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Joaquín Mejía
Managing Partner en la oficina de McKinsey en Costa Rica
medios_latam@mckinsey.com
En julio de 2025, el Banco Mundial hizo oficial algo que muchos costarricenses sospechaban: Costa Rica dejó de ser un país de ingreso medio-alto y pasó a la categoría de ingreso alto. Con un ingreso nacional bruto per cápita que ya supera los USD 17,900, el país superó el umbral por un margen cómodo —cerca de USD 3,500 por encima del corte—. Es una noticia que merece celebrarse: pocos países de la región han logrado algo similar, y Costa Rica lo hizo apalancándose en exportaciones de alto valor agregado, desde dispositivos médicos (donde es el segundo exportador de América Latina y el primero del mundo en términos per cápita) hasta una posición de liderazgo regional en atracción de inversión extranjera directa.
Pero cruzar ese umbral no es la meta final; es apenas el inicio de una etapa distinta y, en muchos sentidos, más exigente. La literatura económica sobre países que alcanzan el ingreso alto es clara en un punto: algunos pierden dinamismo después de cruzar la línea. El impulso que los llevó hasta ahí —inversión extranjera concentrada en algunos sectores, ventajas de costos, bono demográfico— puede perder fuerza, y si no aparece un nuevo motor de crecimiento, el país corre el riesgo de dejar de converger hacia el nivel de ingreso de las economías más desarrolladas. Costa Rica, miembro de la OCDE desde 2021, tiene ahora el reto de demostrar que puede sostener y ampliar esa distancia, no solo alcanzarla.
Los números dejan ver dónde está el reto. Para dar el salto que dieron economías como Corea del Sur, Taiwán o Singapur en su etapa de despegue, esos países sostuvieron niveles de inversión de 30% del PIB o más durante décadas. Costa Rica invierte hoy 16.2% del PIB —muy por debajo incluso de su propio máximo histórico de 24.6% alcanzado en 2008— y la tendencia de los últimos años ha sido de caída, no de alza. A esto se suma un dato destacable en los estudios de contabilidad del crecimiento: buena parte de la expansión histórica del PIB costarricense se explica por capital y trabajo, mientras que la productividad total de los factores —es decir, hacer mejor uso de lo que ya se tiene— ha aportado poco o nada en el largo plazo. Sin inversión adicional ni un salto de productividad, sostener un crecimiento de 5% o 6% anual —un ritmo que permitiría acelerar la convergencia con las economías más avanzadas— será difícil.
Aquí es donde el sistema financiero costarricense entra en la conversación, y no como un actor secundario. Tres datos lo ilustran. Primero, el ahorro pensional: una proporción importante de las inversiones de las operadoras de pensiones complementarias se mantiene en deuda pública local, mientras que en el régimen de la CCSS esta participación supera el 85%. Esta composición refleja el peso de la deuda pública en las carteras institucionales y la relevancia del ahorro pensional dentro del financiamiento de largo plazo de la economía costarricense.
Segundo, la banca. El crédito interno al sector privado equivale a poco más de la mitad del PIB, y la morosidad del sistema es baja —2.1%, un nivel comparable al de Estados Unidos—. Esa solidez es una fortaleza, pero también abre una pregunta sobre cuánto espacio existe para ampliar el financiamiento hacia nuevos segmentos y proyectos sin comprometer esa solidez. Y no existe, hasta donde se pudo constatar en fuentes públicas, un mercado de titularización de activos ampliamente desarrollado en el país, una herramienta que en economías más profundas permite a los bancos sacar crédito del balance, compartir riesgo y liberar capacidad de financiamiento para seguir prestando.
Tercero, el mercado de capitales local. La bolsa de valores transó cerca de USD 32,000 millones en 2024, pero es, en la práctica, casi enteramente un mercado de deuda soberana y bancaria. Muy pocas empresas cotizan en bolsa, y no hay cifras públicas consolidadas sobre el tamaño de la industria de capital privado o venture capital en el país -lo que dificulta dimensionar su profundidad y desarrollo-.
La buena noticia es que ningún país necesita inventar el camino. Bancos líderes en otras economías ya están jugando roles catalíticos comparables al que Costa Rica podría explorar: desde Intesa Sanpaolo en Italia, que ha ampliado su modelo de originación y distribución de riesgo para profundizar su sistema financiero, hasta el BNDES en Brasil, que multiplicó su apoyo a exportadores, o el Bank Rakyat Indonesia, que ha canalizado financiamiento masivo hacia la micro y pequeña empresa.
La pregunta que le queda a Costa Rica no es si tiene el punto de partida para crecer más rápido —los datos dicen que sí—, sino qué rol puede jugar su sistema financiero para contribuir a ese crecimiento: ampliar las opciones para canalizar el ahorro pensional, desarrollar mecanismos para compartir riesgo, y desarrollar un mercado de capitales que hoy tiene todavía un amplio espacio para profundizarse. Haber llegado al ingreso alto fue mérito de una generación. Consolidarlo será mérito de las decisiones que se tomen —o se posterguen— en los próximos años.
