En las pasadas elecciones quedó en evidencia que uno de los argumentos más efectivos de la oposición fue la llamada campaña del miedo. El mensaje era claro: si el partido que representaba la continuidad obtenía una mayoría cercana a los 40 diputados, la democracia costarricense estaría en peligro.
La discusión dejó de centrarse en los problemas reales del país y pasó a girar alrededor de escenarios hipotéticos sobre supuestas amenazas institucionales. Ese discurso tuvo eco y terminó pesando en el cierre de la campaña electoral.
Sin embargo, apenas inicia el nuevo gobierno, esos mismos sectores parecen volver a la misma estrategia: aprovechar las diferencias entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial para infundir miedo y presentar cualquier cuestionamiento como una supuesta amenaza a la democracia.
Lo llamativo es que esta vez el contexto es distinto.
Cada vez más costarricenses, especialmente quienes no se identifican con ningún partido, observan los hechos y sacan sus propias conclusiones. Hoy hay más información, más herramientas para contrastar versiones y más capacidad para distinguir entre una crítica legítima y una estrategia basada en el miedo.
Por eso cuesta entender cómo se intenta presentar como una amenaza a un gobierno que ha mostrado cercanía con el sector productivo y disposición para impulsar proyectos de interés nacional junto a cámaras empresariales y distintos actores del país.
Más aún cuando uno de sus principales esfuerzos ha estado dirigido a enfrentar uno de los mayores dolores que vive Costa Rica: la inseguridad. Un problema que golpea a las familias, a los emprendedores, a las empresas y a las comunidades, y que durante años fue creciendo ante la frustración de una ciudadanía que percibía respuestas insuficientes.
Cuando los argumentos de fondo escasean, la discusión suele trasladarse a las formas. Se critica el tono, el estilo o la manera en que la Presidente expresa preocupaciones que una parte importante de la población comparte desde el gobierno anterior.
Entre esas preocupaciones está la percepción de que el Poder Judicial enfrenta serios problemas de eficiencia y que la impunidad se ha convertido en un aliado de la delincuencia. No es una idea creada por el Gobierno; es una conclusión de muchos costarricenses después de años de ver cómo la inseguridad crece mientras las respuestas llegan tarde o no llegan.
A esto se suma una oposición que con frecuencia ha decidido bloquear proyectos relevantes para el desarrollo nacional, como las jornadas 4x3, armonización eléctrica o iniciativas para aprovechar recursos estratégicos, como es el caso de Crucitas. No cuesta imaginar cuál será su posición cuando entren al debate reformas más profundas para modernizar el Estado.
La pregunta que muchos costarricenses comienzan a hacerse es sencilla: ¿se está actuando pensando en el país o en las próximas elecciones?
Quizá ahí radica el principal error de quienes siguen apostando por la narrativa del miedo. La realidad es que cada vez más costarricenses evalúa los hechos desde una perspectiva mucho más práctica.
La gente quiere resultados: seguridad, empleo, instituciones más eficientes y un Estado capaz de responder. Cuando observa que algunos grupos parecen más interesados en bloquear que en proponer, empieza a cuestionar sus verdaderas motivaciones.
La democracia se fortalece cuando se discuten los problemas reales
Lejos de debilitarse, la democracia costarricense se fortalece cuando obliga a discutir los problemas reales del país. Ahí está una de las mayores contradicciones del discurso del miedo.
Una democracia fuerte no exige que todos los poderes piensen igual. Exige que se cuestionen, se fiscalicen y, cuando corresponde, se confronten dentro del marco institucional. Pero esa confrontación debe servir para resolver los problemas del país, no para defender intereses particulares, cálculos electorales o privilegios sectoriales.
Cuando la discusión pone sobre la mesa temas como inseguridad, impunidad, lentitud institucional, modernización del Estado y reformas urgentes, la democracia no se debilita. Al contrario, se vuelve más exigente y cercana a una ciudadanía que durante años sintió que esas preocupaciones no tenían suficiente eco institucional.
La democracia no se fortalece asustando a la gente. Se fortalece cuando los costarricenses observan los hechos, forman criterio propio y exigen resultados.
La invitación es clara: dejemos de quedarnos solo en conversaciones y empecemos a exigir decisiones, reformas y acciones concretas.
En un país sobre diagnosticado, ya es hora de actuar.





































