El país contra sí mismo

De una u otra forma, quienes habitamos este país —por activa o por pasiva— entendemos que estamos ligados a esta tierra.

No importa si somos costarricenses, extranjeros o marcianos. Vivir en sociedad supone pertenecer a un lugar, compartir un espacio y convivir conforme a ciertas costumbres, reglas y maneras comunes de vivir, trabajar, comer, discutir y amar.

Hablamos, desde luego, de valores, educación, ética y, especialmente, sentido común. Convivimos para estar bien; mejor cada día, si se quiere. Para alcanzar nuestras metas, criar a nuestros hijos, trabajar, prosperar o simplemente vivir en paz. No para permanecer enemistados, enfrentados, llenos de rencor o divididos.

Quizás —solo quizás— no corresponda al Estado producir artificialmente la unión de un pueblo. Pero de algo sí estoy convencido: tampoco le corresponde propiciar su división de manera brutal e irreconciliable.

Para eso no se gobierna.

Ningún proyecto político debería encontrar utilidad en enfrentar a un país, una provincia, un cantón o siquiera una comunidad. Cuando la división se convierte en instrumento de poder, aparece un cálculo profundamente peligroso: descubrir que enfrentar a unos contra otros puede producir réditos políticos inmediatos.

El problema es que esos réditos suelen ser diminutos frente al daño que permanece.

Un gobierno pasa. Una campaña termina. Una elección se olvida. Pero las fracturas que se introducen entre familias, amigos, compañeros de trabajo, vecinos y comunidades pueden permanecer durante años e incluso generaciones. Y, una vez liberadas, pocas veces esas fuerzas pueden ser controladas por quienes originalmente decidieron alimentarlas.

Una agrupación política —sea un partido tradicional, uno nuevo o cualquier otra forma de organización— existe para representar ideas, aspiraciones y propuestas que una parte de la sociedad considera importantes, relevantes o útiles. Lo que resulta mucho más peligroso es cuando desde el poder se pretende convencer a una parte de la ciudadanía de que ella representa a los correctos y que, frente a ella, existe otra formada por los equivocados, los malos o los peligrosos.

Como si convivieran dentro de un mismo país dos o más maneras irreconciliables de pensar y de vivir.

Robert A. Dahl, uno de los grandes teóricos contemporáneos de la democracia, advirtió precisamente sobre el peligro de que una sociedad termine polarizada en grupos profundamente antagónicos. La democracia supone diferencias, competencia y desacuerdo; pero también exige que quienes discrepan puedan seguir reconociéndose como integrantes legítimos de una misma comunidad política. El problema comienza cuando el adversario deja de ser simplemente alguien que piensa distinto y empieza a ser presentado como alguien de quien debemos defendernos.

Pero la realidad cotidiana demuestra algo muy distinto.

Quien piensa políticamente diferente no es un extraño. Probablemente sea nuestro vecino, un antiguo compañero de escuela o colegio, alguien con quien trabajamos, el funcionario que nos atiende, el empleado de la tienda que frecuentamos o la persona que se sienta junto a nosotros en un restaurante o un autobús.

Y, muchas veces, es alguien de nuestra propia familia.

Por eso resulta peligroso generalizar sobre quien pertenece a determinado partido, movimiento o corriente política. Convertir una preferencia electoral en una categoría moral supone dar un paso más allá de la discrepancia democrática: significa comenzar a clasificar a los integrantes de una misma sociedad entre buenos y malos, legítimos e ilegítimos, leales y traidores, confiables y sospechosos.

Ese camino pocas veces termina bien.

La historia está llena de sociedades que comenzaron normalizando la descalificación del adversario y terminaron descubriendo, demasiado tarde, que habían convertido al vecino en enemigo. Guerras, conflictos civiles y profundas fracturas sociales han encontrado terreno fértil precisamente allí donde la política dejó de administrar diferencias y comenzó a explotarlas.

Y quienes promueven esas divisiones rara vez terminan pagando su verdadero costo.

Lo pagan las familias. Los amigos. Los compañeros de trabajo. Las comunidades.

Lo paga, finalmente, la sociedad entera.

Porque gobernar implica inevitablemente escoger, decidir y discrepar. Pero gobernar no debería significar dividir. Y mucho menos enseñar a un pueblo a desconfiar de sí mismo.

Abraham Lincoln lo advirtió hace más de siglo y medio: «Una casa dividida contra sí misma no puede mantenerse en pie».

Tal vez convenga recordarlo antes de descubrir cuánto puede costarnos reconstruirla.