En A Man for All Seasons, la célebre obra de Robert Bolt llevada al cine en 1966, Tomás Moro enfrenta una exigencia que terminará costándole la vida. Enrique VIII no se conforma con su obediencia como súbdito. Necesita también su aprobación. El rey puede obtener la renuncia de Moro, privarlo de su libertad y finalmente ejecutarlo, pero no consigue que declare aquello que su conciencia le impide reconocer.
La historia plantea una distinción fundamental: obedecer al poder no significa necesariamente compartir sus convicciones. Y hay algo todavía más importante: la autoridad política no debería confundirse con la potestad de disponer de la conciencia ajena.
Cinco siglos después, aunque en circunstancias incomparables, aquella reflexión conserva una particular vigencia en nuestra vida institucional.
El pasado 11 de noviembre, la Asamblea Legislativa reeligió por unanimidad de los 50 diputados presentes al magistrado Jorge Enrique Olaso Álvarez, integrante de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. El resultado podría interpretarse como una saludable coincidencia parlamentaria en torno a una trayectoria judicial reconocida. Sin embargo, los antecedentes de la votación obligan a examinar algo más.
Olaso no es un recién llegado a la judicatura. Su carrera en el Poder Judicial comenzó en 1989 y ha transitado por distintos despachos y responsabilidades, desde los primeros niveles de la administración de justicia hasta la magistratura que ocupa desde 2018. A esa experiencia se suman una sólida formación académica, una prolongada labor docente y una importante producción jurídica, particularmente en materia laboral y procesal. Su obra La prueba en materia laboral mereció en 2017 el Premio Ulises Odio Santos, otorgado por la Corte Suprema de Justicia. Es, por tanto, una trayectoria que merece ser examinada por sus propios méritos y no exclusivamente por el sentido de una votación que tuvo consecuencias políticas.
La fracción oficialista de Pueblo Soberano había mantenido una posición contraria a la reelección de los magistrados Julia Varela, Jorge Araya y Patricia Solano. En el caso de Olaso, abandonó aquella línea y respaldó su continuidad.
Existe una circunstancia que explica parte de la controversia. En julio de 2025, Olaso integró el grupo de siete magistrados que votaron contra la remisión a la Asamblea Legislativa de la solicitud para levantar la inmunidad del entonces presidente Rodrigo Chaves. Los otros tres magistrados mencionados habían votado a favor.
La coincidencia es evidente. Su significado, en cambio, no puede darse por demostrado.
El propio Olaso explicó recientemente que su decisión obedeció a una insuficiencia probatoria que consideró relevante. Es una justificación jurídica que debe examinarse en sus propios términos. Que una resolución favorezca circunstancialmente a un político o gobernante no significa que haya sido dictada para favorecerlo. Del mismo modo, una decisión contraria a sus intereses tampoco demuestra, por sí sola, independencia o corrección jurídica.
La independencia judicial no se mide por el destinatario de sus efectos.
El oficialismo, por su parte, justificó su cambio de posición señalando que, ante la imposibilidad de reunir los votos necesarios para impedir las reelecciones, optó por examinar individualmente cada caso. Es una explicación políticamente atendible, pero que no elimina la necesidad de conocer los criterios objetivos que permiten distinguir unas magistraturas de otras.
Porque allí reside el verdadero problema. No se trata de determinar si Olaso merece continuar en su cargo, ni de desconocer su experiencia y trayectoria. Tampoco de exigirle que sus resoluciones satisfagan las expectativas de determinada fracción parlamentaria.
Se trata de algo anterior: ¿qué mensaje recibe la judicatura cuando quienes ejercen el poder político modifican sus posiciones frente a magistrados cuyas decisiones han producido efectos distintos sobre los intereses gubernamentales?
El artículo 158 de nuestra Constitución establece un mecanismo de reelección que exige una mayoría calificada para impedir la continuidad de los magistrados. Esa previsión constituye una garantía institucional que procura evitar que su permanencia dependa de mayorías políticas circunstanciales. Pero ninguna disposición constitucional puede sustituir la responsabilidad de quienes participan en su aplicación.
Hay una escena especialmente memorable en A Man for All Seasons. Moro defiende la necesidad de conservar las garantías legales incluso para aquel a quien se considera enemigo. Su interlocutor estaría dispuesto a derribar todas las leyes para perseguir al diablo. Moro le pregunta, entonces, dónde encontraría protección cuando las leyes hubieran desaparecido y el diablo se volviera contra él.
Esa es, probablemente, una de las lecciones más importantes de la obra.
Las garantías institucionales no existen para proteger únicamente a quienes nos agradan, comparten nuestras opiniones o producen decisiones convenientes. Existen, precisamente, para que los derechos y las instituciones sobrevivan a nuestros desacuerdos.
Sería injusto convertir al magistrado Olaso en responsable de las contradicciones que puedan advertirse en el comportamiento de quienes votaron su reelección. La responsabilidad por la coherencia de una decisión política corresponde a quienes la adoptan.
Pero también sería ingenuo ignorar que la independencia judicial puede verse comprometida no solamente mediante amenazas o represalias, sino a través de la expectativa de recompensas.
Tomás Moro no fue un hombre perfecto y su figura histórica admite importantes cuestionamientos. Pero el personaje de Bolt nos recuerda que la integridad no consiste en acertar siempre, sino en conservar la libertad de criterio incluso cuando resulta inconveniente.
No necesitamos magistrados que fallen sistemáticamente contra el Gobierno, ni magistrados que resuelvan a su favor. Necesitamos jueces cuyas decisiones no dependan de ninguna de esas circunstancias.
Porque los gobiernos cambian, las mayorías se transforman y las conveniencias políticas pasan de una estación a otra.
La independencia de la justicia, en cambio, debe permanecer durante todas ellas.
RAUL ALEXANDER CAMACHO ALFARO
Abogado





































