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La transformación digital de la economía ha llevado a las administraciones tributarias a replantear sus mecanismos de control y fiscalización, y Costa Rica no es la excepción. El proyecto de reforma a la Resolución N° MH-DGT-RES-0048-2025, publicado por la Dirección General de Tributación para consulta pública el pasado 16 de setiembre de 2026, busca adaptar estos mecanismos al creciente uso de intermediarios de pago, pasarelas electrónicas y otras plataformas digitales.
Uno de los principales cambios consiste en modificar la periodicidad del reporte de las retenciones practicadas en operaciones con tarjetas de crédito y débito. Actualmente la declaración informativa se presenta mensualmente, la propuesta establece que la información deberá reportarse, a más tardar, el segundo día hábil siguiente a la fecha en que se practicó la retención.
Según la exposición de motivos, el objetivo es mejorar la coordinación entre la información reportada por los adquirentes y los intermediarios, de manera que la Administración Tributaria disponga de datos más oportunos y consistentes. Esto facilitaría las labores de fiscalización, permitiría detectar diferencias con mayor rapidez y reduciría la necesidad de rectificaciones posteriores.
La propuesta también busca fortalecer la trazabilidad de las retenciones, para ello, establece que los montos reportados por los intermediarios no podrán superar los informados previamente por los adquirentes a favor de estos. En caso de existir diferencias, la Administración Tributaria podría suspender la distribución de las retenciones hasta que se corrijan las inconsistencias.
Este punto merece especial atención, ya que las diferencias entre los registros de los distintos participantes podrían tener consecuencias operativas para las empresas involucradas. Por ello, será importante revisar los procesos de conciliación de datos y los controles internos para identificar y resolver cualquier discrepancia dentro de los plazos establecidos.
El proyecto también amplía la definición de intermediario para incluir expresamente a las pasarelas de pago, los monederos electrónicos, las tiqueteras y otras figuras similares que intervienen en pagos electrónicos sin tener la condición de adquirentes. De aprobarse la propuesta, estos sujetos deberán registrarse ante la Administración Tributaria, y además permite que dicho registro se realice de oficio cuando corresponda.
Ahora bien, la implementación de estos cambios requerirá ajustes en los sistemas y procesos de los sujetos obligados. Por esta razón, el proyecto contempla un plazo transitorio de tres meses para realizar las adecuaciones tecnológicas necesarias, durante el cual se mantendría la presentación mensual vigente.
Para los intermediarios y demás sujetos involucrados, el reto será adaptar sus procesos sin afectar la continuidad de sus operaciones, para la Administración Tributaria. Por su parte, será importante que los mecanismos de recepción, validación y distribución de la información funcionen de manera eficiente y permitan resolver las inconsistencias que puedan surgir.
El período de consulta pública del proyecto finalizó el pasado 30 de setiembre de 2026, por lo que corresponde ahora esperar la valoración de las observaciones recibidas y la eventual publicación de la versión definitiva de la resolución. Les recordamos que, en Grant Thornton Costa Rica, estamos a su disposición para acompañarlos en el análisis de los alcances de esta propuesta, la identificación de posibles impactos en sus operaciones y la preparación de los ajustes que puedan ser necesarios ante su eventual entrada en vigor.
