Edición impresa
¡Manténgase al día!
Reciba las últimas novedades e información directamente en su correo.
Desde la promulgación del Código de Trabajo costarricense, se dejó estipulado, la posibilidad de que la parte trabajadora, pudiera dar por rota la relación laboral, con responsabilidad patronal, cuando ocurriera lo que se conoce doctrinariamente como despido encubierto (artículo 83), es decir, cuando el patrono incurra en cualquier falta grave a las obligaciones que le imponga el contrato; por ejemplo, cuando no pague en tiempo y lugar convenidos la remuneración; acuda en forma reñida con la moral, propalando injurias, calumnias o a las vías de hecho, etc.
Por su parte el artículo 84, textualmente dispone: “Por cualquiera de las causas que enumera el artículo anterior podrá el trabajador separarse de su trabajo, conservando su derecho a las indemnizaciones y prestaciones legales. Tampoco incurrirá en responsabilidad alguna, salvo la de pagar el importe del preaviso y la de carácter civil que le corresponda, si posteriormente surgiere contención y se le probare que abandonó sus labores sin justa causa”.
Como se puede entender, aquí no se está ante una simple renuncia por parte de la persona trabajadora, sino ante una renuncia, producto de un hecho que atenta contra sus intereses en general, con causas justas que la facultan a dar por terminado la relación laboral, al volverse insostenible la continuidad, ubicándose la persona en una difícil posición, ya que, al no tomar la decisión, se mantendría en el empleo a costa de la vulneración de sus derechos. En estos casos, la terminación no es, entonces, imputable a la persona empleada, aunque sea una acción suya la que le haya dado efectividad, sino que tiene su causa en la una acción u omisión de la empleadora, atentando en contra de los principios generales que deben reinar en una relación laboral, sea esta de empleo público como privado.
Ahora bien, hay una sentencia de la Sala Segunda de la Corte (no. 02804-2025), en donde viene a discernir el caso de una persona servidora pública, que renuncia con responsabilidad patronal, tras haber indicado que enfrentó situaciones de maltrato y hostigamiento, sin embargo, no logró probar la existencia del acoso laboral, o "mobbing", según los criterios establecidos por la ley.
Ya que ha dicho este ente máximo de lo laboral, que, bajo los principios de buena fe, lealtad, comunicación oportuna, legalidad, cuando se considere que hay un despido encubierto originado por la parte patronal, debe probarse, es decir, tiene la parte trabajadora, la carga procesal de demostrar, a efecto de poder valorarse, si son lo suficientemente graves como para justificar el rompimiento de la relación con culpa patronal, por ende con las indemnizaciones correspondientes, conforme a la legislación patria.
Así, resulta crucial señalar que la sentencia resalta la insuficiencia de pruebas presentadas por la actora. A pesar de que existieron situaciones de maltrato, estas no fueron suficientemente documentadas ni vinculadas a un patrón de acoso laboral que justificara su renuncia.
Entonces, en el marco de esta sentencia, se abre un debate fundamental sobre el acoso laboral y la renuncia con responsabilidad patronal, por parte de la persona acosada, dentro de la temática del material probatorio. Tema que tanto los asesores laborales, como las autoridades públicas, deben tomar en cuenta a la hora de aconsejar o resolver un caso, dentro de un estado de seguridad jurídica.
Eric Briones
Doctor y Profesor en Derecho Laboral
