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Cristian Valverde Cordero
Ingeniero Civil | Gestión de Infraestructura Pública
chrisvalco@gmail.com
En lo que llevamos del mes de agosto, Costa Rica vivió una secuencia de eventos que invita a reflexionar. Primero, la Contraloría General de la República advirtió que el país mantiene un enfoque predominantemente reactivo para gestionar el riesgo en infraestructura. Días después, lluvias intensas provocaron el cierre simultáneo de varias rutas estratégicas hacia el Caribe y llevaron a una nueva declaratoria de emergencia. Esa sucesión de hechos no demuestra una relación de causa y efecto, pero sí deja una pregunta abierta que merece atención.
Cada vez que ocurre este tipo de situaciones solemos concentrar la discusión en las obras que fueron afectadas. Analizamos si un puente necesitaba reforzarse, si una carretera requería mantenimiento o si una intervención debió ejecutarse antes. Todas son preguntas necesarias, pero quizá ninguna llega al fondo del problema.
La verdadera discusión podría darse mucho antes de que se den esas situaciones y cuestionar ¿qué esperamos obtener cuando invertimos en infraestructura?
Si la respuesta es construir una carretera, un puente o un intercambio vial, probablemente evaluaremos el éxito observando la calidad de la obra, el costo de construcción o el cumplimiento del cronograma.
Pero si la respuesta es reducir tiempos de viaje, mantener la conectividad de una región, facilitar el comercio o garantizar el acceso a servicios esenciales, entonces el objeto de evaluación cambia por completo.
Ya no estamos juzgando una obra. Estamos evaluando el desempeño de una red.
Esa diferencia suele estar invisibilizada por un factor diferenciador importante, los proyectos tienen límites claramente definidos, mientras que los problemas que intentan resolver no los tienen. La movilidad no depende de una sola carretera. La resiliencia no depende de un solo puente. La continuidad del servicio no depende de una única institución. Son propiedades que emergen de la interacción entre múltiples decisiones tomadas durante años.
Por eso, una infraestructura puede cumplir con todos los parámetros, especificaciones y requisitos para las que fue diseñada y, aun así, formar parte de una red que no es capaz de responder cuando varios de sus componentes fallan al mismo tiempo. En ese momento, el problema deja de ser la condición de un activo específico y pasa a ser la capacidad del conjunto para seguir funcionando.
Esta forma de observar la infraestructura vial también cambia la manera de entender la inversión pública. La pregunta deja de ser únicamente qué obra construir y pasa a ser cuál intervención mejora más la capacidad de la red para prestar el servicio que la sociedad necesita. Eso obliga a incorporar criterios que muchas veces reciben menos atención que la construcción misma: mantenimiento, redundancia, riesgo, operación, criticidad y desempeño durante el ciclo de vida.
No se trata de aspirar a una infraestructura vial capaz de resistir cualquier evento, sería utópico, ningún país dispone de recursos ilimitados para lograrlo. Se trata de tomar decisiones cada vez más transparentes sobre qué riesgos pueden aceptarse, cuáles conviene reducir y dónde una inversión genera el mayor beneficio para la sociedad.
Quizá esa sea una de las lecciones más importantes que dejan las últimas semanas. Las obras son indispensables, pero por sí solas no garantizan que el problema desaparezca. Lo que finalmente determina la experiencia de las personas es la capacidad de toda la infraestructura para seguir prestando el servicio para el que fue concebida.
Porque, al final, la pregunta más importante no es cuántos proyectos logramos terminar.
La pregunta es si, gracias a ellos, el país funciona mejor.
