Los datos de la Encuesta Continua de Empleo del INEC (4 de junio de 2026) exponen una realidad insoslayable: el 36,8% de la fuerza laboral costarricense se encuentra en la informalidad, una cifra que se dispara de manera alarmante a un 84,5% en el caso de los trabajadores independientes. Ante este panorama, el país cuenta con herramientas valiosas; la labor del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) a través del Registro y la Condición PYME ha sido un pilar fundamental para incentivar la formalización y ofrecer un primer respiro a quienes emprenden.
Iniciativas como la Condición PYME, sumadas a las tarifas escalonadas en el Impuesto sobre la Renta y la cuota patronal ajustada de la CCSS, demuestran la voluntad del Estado por acompañar los primeros años de operación. Sin embargo, para que este esfuerzo institucional alcance su máximo impacto, es necesario dar un paso más allá y revisar la arquitectura del modelo en su etapa posterior, evitando que el tradicional "valle de la muerte" simplemente se traslade del año tres al año seis o siete.
El verdadero desafío emerge al finalizar los periodos de gracia. Las empresas no siempre experimentan una transición gradual, sino un auténtico "efecto abismo". De la noche a la mañana, una PYME en etapa de consolidación debe asumir el 100% de las cargas sociales y tributarias plenas. Este incremento drástico en los costos operativos no siempre coincide con un salto equivalente en las ventas ni en los márgenes de ganancia, presionando tanto a proyectos emergentes como a compañías consolidadas que han logrado trascender en el tiempo.
El sistema debe evolucionar para evitar la paradoja de acompañar el nacimiento de los negocios, pero comprometer su madurez. A esto se le suma la necesidad de garantizar un entorno donde, en lugar de barreras o fiscalizaciones punitivas, prevalezca el acompañamiento institucional para proteger las unidades productivas que generan empleo formal.
Para profundizar el trabajo que ya se realiza y construir una economía más resiliente, Costa Rica debe fortalecer su política pública sobre cuatro ejes inmediatos:
* Auxilio inmediato y fondos de reestructuración industrial: Establecer mecanismos de acompañamiento y financiamiento blando para las PYMES consolidadas que han sido severamente golpeadas por las altas cargas sociales. Es urgente crear fondos de reconversión enfocados en la actualización de maquinaria, adopción de tecnología y modernización de procesos para la industria nacional.
* Rampas de transición en cargas sociales e impuestos: Complementar el gran trabajo de la Condición PYME del MEIC reemplazando la pérdida abrupta de los beneficios por esquemas de graduación progresiva vinculados a la rentabilidad real. Crecer o consolidarse no puede significar una condena al ahogo financiero.
* Instituciones aliadas del desarrollo: Consolidar una cultura de facilitación en todo el aparato estatal. Las entidades públicas deben asumir un rol de acompañamiento permanente, protección de la continuidad operativa y simplificación de trámites para las empresas familiares e industriales.
* Inclusión productiva con enfoque de género: Con una tasa de ocupación femenina de apenas el 38,8%, el talento de las mujeres sigue subutilizado. Se requieren alianzas de encadenamiento con el retail y la gran industria que garanticen compras directas a empresas lideradas por mujeres, asegurando que la formalización sea plenamente sostenible.
Costa Rica ha dado pasos en la dirección correcta, pero es momento de evolucionar nuestras herramientas para que la formalidad sea un camino seguro y continuo. Articulando un diálogo franco entre el sector público y el privado, lograremos que el valioso impulso inicial del MEIC se traduzca en empresas sólidas, competitivas y capaces de trascender por generaciones.
Francella Morera Bogantes
Directora de Junta Directiva de ASECRI | Comisión PYME de la Cámara de Comercio de Costa Rica | CEO de Corporación Rayos de Luz S.A.




































