Mis proyecciones indican que, en 2050, Costa Rica tendrá una demanda de 43.400 gigavatios hora (GWh) en el escenario alto, que supone un crecimiento anual sostenido de 4,8 % y se modela con una función exponencial que predice cifras para cada año desde el 2027 al 2050. En el escenario medio, con un crecimiento sostenido de 4 %, la función exponencial ajustada predice una demanda de 34.700 GWh; y en el más conservador, con 3,2 %, la demanda sería de 29.977 GWh.
La probabilidad de que el crecimiento supere el 5 % es pequeña. No veo en el próximo cuarto de siglo un auge industrial que, sumado a otros consumos, nos lleve por encima de mi proyección superior, salvo quizá en periodos cortos. Tampoco veo una desaceleración tan marcada como para quedar por debajo del escenario más conservador, con la misma salvedad. Por lo tanto, con bastante certeza, la demanda se ubicará dentro de la franja de mis proyecciones.
Para atender esa demanda deberemos construir nuevos proyectos de generación eléctrica y considerar, para cada uno, su factor de planta, la eficiencia, la tecnología, las pérdidas por transmisión y otros factores. El objetivo es que la energía neta producida por la capacidad instalada total del país satisfaga la demanda del sistema en todo momento, todos los días del año y al menor costo posible.
Desafortunadamente, todo esto suena a otro idioma para la gran mayoría de la población. Funciones exponenciales, gigavatios, proyecciones, factores de planta, pérdidas, eficiencia y capacidad instalada son temas que quedan en manos de quienes se formaron en ingeniería o ciencias, una minoría en el país. Pero de energía no se puede hablar de otra manera porque es un tema estrictamente técnico, que no es para todo público. Como decimos coloquialmente en nuestro terruño, no es comida de trompudo. Por eso, no creo que sea materia de un referéndum.
El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), en sus tiempos dorados, hizo hazañas de clase mundial. Construyó los proyectos hidroeléctricos que hoy suplen la mayor parte de la electricidad que demanda el país y llevó la electricidad al 98 % del territorio nacional. Me cuesta pensar en una comunidad, por lejana que esté, que no tenga electricidad en sus casas y luminarias en sus calles. Un aplauso de pie para la institución y para los hombres y mujeres que, con esfuerzos casi sobrehumanos y bríos inmensos, lograron esas hazañas durante décadas. Quiero hacer una mención especial de los hombres que conocí y que trabajaron en los túneles de varios proyectos que visité durante su construcción. Qué valor se requiere para trabajar en esas condiciones, a cientos de metros bajo tierra y con riesgos indecibles. Tuve el honor de estrechar la mano de algunos de ellos en los frentes de excavación.
Pero eso ya no es suficiente.
Los méritos del ICE del siglo XX no bastan para garantizar la energía que el país requerirá en el siglo XXI; no podemos vivir de las glorias pasadas. Los hábitos de consumo, el tipo y la cantidad de industrias, la movilidad de personas y mercancías y el tamaño de nuestra economía han cambiado y seguirán cambiando. El país es muy diferente al de 1970, y la demanda de energía del próximo cuarto de siglo será muchas veces la de la década de los noventa. El ICE solo ya no alcanza y, por múltiples razones, tampoco puede, porque entre muchas otras, sus finanzas no son suficientes para lo que hay que construir y su eficiencia en construcción no se parece, ni lejanamente, a la de su época de oro.
Para cubrir esa demanda será necesario que en 2050 tengamos una capacidad instalada de 8.500 megavatios (MW) para el escenario medio, considerando una composición no mayor al 25% de proyectos de energía renovable que tienen factor de planta muy bajo. Hoy esa capacidad es de 3.630 MW, más algunos proyectos solares y eólicos que se sumarán en los próximos meses.
Esto significa que, de aquí a 2050, tendremos que agregar cerca de 5.000 MW de capacidad instalada, es decir, más de lo que construimos en los últimos 100 años. Es una tarea monumental, no solo en obras civiles, sino también en inversión de capital.
