Mario Ramos Martínez
Director General de Tributación
Ministerio de Hacienda
En relación con el artículo de opinión suscrito por el señor Carlos Camacho Sequeira, acerca del Sistema de Administración Tributaria “TRIBU-CR”, y publicado en este medio el pasado 5 de agosto, me permito corregir afirmaciones imprecisas que distorsionan la realidad de este gran componente del proyecto país Hacienda Digital.
TRIBU-CR no es, de ninguna manera, un experimento fallido ni un proyecto improvisado. Tanto es así, que el Tribunal Contencioso Administrativo nos ha dado la razón, pero principalmente, los ciudadanos responsables que se mantienen en constante comunicación con la Administración Tributaria, para hacer consultas técnicas relacionadas con los módulos de este nuevo Sistema que facilitará el cumplimiento de sus obligaciones; quienes además, se preparan con entusiasmo para su entrada en funcionamiento el próximo 6 de octubre.
Sin embargo, al parecer unos pocos, entre ellos el señor Camacho Sequeira, parecen no entenderlo, y ante la falta de comprensión, buscan detrás de un teclado y un monitor socavar el trabajo de muchas personas que con compromiso, día a día, trabajamos por el país.
No podemos permitir que con comentarios sin fundamento, como los del autor del artículo que motiva esta aclaración, se pretenda dañar la confianza de los costarricenses en nuestro trabajo y sobre todo en TRIBU-CR.
Como parte de Hacienda Digital, TRIBU-CR es un sistema robusto, desarrollado con el respaldo técnico, financiero y legal de un préstamo internacional otorgado por el Banco Mundial, aprobado mediante la Ley No.9922. Este sistema forma parte de una transformación integral del Ministerio de Hacienda, orientada a garantizar eficiencia, trazabilidad, y cumplimiento tributario.
Reducir este desarrollo informático de alta gama -que es una iniciativa nacional- a una etiqueta de “fiasco” es, además de incorrecto, irresponsable. Este tipo de calificativo, basado más en conjeturas, menoscaban el trabajo serio y comprometido del equipo técnico profesional del Ministerio de Hacienda, así como el de cientos de profesionales que han dedicado años a modernizar la administración tributaria costarricense.
Entendemos que a una persona sin conocimientos legales se le puede dificultar entender que Costa Rica se caracteriza por ser un Estado de Derecho, que permite a cualquier ciudadano a acceder a los estrados judiciales e interponer las acciones que crea convenientes a sus intereses. Fue precisamente una medida cautelar interpuesta por la diputada Johana Obando y acogida por el Tribunal Contencioso Administrativo, lo que generó el retraso en la salida de TRIBU-CR prevista para el 04 de agosto recién pasado, nunca una falla técnica o la improvisación, como erróneamente lo dice Don Carlos. Si bien, luego de darnos audiencia, la medida fue rechazada por falta de argumentos legales y técnicos, su acción nos obligó a reprogramar el cronograma de implementación del nuevo sistema, como ampliamente lo hemos informado a la población costarricense.
Aclarado lo anterior, podemos decir que los verdaderos obstáculos a este tipo de proyectos no son técnicos, sino narrativas distorsionadas como la expuesta en el artículo en cuestión. Resulta preocupante que se desacredite un sistema que busca dar lo que la ciudadanía exige: transparencia, control, eficiencia, y combate a la evasión. Señalar que su implementación “desincentiva el cumplimiento”, revela un desconocimiento de la naturaleza obligatoria de los tributos en Costa Rica. El pago de impuestos no es una elección, es una responsabilidad legal, como bien lo indica el artículo 18 de la Constitución Política.
A diferencia de lo sugerido por el opinante, la Dirección General de Tributación está preparada técnica y jurídicamente para continuar con la implementación de TRIBU-CR, y así lo hará. Los esfuerzos institucionales no se verán detenidos por interpretaciones parciales, ni por quienes se sienten incómodos ante un sistema que fortalece el control y reduce los espacios para la evasión.
TRIBU-CR ha sido bien recibido por miles de contribuyentes responsables, así como por los principales colegios profesionales vinculados con el ámbito contable y tributario. Estas reacciones, objetivas y constructivas, contrastan con intentos por desacreditar el proceso desde posiciones sin fundamento técnico o legal.
Costa Rica merece una Administración Tributaria moderna, competente y firme que fortalezca la transparencia fiscal y reduzca los espacios para la evasión y otros delitos, en eso coincidimos. Lo que no admitimos es que se desinforme a la opinión pública sobre un sistema de esta magnitud y trascendencia nacional.
Seguiremos adelante, como es nuestro deber, comprometidos con una Hacienda Pública más sólida, y con un sistema que responde a los más altos estándares de servicio, control y eficiencia fiscal.





































