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José D. Boschini-Malavassi
CEO de BoMa Holdings Group y consultor financiero
joseboschini94@gmail.com
Costa Rica incentivó la compra de vehículos eléctricos y hoy los penaliza.
El 23 de julio de 2026, el ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, firmó en vivo en Telenoticias un decreto que empuja el Impuesto Selectivo de Consumo a los vehículos eléctricos del 7,5% hacia el 30%. En la misma entrevista calificó la descarbonización del país como “una de las grandes estafas intelectuales” del pasado.
El golpe no empezó ese día. La Ley 9518 de 2018 exoneró a los vehículos eléctricos —IVA, selectivo y marchamo— solo por cinco años. Su reforma de 2022, la Ley 10209, selló el desmonte: desde junio de 2025 el selectivo subió de 0% a 7,6%. Quien compró creyendo que el incentivo era permanente obtuvo un alivio con fecha de caducidad.
La Ley 10390 rebajó el marchamo hasta un 50% según año-modelo, pero solo al carro de combustión. Al eléctrico, Hacienda le ofreció este año una deducción adicional del 0,1%: gesto cosmético que no corrige la inequidad, la maquilla.
El mecánico que se capacitó en electromovilidad y montó un taller también paga carga tributaria plena en repuestos y en renta. Costa Rica se vendió al mundo como líder en movilidad eléctrica, pero no construyó el andamiaje fiscal para que esa industria eche raíces locales.
La respuesta: expediente 4134
La Ley del Marchamo Verde es una iniciativa popular. No regala exoneraciones: sustituye el “todo o nada” por tarifas reducidas permanentes con fuerza de ley especial.
• Marchamo escalonado y permanente: 100% el primer año, 75% el segundo, 50% en adelante.
• IVA y selectivo del 5% permanente en repuestos, baterías y componentes.
• Renta del 10% para talleres y comercializadoras especializadas registradas ante el Minae.
Según la Estimación del Gasto Tributario 2024 de Hacienda, las exoneraciones a la flota eléctrica representan ₡3.859,36 millones anuales en el impuesto a la propiedad. Apenas el 7,6% del total (₡50.942,91 millones): casi todo el resto se concentra en vehículos de combustión. El Marchamo Verde no abre un hueco fiscal: ordena y acota ese costo.
La Asamblea tiene en el expediente 4134 la oportunidad de honrar el contrato que el Estado firmó con quienes apostaron por una movilidad limpia. Dejarlo dormir sería ratificar que, en materia ambiental, la palabra del Estado vence a los cinco años.
MSc. José D. Boschini-Malavassi
Autor de la iniciativa popular Ley del Marchamo Verde (expediente n.° 4134).
