La curva de Laffer aplicada a la Hacienda fiscal sostiene que si el Estado cobrara una tarifa de 0%, no recaudaría nada; pero, si cobrara 100%, tampoco recaudaría nada, porque nadie trabajaría para entregarlo todo al fisco.
En algún punto intermedio se encuentra el nivel que maximiza la recaudación. Sobre ese punto de inflexión, subir la tarifa nominal de algún impuesto; por ejemplo, el IVA, no aumenta lo recaudado: lo reduce, porque la actividad se refugia en la evasión, contrabando o, peor aún, en la informalidad.
Un error frecuente al que se ven tentados los burócratas es analizar la curva solo en función de la tarifa nominal de los tributos. En Costa Rica la “tarifa” que verdaderamente importa no es el 13% o el 1% del IVA ni el 30% o 15% del Impuesto sobre la Renta, sino el costo total de ser formal: tributos, más cargas sociales, más los costos regulatorios y administrativos que el Estado impone coercitivamente.
Cuando ese costo agregado supera lo que un pequeño negocio o un trabajador independiente pueden soportar, ellos no reducen su actividad: simplemente salen del sistema. Por eso Costa Rica está del lado equivocado de la curva. No porque nuestras tarifas sean confiscatorias (aunque en mi opinión el marchando está cerca de serlo), sino porque el costo de cruzar hacia la formalidad es prohibitivo para el empresario (pensemos en un jardinero, maestro de obras, etc.).
La moraleja de Laffer para Costa Rica es contraintuitiva pero clara: la base no se amplía socando el mecate a los formales, sino abaratando el ingreso a la formalidad para que la mayoría decida entrar por voluntad propia. Y esto no es teoría: ya ocurrió ante nuestros ojos, aunque no lo hizo el Estado, sino el Sinpe Móvil.
Según los reportes del Banco Central, cerca del 92% de la población adulta cuenta con acceso a algún tipo de cuenta de fondos o instrumento financiero en el sistema bancario formal.
Siendo que el desarrollo y adopción masiva de SINPE Móvil y la banca en línea han impulsado que la inmensa mayoría de habitantes del país transfiera dinero de forma electrónica cotidianamente.
La paradoja actual es que a pesar de que alrededor del 38% de la fuerza laboral es informal, la bancarización es muy elevada (supera el 90%). Esto se debe a que una gran cantidad de trabajadores informales posee al menos una cuenta de ahorros básica o tarjeta de débito para mover fondos mediante pagos digitales (como SINPE Móvil), aunque sus ingresos no provengan de un empleo formal ni reporten cargas sociales.
El Ministerio de Hacienda ha puesto en consulta pública una modificación que pretende obligar a todos los contribuyentes a declarar su número de celular si reciben dinero (pago) proveniente de su actividad empresarial a través del Sinpe Móvil (o cualquier mecanismo similar), siendo que si no cumplen con esa obligación, pueden ser pasibles de una multa administrativa.
Mi intuición es que esta medida alejará de la bancarización o la formalidad a una gran cantidad de personas; por supuesto, para los formales no habrá mayor inconveniente y cumplirán con esta obligación informativa, el tema es que los pequeños empresarios no vean sobrepasado el punto de inflexión de Laffer con esta clase de medidas. El tiempo y los números nos lo dirán.
Adolfo Sanabria Mercado
Asesor Fiscal
asanabriam@abogados.or.cr





































