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Desde la Cámara de Comercio Exterior de Costa Rica (CRECEX) consideramos que la seguridad de la carga dejó de ser un asunto exclusivo de transportistas y aseguradoras. Hoy constituye un componente de competitividad, facilitación del comercio y reputación país. Cuando los corredores que conectan puertos, fronteras y centros logísticos son penetrados por estructuras criminales, el impacto alcanza al importador, al exportador, al consumidor y al propio Estado.
Las cifras muestran una amenaza persistente. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) registró 156 robos de contenedores durante 2025, un 31% más que el año anterior. A mediados de junio de 2026 ya se contabilizaban 50 nuevas denuncias y, considerando los últimos dos años y el período transcurrido de 2026, se acumulaban 330 casos: prácticamente una denuncia cada dos días. La Interamericana Norte y las rutas 32 y 27 figuran entre los principales corredores afectados.
El costo tampoco termina en la mercancía sustraída. Las estimaciones disponibles tienen alcances distintos. Se calcula pérdidas directas cercanas a $2 millones para los transportistas en los últimos dos años, por cargas, chasis, furgones y otros equipos (así reportado por la Cámara de Transportistas), mientras que una estimación basada en el valor promedio de las cargas puede situar el perjuicio potencial por encima de los $13 millones. A ello se agregan custodias, seguros, tecnología, horas improductivas, atrasos y el riesgo físico para los conductores.
Más preocupante es la sofisticación del fenómeno. Las investigaciones describen bandas con información precisa sobre itinerarios y mercancías, utilización de inhibidores de GPS y capacidad para colocar rápidamente productos robados en circuitos comerciales. La Fiscalía ha advertido que algunas organizaciones diversifican sus actividades entre narcotráfico, robo de carga y extorsión; incluso existen casos donde el control de un contenedor se utiliza para contaminar carga legítima con droga. La seguridad logística forma parte, por tanto, de la lucha contra el crimen organizado y el comercio ilícito.
El impacto para el comercio exterior va mucho más allá del valor de cada incidente. Una cadena logística percibida como vulnerable obliga a las empresas a incorporar mayores costos preventivos, elevar coberturas de seguros, contratar custodias, modificar horarios y rutas e invertir en sistemas adicionales de monitoreo y seguridad. Estos costos terminan trasladándose a la estructura logística del país y reducen eficiencia frente a otros destinos competidores. Para una economía altamente integrada al comercio internacional, donde la puntualidad, la trazabilidad y la confiabilidad son factores decisivos para exportadores, importadores y empresas multinacionales, la seguridad debe analizarse también como un indicador de desempeño logístico.
Existe además un riesgo reputacional que Costa Rica no puede subestimar. La infiltración del narcotráfico y otras redes delictivas en cadenas de suministro legítimas puede generar mayores controles en puertos de destino, inspecciones adicionales, atrasos y cuestionamientos a operadores nacionales que no tienen participación alguna en actividades ilícitas. Cada contenedor contaminado, sustraído o utilizado por organizaciones criminales puede afectar la confianza acumulada por empresas y autoridades durante años. Preservar la condición de Costa Rica como plataforma segura para producir, importar y exportar requiere actuar preventivamente y no únicamente cuando el delito ya ocurrió.
El Estado ha intensificado sus acciones. Entre mayo y julio de 2026, Hacienda reportó un aumento del 58% en los decomisos de mercancías, al pasar de 13 a 30 millones de unidades frente al mismo período de 2025; solo en julio presentó además 15 denuncias penales vinculadas con una evasión estimada en ₡809,5 millones.
Pero la respuesta no puede ser únicamente policial. Se requiere inteligencia compartida, protocolos de denuncia y reacción rápida, tecnología interoperable, vigilancia en corredores críticos, trazabilidad y coordinación permanente entre autoridades, puertos, transportistas, importadores y exportadores. El propio Ministerio de Hacienda ha identificado la coordinación entre Estado y empresas como parte de las medidas necesarias para proteger las cadenas de suministro.
Desde CRECEX consideramos que proteger la cadena de suministro es proteger la competitividad de Costa Rica. Debemos convertir la seguridad de la carga en una verdadera política de cooperación público-privada: respaldar y fortalecer los esfuerzos del Gobierno, cerrar espacios al comercio ilícito y evitar que el crimen organizado erosione la confianza construida durante décadas por Costa Rica como socio comercial seguro y confiable.
Rodney Salazar
Presidente
Cámara de Comercio Exterior
