad, ejerciendo una autoridad basada en el respeto y el acompañamiento, alejándose de modelos autoritarios caducos.
3. Instituciones Públicas y Privadas: Toda entidad que interactúe con personas menores de edad debe adaptar sus protocolos para garantizar espacios seguros y fomentar la participación activa de las niñas, niños y adolescentes en las decisiones que les afectan.
4. Habitantes en General: La denuncia y la vigilancia social son obligaciones ciudadanas. El respeto a las personas menores de edad comienza en la calle, en el transporte público y en el discurso digital. La indiferencia es, en sí misma, una forma de vulneración.
La Academia como Faro: El Rol de las Universidades Públicas
En este entramado de responsabilidades, la educación superior pública juega un papel determinante. No se trata solo de formar profesionales, sino de generar pensamiento crítico y acción social que impacte directamente en la calidad de vida de las personas menores de edad.
En Costa Rica, contamos con dos referentes esenciales que traducen la teoría académica en bienestar social:
PRIDENA (Programa Interdisciplinario de Estudios y Acción Social de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia) Desde la Universidad de Costa Rica, este programa es vital para la articulación entre la academia y las comunidades. Su labor de fiscalización y promoción asegura que el enfoque de derechos no sea un concepto abstracto, sino una herramienta de transformación social.
INEINA (Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia): Vinculado a la Universidad Nacional, este instituto se posiciona como el centro neurálgico de la investigación, la extensión y la formación especializada interdisciplinaria. Su acompañamiento técnico es fundamental para que las instituciones del Estado tomen decisiones basadas en evidencia científica y con un enfoque pedagógico actualizado.
El PANI: Eje Rector y Brazo Ejecutor de la Protección y la garantía
Dentro de esta arquitectura institucional, el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) se erige como la institución rectora y el brazo ejecutor de las políticas de protección especial. Su rol es insustituible, pues sobre él recae la responsabilidad de intervenir en situaciones de vulnerabilidad crítica y de articular a los demás protagonistas del sistema. La efectividad del PANI no solo depende de su gestión interna, sino del apoyo constante de la sociedad y del insumo técnico que la academia le provee, asegurando que su actuación esté siempre alineada con los más altos estándares internacionales de derechos humanos.
Conclusión: Un Llamado a la Acción
Respetar y divulgar la Convención sobre los Derechos del Niño no es una opción académica o un gesto de buena voluntad; es un mandato legal y ético. El acompañamiento de nuestras Universidades Públicas, a través de sus institutos especializados, garantiza que el país cuente con el rigor técnico necesario para no dar ni un paso atrás en la defensa de los más vulnerables.
"La medida de una sociedad se encuentra en cómo trata a sus niños y niñas."
Es momento de que cada habitante e institución asuma su lugar en esta gran red de protección y garantía. Solo a través de la educación, la divulgación y el compromiso institucional podremos asegurar que el presente y futuro de nuestra nación crezca en un entorno de justicia, dignidad y pleno derecho.
Rodolfo Vicente Salazar
Abogado y Notario
Especialista en Justicia y políticas públicas de personas Menores de Edad
