La ilusión del Estado eficiente

En el debate público costarricense se ha vuelto costumbre diagnosticar cada problema del país como un simple déficit de recursos o un fallo pasajero de gestión. Cuando las carreteras se deterioran, la respuesta política es crear un nuevo fondo o un consejo adscrito; cuando la educación tambalea, se exige elevar el porcentaje del PIB destinado al sector; y cuando las listas de espera en la salud pública se eternizan, la solución oficial es incrementar la planilla o aumentar las cuotas de los trabajadores y los patronos.

Tras décadas de parches presupuestarios y reformas administrativas cosméticas, el resultado sigue siendo exactamente el mismo: trámites asfixiantes, un gasto público insostenible y una calidad de servicios que difiere drásticamente del costo fiscal que representa para los costarricenses.

Es hora de abandonar la premisa de que el Estado es eficiente por naturaleza y que solo necesita “mejores administradores”. La evidencia histórica y la teoría económica demuestran una verdad categórica: la ineficiencia no es un accidente del Estado, sino su condición natural e inherente.

La trampa de los incentivos públicos

Para entender por qué las instituciones públicas terminan fallando en su cometido, es necesario examinar la estructura de sus incentivos. En el sector privado y en el libre mercado, las empresas operan bajo el rigor del beneficio y la pérdida. Si una organización ofrece un bien de mala calidad o a un precio excesivo, las personas ejercen su libertad de elegir y acuden a la competencia.

La quiebra es el mecanismo natural que elimina lo ineficiente y redirige los recursos hacia donde realmente aportan valor. Sin embargo, ninguna institución pública “quiebra” por prestar un servicio deficiente. Al contrario, la ineficiencia suele utilizarse como el argumento perfecto para exigir más presupuesto, más personal y más competencias regulatorias. En la burocracia, el fracaso se premia con más recursos sustraídos al contribuyente.

Al no operar en un entorno de competencia y precios de mercado reales, el burócrata carece de las señales necesarias para saber si los recursos se utilizan con verdadera racionalidad. Sin precios derivados de la propiedad privada, la planificación estatal es un ejercicio a ciegas. Cuando no existe competencia, o esta se encuentra fuertemente penalizada por regulaciones abusivas, el ciudadano queda atrapado como un cliente cautivo de servicios que no puede evaluar, rechazar ni sustituir voluntariamente.

Cuando una entidad administra recursos que no le pertenecen para atender las necesidades de personas a las que no conoce, el derroche no es una excepción: es el resultado inevitable del sistema.

El peso de la tramitomanía

Costa Rica ha construido un engranaje institucional hipertrofiado, compuesto por decenas de ministerios, instituciones autónomas, instituciones adscritas, superintendencias y consejos sectoriales que duplican y triplican funciones. Esta arquitectura no solo devora una porción desproporcionada del esfuerzo productivo nacional mediante impuestos y endeudamiento, sino que también actúa como un freno directo a la iniciativa individual.

La llamada “tramitomanía” no es una simple distracción burocrática; es la manifestación concreta del control estatal sobre cada uno de nosotros. Cada permiso de funcionamiento, cada inspección duplicada y cada traba reglamentaria representan horas de trabajo que se le restan al emprendedor, al agricultor, al profesional independiente y a la pequeña empresa.

Mientras el discurso político tradicional predica la equidad, la maraña regulatoria ahoga precisamente a quienes intentan salir adelante por esfuerzo propio. Las grandes corporaciones pueden asumir el costo de mantener departamentos legales dedicados a sortear el laberinto público —aunque tampoco tendrían por qué hacerlo—; el pequeño comerciante o el joven innovador, en cambio, se ven empujados a la informalidad o al cierre antes de haber comenzado.

Se repite con frecuencia que un Estado omnipresente es indispensable para garantizar la justicia social y proteger a los sectores vulnerables. Sin embargo, la realidad confirma que el aparato público se ha convertido en un fin en sí mismo: un mecanismo en el que una parte sustancial de la riqueza capturada se consume en sostener a la propia burocracia encargada de administrar la “ayuda”.

El verdadero generador de bienestar no es el decreto ejecutivo ni la partida presupuestaria, sino la producción, el ahorro, la inversión privada y el intercambio voluntario. Cada colón que el Estado extrae mediante impuestos confiscatorios es un colón que deja de invertirse en mejores salarios, en tecnología para el campo o en el consumo directo de las familias. La verdadera solidaridad no se ejerce con el dinero ajeno tomado por la fuerza fiscal; florece en sociedades libres donde los individuos, mediante la cooperación voluntaria y el mercado, resuelven sus necesidades sin la tutela sofocante del poder político.

La ruta hacia la libertad económica

Frente a este escenario, la solución no radica en seguir aprobando parches normativos ni en intentar “reestructurar” entidades inservibles. La única salida viable para Costa Rica es la reducción sustancial y sistemática del tamaño y el alcance del Estado.

Reducir el aparato público no significa abandonar a la ciudadanía, sino devolverle a cada persona el control sobre su patrimonio, su trabajo y su proyecto de vida. Para avanzar en esta dirección, se deben aplicar reformas estructurales claras:

1. Cierre y privatización de monopolios e instituciones superfluas: Eliminación o transferencia al sector privado de entidades cuya labor puede ejecutarse con mayor agilidad, transparencia y menor costo. Esto no significa dejar al pueblo sin el servicio, sino optimizarlo para que funcione correctamente, con una institución que rinda cuentas claras sobre su gestión.

2. Desregulación masiva: Derogación radical de licencias, permisos sobrantes y trámites absurdos para restablecer la posibilidad de emprender y contratar sin la intromisión arbitraria de los inspectores de turno, activando así nuevamente la economía.

3. Rebaja de la carga tributaria: Reducción drástica de impuestos directos e indirectos para devolver el fruto del esfuerzo a los trabajadores y las empresas, estimulando la inversión genuina y el empleo formal.

Costa Rica no alcanzará el desarrollo manteniendo una estructura estatal obsoleta y costosa. Continuar alimentando un modelo ineficiente por inercia o temor al cambio solo profundizará la crisis fiscal, la informalidad y el estancamiento económico.

Las constantes protestas que recorren el mundo por el asfixiante aumento del costo de la vida y la evidente quiebra de la confianza ciudadana en los gobiernos son la prueba definitiva de que el modelo estatista ha colapsado. Pretender resolver nuestros problemas acumulando más burocracia e impuestos es ignorar este clamor global.