Entendámoslo bien: en 25 años habrá que construir más de lo que construimos en un siglo.
En la matriz eléctrica actual, el ICE produce el 70 % de la electricidad y otros productores generan el 30 % restante. Los productores privados no pueden producir más porque están en el tope que permiten las leyes vigentes. Para cubrir la demanda en ciertos momentos y bajo ciertas circunstancias, el país debe generar energía con centrales térmicas, grandes motores de combustión que funcionan con diésel o búnker, una de las formas más caras de producir electricidad en cualquier parte del mundo. Además, en ciertos momentos importamos energía producida en la región centroamericana a través del Mercado Eléctrico Regional (MER), que transporta electricidad por líneas de transmisión que enlazan a todos los países, desde Guatemala hasta Panamá.
Con el marco legal vigente, los productores privados de energía no pueden vender a los consumidores de manera directa. Deben venderla al ICE, a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) o a las cooperativas productoras y distribuidoras. En esos contratos, los productores venden la energía a un precio regulado por kilovatio hora (kWh), y el ICE y los distribuidores la revenden a un precio muy superior al consumidor final, sin que productores ni consumidores podamos hacer nada frente a esa intermediación.
Históricamente, los precios de compra de energía a los productores privados, aprobados por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), han estado entre 8 y 10 centavos de dólar por kWh; sin embargo, el ICE y los distribuidores nos venden esa misma energía a cerca de 20 centavos. Ciertamente tienen costos de transmisión, distribución, administración y otros, pero entre 10 y 20 centavos por kWh hay una diferencia considerable.
Hay que enmendar muchas cosas en nuestro sistema. Es primordial romper el tope de 30 % para los generadores privados, de modo que produzcan mucho más y que sobre incluso para exportar. Hay que permitirles vender de manera directa, sin intermediarios, a los grandes consumidores, para que el costo de la energía de estos disminuya. Esos grandes consumidores dan miles de puestos de trabajo a nuestros profesionales, aumentan nuestras exportaciones y generan encadenamientos con empresas más pequeñas, proveedoras de cientos de productos, que también crean empleos. Todos contribuyen a la seguridad social, aportan al sistema de pensiones y pagan sus impuestos.
Con energía a precios razonables y estable durante todo el año, abrimos más oportunidades para que lleguen más empresas al país, y con eso todos ganamos. Pero para lograrlo tenemos que abrir el mercado eléctrico y permitir que los inversionistas vendan su energía libremente.
Abrir el mercado y la producción, sin embargo, requiere un marco legal robusto y coherente con las entidades y las leyes necesarias para que ambos procesos fluyan, y con ellos el país y sus habitantes. El proyecto de ley 23.414, conocido como Armonización y recién archivado, tenía grandes debilidades, algunas de las cuales señalé en mis columnas y videos en redes sociales, pero era un paso en la dirección correcta.
Espero que se redacte un nuevo proyecto en su lugar y que en él se corrijan esas falencias, pero también espero una discusión de alto nivel técnico, porque para opinar sobre energía hay que saber de energía. El planeamiento y la operación de nuestro Sistema Eléctrico Nacional (SEN) deberían estar totalmente despolitizados y sin dogmatismos porque está en juego el futuro de nuestra energía y, con ella, el de nuestra economía y el de los empleos de calidad para las próximas generaciones. Planear, construir y operar el SEN no es un juego de niños ni de inexpertos, ni menos debe ser un botín político.
El ICE seguirá siendo hegemónico por mucho tiempo, pues es el principal agente del SEN, el mayor productor de energía con amplio margen y el propietario de la red de transmisión del país. Sus proyectos, individualmente, son los más grandes del país y figuran entre los más grandes de la región.
