San José–San Ramón: hagamos las cosas bien desde el cartel

Un medio de comunicación nos informó el 22 de octubre que arrancó la licitación para ampliar la carretera entre San José y San Ramón. Son 55 kilómetros, 16 intercambios, 14 puentes y un túnel. Obra financiada con un crédito del BCIE por $770 millones. Dos empresas o consorcios se encargarán de diseñar, construir y mantener la obra en un plazo de seis años. Quienes viajan por esa ruta saben que es muy necesaria. Precisamente, porque todo apenas empieza, hoy tenemos la mejor oportunidad para hacer las cosas bien.

Las reglas se escriben ahora.

Hasta abril 2027, las empresas constructoras interesadas pueden pedir aclaraciones sobre el cartel (que es el documento con las reglas del concurso). Es el momento más barato para corregir errores. Una regla confusa hoy se convierte, años después, en reclamos, atrasos y costos adicionales que terminamos pagando todos.

Un contrato que ya funciona en el mundo.

No hace falta inventar nada. Desde hace casi setenta años, la Federación Internacional de Ingenieros Consultores (FIDIC) publica contratos modelo que se usan en carreteras, puentes y represas de todo el mundo. Su ventaja es sencilla: han sido probados en miles de obras, reparten las responsabilidades de forma equilibrada y dicen con claridad qué hacer cuando aparece un imprevisto. Eso sí, funcionan cuando se usan tal cual fueron diseñados. Si se modifican para cargarle todos los riesgos a una sola parte, pierden su razón de ser.

Los desacuerdos ya son conocidos.

En toda obra grande surgen diferencias, y no hay por qué alarmarse. Los conflictos en esta materia fueron estudiados desde hace décadas. Investigaciones realizadas en distintos países coinciden en que los conflictos suelen venir de los mismos temas: cambios que pide el dueño de la obra, pagos que se atrasan, terrenos que no se entregan a tiempo, ofertas demasiado bajas, atrasos del constructor, errores en los planos, sorpresas en el suelo o contratos mal redactados, entre otros. De hecho, los problemas del propio contrato son la causa que más pesa.

Esto tiene una consecuencia importante: el Estado, las constructoras, los ingenieros y los abogados que participarán en este proyecto son profesionales y conocen bien estos riesgos. Nadie podrá decir que los tomaron por sorpresa. Por eso, los desacuerdos no deberían convertirse nunca en una excusa para frenar la obra. Si se conocen de antemano, se pueden prevenir en el contrato y resolver a tiempo.

Cada quien en su lugar.

En esta obra no solo participan el MOPT (Conavi) y la constructora. También intervienen las municipalidades, las instituciones que deben mover tuberías (AyA) y cables (ICE, CNFL, cableras), etc, los subcontratistas, los inspectores, los auditores y el banco financista. El contrato debe decir con claridad qué le corresponde a cada uno y en qué plazo. La ley aplicable ya establece que el constructor asume los riesgos propios de su trabajo, pero también que tiene derecho a que el contrato se mantenga equilibrado si las condiciones cambian. Reglas claras desde el inicio protegen a ambas partes pero, sobre todo, en beneficio del ciudadano.

Todo por escrito, y para todos.

Cuando hay una diferencia, gana claridad quien tiene los papeles y las comunicaciones en orden. Por eso conviene que, desde el primer día, todas las partes guarden cartas, correos, actas, planos, avances y costos, preferiblemente en un mismo repositorio documental (data room) y uso conjunto de una misma inteligencia artificial (BIM) al que todas tengan acceso por igual. Si un día hay que llamar a un perito o a un tercero para decidir, todos partirán de la misma información y no de versiones distintas.

Resolver sin detener la obra.

El contrato debe prever una especie de escalera para resolver los desacuerdos. Primero, conversar directamente, empezando por los equipos en el campo y subiendo luego a los gerentes. Después, a un comité de expertos independientes que acompañe la obra desde el inicio (dispute board) y cuyas decisiones se cumplan de inmediato; quien no las respete a tiempo debería perder el derecho a reclamar después. Si eso no basta, acudir a un mediador. Y solo al final, el arbitraje. Evitar la vía jurisdiccional. La regla de oro es una: ninguna discusión debe detener a los trabajadores y las máquinas. Lo que está en duda se resuelve aparte, y todo lo demás sigue avanzando.

Una obra para todos

Esta carretera no es del Estado, ni de la constructora que gane la licitación, ni del banco que la financia. Es de todos los costarricenses. Cada participante tiene intereses legítimos, pero todos están al servicio de un mismo objetivo: entregar una vía segura, en el menor tiempo y al menor costo posibles. El foco de atención es el proyecto, no los intereses de sus actores. Si lo tenemos claro desde ahora, la ruta a San Ramón dejará de ser sinónimo de espera y se convertirá en un ejemplo de obra pública.

Arturo Guerrero

Socio experto en litigio y arbitraje de ECIJA Legal Costa Rica