Francisco Ovares Moscoa
Presidente
Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica
consultoria.tecnica@ccpa.or.cr
La colegiatura profesional constituye el proceso mediante el cual un profesional se incorpora a la organización que representa y regula el ejercicio de su profesión. Su importancia radica en fortalecer la calidad técnica de los servicios profesionales, promover el cumplimiento de principios éticos y deontológicos, y proteger a las personas, empresas e instituciones que depositan su confianza en profesionales debidamente colegiados.
En el caso del Contador Público Autorizado, esta responsabilidad adquiere una dimensión aún mayor. La Ley 1038 reconoce que los documentos que emite tienen el valor de documentos públicos, por lo que gozan de presunción de autenticidad, validez y fuerza probatoria. Esta facultad, conferida por el Estado mediante la fe pública, convierte las certificaciones, auditorías y demás informes emitidos por estos profesionales en instrumentos que brindan certeza jurídica, fortalecen la transparencia, promueven la rendición de cuentas y generan confianza en la información financiera.
Por ello, cuando una persona o una empresa contrata los servicios de un Contador Público Autorizado, no solo pone en sus manos su información financiera, sino también decisiones que pueden incidir en su patrimonio, su estabilidad y su reputación. La confianza depositada en este profesional se sustenta en un sistema que exige formación especializada, actualización permanente, el cumplimiento de normas éticas y el ejercicio responsable de una función de interés público.
Pensemos en una situación cotidiana: certificar ingresos, demostrar la situación financiera de una empresa o persona física, ante entidad bancaria, una institución pública o un potencial inversionista. En todos estos casos, no basta con elegir a un profesional; es fundamental contar con un Contador Público Autorizado cuya actuación esté respaldada por la fe pública y por un colegio profesional que vela por la calidad, la ética y la responsabilidad en el ejercicio de la profesión.
La colegiatura brinda una garantía adicional a la ciudadanía. Si una persona física o jurídica considera que la actuación del Contador Público Autorizado ha incumplido sus deberes éticos o profesionales, puede acudir al Colegio de Contadores Públicos para presentar la denuncia correspondiente. Como ente regulador de la profesión, el Colegio cuenta con los mecanismos para conocer, investigar y, de ser procedente, aplicar las medidas disciplinarias establecidas por la normativa, fortaleciendo así la confianza pública y la protección de quienes utilizan los servicios de estos profesionales.
Eliminar la colegiatura obligatoria y sustituirla por un registro de profesionales implicaría reducir el control sobre el ejercicio de la profesión. Un registro puede acreditar que una persona posee un título académico, pero no garantiza su idoneidad para ejercer, su actualización profesional, el cumplimiento de principios éticos ni la existencia de mecanismos efectivos de supervisión y rendición de cuentas.
Además, limitar la fiscalización únicamente a quienes decidan permanecer colegiados generaría un tratamiento desigual entre profesionales que ejercen la misma actividad. Mientras unos estarían sujetos a normas técnicas, controles éticos y procedimientos disciplinarios, otros podrían prestar los mismos servicios sin someterse a ese régimen de supervisión y sin el respaldo institucional del Colegio de Contadores Públicos. Esta situación debilitaría la protección de los usuarios de los servicios profesionales, afectaría la seguridad jurídica y erosionaría la confianza pública en una profesión cuyo ejercicio implica el otorgamiento de fe pública.
Además, ¿qué mecanismo protegería a los usuarios y terceros? ¿Quién ejercería la fiscalización de los profesionales no colegiados?
Por eso, desde el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica creemos que hablar de eliminar la colegiatura obligatoria no puede reducirse a una discusión sobre cuánto cuesta pertenecer a un colegio profesional.
Nuestra oposición al Proyecto de Ley N.°25.747 se aleja de querer conservar un privilegio gremial o estar en contra de la libre competencia. El Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica se ha caracterizado por ser una institución que mantiene un firme compromiso con la modernización, la innovación y la promoción de un entorno que favorezca la competencia de los contadores públicos autorizados en nuestro país y a nivel internacional, siempre en armonía con la protección del interés público.
Quienes ejercemos la Contaduría Pública sabemos que detrás de cada firma hay una responsabilidad.
Nadie debería preguntarse después: ¿quién vigilaba al profesional?, ¿quién verificaba su actualización o ante quién debía responder?
Nuestra responsabilidad como Colegio es procurar que quienes ejercen la Contaduría Pública cuenten con las competencias técnicas y éticas necesarias para asumir las responsabilidades que la profesión demanda.
Lo hacemos por nuestros colegiados y por las personas que todos los días ponen sus decisiones en manos de un profesional en contaduría pública.




































