¿Y si estuviéramos discutiendo mal la corrupción?

Cristian Valverde C.
Ingeniero Civil | Gestión de proyectos de infraestructura pública
chrisvalco@gmail.com

En Costa Rica hablamos constantemente de corrupción, se denuncian actuaciones, se defienden instituciones, se cuestionan controles y se anuncian cambios. Sin embargo, en esta discusión es necesario resaltar algo: a veces parece más importante demostrar quién tiene autoridad moral para combatirla que preguntarnos por qué sigue encontrando espacios para reproducirse.

El debate suele encerrarnos en posiciones aparentemente incompatibles. Por un lado, cuestionar una decisión puede interpretarse como un ataque a la institucionalidad; por otro, el señalar los costos de la burocracia, se percibe como una invitación a eliminar controles. Incluso discrepar políticamente puede bastar para poner en duda las intenciones de quien plantea una crítica.

Pero la honestidad no pertenece a ninguna corriente política. La transparencia y la rendición de cuentas deberían exigirse con el mismo rigor, independientemente de quién ejerza el poder o de nuestras afinidades.

Además de investigar los hechos y determinar responsabilidades, deberíamos investigar también ¿qué condiciones permiten que la corrupción ocurra y, en algunos casos, se repita?

Cuando un problema aparece una y otra vez, sustituir responsables o agregar procedimientos puede ser necesario, pero no siempre suficiente. También hay que revisar cómo funciona el sistema: quién toma las decisiones, qué información está disponible, cómo se distribuyen las responsabilidades y cuáles incentivos intervienen.

La corrupción no aparece en el vacío. La concentración de poder, la discrecionalidad injustificada, la falta de transparencia y las responsabilidades poco claras pueden facilitar conductas indebidas. Esto no exime a nadie de responder por sus actos. La responsabilidad individual es irrenunciable, pero sancionar una conducta no necesariamente corrige las condiciones que la favorecieron.

Así, la corrupción puede ser causa y, al mismo tiempo, consecuencia del deterioro institucional. Comprender esa relación es importante para no concentrarnos únicamente en sus manifestaciones.

La OCDE, en sus Perspectivas de anticorrupción e integridad 2026, advierte sobre las limitaciones de los enfoques basados exclusivamente en el cumplimiento de normas y plantea la necesidad de orientar los esfuerzos hacia los riesgos y los resultados.

Esto nos invita a superar otra falsa elección: ¿más controles o menos controles?

Los controles independientes son esenciales para limitar el abuso de poder y proteger los recursos públicos, pero los procedimientos innecesariamente complejos también tienen costos: consumen tiempo, recursos y oportunidades de las personas. No deberíamos defender un trámite solo porque existe, ni eliminarlo únicamente porque resulta incómodo. Deberíamos examinar qué riesgo atiende y si realmente cumple su propósito.

Hay otra distinción igualmente importante: el interés institucional no siempre coincide con el interés público. El artículo 113 de la Ley General de la Administración Pública establece que, cuando ambos puedan entrar en conflicto, prevalece el interés público sobre el interés de la Administración.

Esta disposición nos recuerda algo esencial: las instituciones no existen para protegerse a sí mismas, sino para cumplir fines públicos dentro de la legalidad. Defenderlas no significa considerar incuestionables sus decisiones. Por el contrario, una institucionalidad sólida debe permitir el escrutinio, reconocer errores y rendir cuentas.

Tampoco debemos confundir la fortaleza del Estado con la concentración de poder. Una autoridad sujeta a límites claros, controles efectivos y responsabilidades definidas puede servir mejor a las personas que una con amplias facultades y escasa supervisión.

Por eso, transformar el sistema exige algo más que promesas de honestidad. Exige decisiones transparentes, controles proporcionales al riesgo, responsabilidades identificables y resultados que puedan evaluarse. También exige preguntarnos cuánto le cuesta al ciudadano relacionarse con el Estado y si cada procedimiento aporta valor o simplemente añade obstáculos.

No pretendo reducir la corrupción a una sola causa. Existen decisiones individuales, intereses y circunstancias que deben examinarse en cada caso. Lo que propongo es ampliar nuestra mirada: investigar y sancionar, por supuesto, pero también corregir las condiciones institucionales que facilitan los abusos.

Costa Rica necesita instituciones que funcionen no solo cuando gobiernan personas en quienes confiamos, sino también cuando quienes ejercen el poder piensan distinto de nosotros. Esa es precisamente la importancia de las reglas, los límites y la rendición de cuentas.

Tal vez sea momento de dejar de preguntarnos únicamente quién está combatiendo la corrupción y comenzar a preguntarnos qué estamos transformando para que existan menos oportunidades de cometerla.