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Priscilla Guzmán
Consultora Legal de Grant Thornton
Priscilla.guzman@cr.gt.com
La entrada en vigor de la Ley de Gobernanza de los Servicios Digitales y el Comercio Electrónico (Ley N.° 10946) reforzará el marco regulatorio aplicable al comercio electrónico en Costa Rica. La transformación digital ya no es únicamente una estrategia de crecimiento empresarial; ahora también exige que las empresas revisen la forma en que comercializan bienes y servicios a través de medios digitales. Si bien el ordenamiento jurídico costarricense ya contemplaba principios y obligaciones orientados a la protección de los consumidores, esta ley establece un marco regulatorio específico para el entorno digital, precisando los deberes que deberán observar quienes ofrecen productos y servicios mediante plataformas electrónicas.
Muchas empresas que operan plataformas digitales, tiendas en línea o páginas web consideran que cumplir con la normativa consiste únicamente en contar con términos y condiciones o una política de privacidad. Sin embargo, la entrada en vigor de esta ley exige una revisión integral de los procesos de comercio electrónico. Desde el primer contacto con el consumidor hasta la confirmación de una compra, las empresas deberán garantizar transparencia, información clara, seguridad en los pagos, protección de datos personales y procesos de contratación verificables. Más que introducir principios completamente nuevos, la normativa traslada al entorno digital estándares que ya formaban parte del régimen de protección al consumidor y los desarrolla mediante obligaciones concretas para quienes comercializan por Internet.
Además, la ley incorpora disposiciones específicas para quienes comercializan mediante páginas web, aplicaciones móviles, redes sociales, marketplace e incluso plataformas digitales de intermediación. Con ello, se establecen parámetros más claros sobre la forma en que debe desarrollarse la relación entre comerciantes y consumidores dentro del comercio electrónico, brindando mayor seguridad jurídica tanto para las empresas como para los usuarios.
¿Qué deberán revisar las empresas? Entre las principales obligaciones que contempla la normativa se encuentran la publicación clara de la identidad del comerciante y sus datos de contacto, la actualización de los términos y condiciones de uso, la incorporación del precio final de los productos o servicios con todos los costos asociados, la eliminación de prácticas conocidas como "patrones oscuros", como casillas previamente seleccionadas, o procesos de cancelación innecesariamente complejos, la implementación de mecanismos eficaces para la atención de reclamaciones, la garantía de la seguridad de los sistemas de pago y de la protección de los datos personales, la obtención de un consentimiento informado y verificable antes de perfeccionar una contratación electrónica y la adecuación de la publicidad digital para evitar información engañosa o poco transparente.
¿Cómo prepararse durante este período de transición? La recomendación es iniciar un proceso de revisión y adecuación que contemple la actualización de los términos y condiciones, las políticas de privacidad y los contratos electrónicos; la evaluación del proceso completo de compra para verificar su cumplimiento con las nuevas disposiciones; el análisis de las campañas de publicidad digital y de los mecanismos de obtención del consentimiento; la capacitación del personal encargado de ventas, mercadeo y atención al cliente; y la implementación de un plan de cumplimiento antes de la entrada en vigor de la ley.
En este contexto, resulta fundamental que las empresas, comerciantes y emprendedores aprovechen el período de transición previsto por la normativa para verificar si sus tiendas virtuales, páginas web o plataformas digitales cumplen con las obligaciones que ahora se regulan expresamente para el comercio electrónico. Este ejercicio permitirá identificar eventuales incumplimientos, ajustar procedimientos internos y reducir riesgos antes de que la ley entre en vigencia.
Asimismo, cuando existan dudas sobre el alcance de las nuevas disposiciones o sobre la forma adecuada de adaptar el modelo de negocio a este marco regulatorio, resulta recomendable contar con asesoría jurídica especializada. Una asesoría jurídica preventiva permitirá implementar las medidas necesarias con seguridad, fortalecer el cumplimiento normativo y reducir el riesgo de futuras contingencias legales.