Sin embargo, la capacidad de endeudamiento del ICE para financiar nuevos proyectos está cerca del tope que le permite la ley, lo que limita peligrosamente el abastecimiento de energía del país en las próximas décadas. A ello se suma que una proporción muy alta de la energía de sus proyectos proviene de hidroeléctricas, que tienen un bajo factor de planta y están expuestas a los riesgos asociados al cambio climático. En un año como este, con el fenómeno de El Niño golpeando la región, la producción de las centrales hidroeléctricas está severamente amenazada. Por eso preveo racionamientos —un eufemismo para los apagones programados— en 2027, pues tampoco podremos abastecernos del MER pues toda la región sufre el mismo fenómeno y los demás países también estarán en crisis.
Para garantizar nuestra energía y mantener el país operando y produciendo, es imperativo y estratégico que los inversionistas privados puedan invertir en proyectos de todo tipo de energía disponible, desde la incineración de basura hasta centrales nucleares, pasando por hidroeléctricas, geotermia, solar, eólica offshore, eólica onshore, mareomotriz, bagazo y gas natural. Este fue uno de los errores del proyecto 23.414, cuyo articulado prohibía a los productores privados generar ciertos tipos de energía, error que debe enmendarse en cualquier proyecto de ley futuro. Invertir en transmisión y en almacenamiento de energía ni siquiera estaba mencionado en el fallido proyecto, áreas en que también es necesaria la inversión.
Los inversionistas privados necesitan un marco legal transparente y robusto y un mercado abierto, con competencia sin distorsiones. Sin esas condiciones no habrá un ambiente sano para invertir, lo que se traduce en menos proyectos de energía, de menor envergadura y, por lo tanto, en un riesgo inminente para nuestro SEN y nuestra economía.
Migrar a lo que se conoce internacionalmente como un sistema de operador independiente (ISO, por sus siglas en inglés: Independent System Operator) es absolutamente necesario. Para un inversionista no es seguro invertir en un mercado donde el mayor agente decide a quién y cuándo se le compra energía. Es todavía peor cuando ese agente, el más grande del mercado, es propietario de la red de transmisión, es productor y distribuidor al mismo tiempo y, además, opera el sistema a través de la Dirección de Operación y Control del Sistema Eléctrico (DOCSE), como ocurre hoy con el ICE.
Un nuevo proyecto de ley debe permitir que el ICE siga construyendo proyectos energéticos hasta donde sus condiciones se lo permitan, pero también que el sector privado construya proyectos en todo tipo de energías, sin limitaciones, todo bajo la planificación de un Ministerio de Energía que sea el ente rector y planificador, con el ISO bajo su jerarquía y no bajo la estructura de uno de los agentes.
Es común que la mayoría de las personas, aun con nivel técnico alto, confundan al ICE con el SEN. El ICE es un agente del SEN, ciertamente el mayor, pero no es el SEN. Por la forma en que opera hoy el sistema, es fácil caer en ese error. El nuevo proyecto de ley que sustituya al recién archivado 23.414 debe zanjar de manera contundente y diáfana esa diferencia, empezando por eliminar la DOCSE y migrar a un sistema ISO que dé total transparencia a la operación y al mercado eléctrico del país.
Las nostalgias y las glorias pasadas son solo eso; no nos garantizan seguridad energética. Seguir atados a una institución que fue pilar fundamental de nuestro desarrollo no es estratégico si ya no puede garantizar la satisfacción plena y segura de la demanda energética de las próximas décadas. Construir cerca de 5.000 MW en los próximos 25 años está fuera de las posibilidades del ICE por sí solo.
Es momento de tomar decisiones que definirán el rumbo del país que queremos, y deben tomarlas personas que conozcan a fondo el tema. No son momentos para juegos políticos ni luchas de egos. El futuro energético, con todas sus consecuencias, está en vilo.
Eugenio G. Araya
Físico
Miembro de la American Nuclear Society
TEDx Speaker




































