Randall Arauz
Centro Rescate de Especies Marinas de Costa Rica (CREMA)
Marine Watch International
rarauz@marinewatch.org
Wálter Brenes
Abogado Litigante y experto en Derecho Ambiental
wbrenes@elawf.com
Hemos leído el foro del pasado 3 de noviembre, publicado por Helven Naranjo Madrigal, titulado “ Conservar no es prohibir por defecto: ciencia y manejo en el debate sobre tiburones de la Isla del Coco”, manifestamos nuestra conformidad con su afirmación de que la ciencia “debería servir para determinar qué medida es necesaria, sobre qué especie, dónde, durante cuánto tiempo y con qué intensidad” se debe pescar.
Sin embargo, Costa Rica ha mostrado una y otra vez que la gestión de los recursos pesqueros se realiza de manera antojadiza, al margen de nuestras leyes de conservación de vida silvestre (artículo 14c y 75), de biodiversidad (artículo 11.2, 13) y pesquera (artículo 140), así como contra toda ciencia conocida, con el único fin de perpetuar la sobrepesca y extinción de los tiburones, considerada una política extractiva que debe ser combatida con gestiones prohibitivas.
Para muestra, la Isla del Coco. Todos celebramos la expansión del Parque Nacional Isla del Coco en enero del 2022, de 10,000 km2 a 54,000 km2, sin duda un éxito para la conservación ambiental, pues por ser Parque Nacional, no se permiten actividades extractivas dentro de esa área. Así, se protegieron varios montes submarinos de la Cordillera Volcánica Submarina de Cocos (CVSC), un accidente geográfico que conecta la Isla del Coco con el Archipiélago de Galápagos, y que sirve de ruta migratoria para los tiburones martillo, especie en peligro crítico de extinción, acuñada con la Migravía Coco-Galápagos. Esto sin duda fue un gran logro que merece celebración.
Lamentablemente, no ha sucedido lo mismo con el circundante Área Marina de Manejo del Bicentenario (AMMB), un rectángulo que abarca poco más de 104,000 km2, creado con la intención de proteger el resto de los montes submarinos de la CVSC hasta la frontera marítima con Ecuador, brindando protección a los tiburones martillo y a otra plétora de especies marinas amenazadas altamente migratorias, a lo largo de toda la Migravía.
El decreto ejecutivo de creación le había otorgado un plazo de dos años para elaborar e implementar un Plan de Manejo. Actualmente, han pasado casi cinco años, y aún no se implementa ese Plan de Manejo. La protección de la Migravía en el AMMB está incompleta, abierta a las operaciones pesqueras, perpetuando la captura de especies en peligro de extinción. Así las cosas, el Estado de Costa Rica celebra que se haya alcanzado la protección del 30% de su Zona Económica Exclusiva (ZEE), pero ante la falta del Plan de Gestión Pesquera, se continúan extrayendo especies amenazadas de tiburón en hábitat críticos. Todos “ganan”, los políticos y los pescadores de tiburón, excepto los tiburones.
Ciertamente, hace falta información científica, pero Costa Rica oficialmente no ha hecho ni lo mínimo para obtenerla. A tal punto, el Gobierno de los EEUU identificó a Costa Rica por pesca Ilegal, sin regular, y sin documentar, al no tener un programa independiente de observadores a bordo, la única manera de obtener información confiable sobre capturas y descartes, lo cual evidencia la falta de intención para proteger a los tiburones. Costa Rica está prometiendo desde el 2010 que implementará uno, pero hasta la fecha, no ha existido un programa de observadores.
Luego de nuestro recurso ante la Sala Constitucional por incumplimiento, el Estado costarricense publicó el Plan de Manejo del AMMB en octubre del año pasado, mismo que no se puede implementar por falta de un Plan de Gestión Pesquera (PGP) complementario. El Plan de Manejo sí incluye una Zonificación donde se asegura que se permitirá ampliamente la pesca de palangre en todo el AMMB, a excepción de las aguas en un radio de 2 millas alrededor de los montes submarinos de la CSVC.
Para la creación del Parque Nacional Revillagigedo de México, el criterio utilizado fue de 40 millas de protección absoluta alrededor de los montes submarinos. Para colmo, el Plan de Manejo de nuestro país aclara que la prohibición de pescar en un radio de 2 millas alrededor de los montes submarinos, solo se aplica en aguas más profundas de los 500 m… ¡donde de todos modos nadie pesca!
Mejor hubieran prohibido pescar en la Luna y lo declaran una victoria. La Sala Constitucional les otorgó un año, cumplido este octubre pasado, para publicar el PGP e implementar con ello el Plan de Manejo. Nuevamente, Costa Rica le falla a los tiburones.
Sin duda, la prohibición pretendida responde a la ausencia de buenas intenciones, debiendo invocarse el Principio Precautorio. No estamos en contra de la realización de actividades extractivas en las aguas del AMMB, pero la misma debe estar sujeta a regulaciones con base científica para asegurar su sostenibilidad, lo cual no existe y por ende, deben momentáneamente prohibirse. En tanto no exista PGP, es necesario detener toda actividad pesquera, hasta que existan reglas claras con base científica que establezcan su sostenibilidad y con información de respaldo.
El Sr. Naranjo, por sí mismo, se ha autoproclamado como miembro del Consejo de Representantes de Autoridades Científicas CITES (CRAC-CITES) pero no lo es. El CRAC-CITES está constituido al amparo del Reglamento de la LCVS bajo la rectoría del MINAE. El Sr. Naranjo es en realidad miembro del Consejo Científico Técnico para Especies de Interés Pesquero y Acuícola CITES amparado al INCOPESCA, situación analizada como irregular por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Esa es la razón por la cual la propuesta del Sr. Naranjo es la aplicación del Principio Precautorio, pero al revés, contradictoriamente que se siga pescando en el AMMB hasta exista la ciencia que asegure que la extracción de las especies marinas amenazadas se puede realizar de manera sostenible, asegurando la continuidad del proceso de sobrepesca y extinción, debiendo entonces considerarse nuestra posición acerca de la prohibición absoluta en la AMMB.





































