SERIE DIVERGENCIA ESTRATÉGICA
FASE V: LA INFRAESTRUCTURA INVISIBLE Artículo 15
Cultura, control y gobierno de una institución compleja
Transparencia y alineación como ventaja competitiva
Un banco no necesita publicar todo lo que decide. Necesita poder explicarlo. La transparencia que crea ventaja no empieza en la divulgación: empieza en cómo se construye cada decisión.
Toda institución madura sabe aprobar decisiones. Tiene instancias competentes, facultades delegadas, actas y expedientes. Menos frecuente es que, meses después, pueda explicar una decisión con la misma claridad con que la aprobó: qué versión de los datos utilizó, qué supuestos determinaron el resultado, qué alternativas descartó y qué riesgo decidió aceptar.
Esa brecha define el criterio de este artículo: todo lo que se decide debe ser publicable.
Publicable no significa publicado. Significa que la decisión puede reconstruirse, explicarse y defenderse ante quien tenga derecho legítimo a examinarla (el directorio, el auditor, el supervisor y, en lo que corresponda, el mercado), aunque parte de la información que la sostiene permanezca reservada.
La publicabilidad es una propiedad de la decisión.
La publicación es una decisión sobre la información.
Confundirlas es el origen del problema.
Cuando la transparencia llega tarde
La industria suele ubicar la transparencia al final del proceso. Primero se decide; después se divulga lo que corresponde. Así, la transparencia queda en el cumplimiento, el supervisor o la reputación.
La regulación no obliga a pensar así.
El Pilar 3 de Basilea exige divulgación pública significativa, comparable y consistente para sostener la disciplina de mercado. Cuando admite no divulgar información propietaria o confidencial, exige explicar por qué y ofrecer información más general. La reserva no exime de explicar: obliga a explicar la reserva.
El error está en tratar la divulgación como el punto donde comienza la transparencia. Cuando eso ocurre, la reserva empieza a usarse al revés, no para proteger información sino para evitar explicar cómo se llegó a una decisión, y la calidad de una decisión termina midiéndose por el cumplimiento de su trámite.
Aprobar una decisión no equivale a gobernarla.
La infraestructura que no se ve
En 2013, al emitir sus principios para la agregación eficaz de datos de riesgo (BCBS 239), el Comité de Basilea reconoció que la crisis iniciada en 2007 había revelado una limitación seria.
Muchos bancos no podían agregar sus exposiciones ni identificar concentraciones de forma completa, rápida y exacta, y eso afectó su capacidad de decidir a tiempo. El problema era anterior a la comunicación: la información necesaria para decidir no podía ensamblarse con la rapidez que la decisión exigía.
En su revisión supervisora de 2025, el BCE sigue encontrando dificultades de exactitud, integridad, completitud y oportunidad en esos datos. Su guía de mayo de 2024 sobre agregación y reporte de datos de riesgo insiste en la misma infraestructura: trazabilidad, responsables definidos y capacidad de producir información confiable cuando la dirección y el supervisor la necesitan.
Un dato trazable no basta para explicar una decisión; sin trazabilidad, ninguna explicación puede verificarse. Ahí comienza realmente la transparencia: en poder seguir un dato desde su origen hasta la decisión que ayudó a construir. Y ahí se define también la alineación.
Una institución está alineada cuando lo que recibe el directorio, examina el supervisor y conoce el mercado son versiones de un mismo razonamiento. Una decisión que necesita un argumento distinto para cada audiencia no está gobernada.
El riesgo de una decisión que no puede reconstruirse permanece invisible porque nadie pregunta mientras el resultado acompaña. La pregunta llega con la inspección, la pérdida o la crisis, cuando hay menos tiempo para responderla y cuando quienes conocían el fundamento quizá ya no están en la sala.
El costo de no poder explicar
No poder explicar se paga en horas de la alta dirección. Se rehacen análisis, se reconstruyen supuestos y la respuesta al supervisor se demora. La dirección discute cuál cifra es la correcta antes de discutir qué hacer.
También hay un costo externo.
En 135 bancos de Europa, Norteamérica y Australia, Poshakwale y Courtis asociaron mayor divulgación con menor costo del capital accionario, y la información sobre gestión de riesgos fue la que más pesó.
Un documento de trabajo del BCE sobre las pruebas de estrés europeas de 2014 a 2021 lo precisa: la publicación aportó información nueva al mercado, y los bancos con peores resultados registraron menores retornos y mayor volatilidad. La transparencia no premia a todos. Permite distinguir.
La reserva también gobierna
Nada de esto significa que la solución sea divulgar más. La banca administra información cuya reserva es indispensable, como datos de clientes, información propietaria e información supervisora protegida.
Por eso la frontera no está entre transparencia y secreto, sino entre secreto legítimo y opacidad. El primero protege información cuya divulgación causaría un daño identificable. La segunda impide comprender cómo se tomó una decisión. Además, la reserva debe quedar registrada: qué se reserva, por qué y quién lo decidió.
La reserva protege información. No protege decisiones indefendibles.
«La reserva protege información. No protege decisiones indefendibles.»
Decidir como si hubiera que explicarlo mañana
En 2009, la Reserva Federal sometió a las 19 mayores entidades bancarias de Estados Unidos a una evaluación de capital frente a dos escenarios, uno base y otro más adverso, y calculó los colchones con el segundo.
Apartándose de la confidencialidad habitual de la supervisión, publicó metodología y resultados por entidad. Diez necesitaban reforzar su capital en unos US$74.600 millones. Para noviembre de ese año, nueve lo habían logrado sin recurrir al programa de capital público creado como respaldo; la décima, GMAC, esperaba cubrir su faltante con apoyo del Tesoro.
La propia Reserva Federal concluyó que la publicación contribuyó a aumentar la confianza.
En el gobierno cotidiano, la regla alcanza a todo lo que se decide; el expediente, a lo material: lo que compromete capital, liquidez o apetito de riesgo, o exige aprobación del directorio o de sus comités.
Ninguna decisión material debería llegar a aprobación sin responder tres preguntas.
- Origen: ¿de dónde proviene cada dato relevante y quién responde por él?
- Razonamiento: ¿qué supuestos, alternativas descartadas y riesgos aceptados sostienen la decisión?
- Límites: ¿qué puede conocer cada audiencia, qué se reserva y por qué?
Las tres respuestas, por escrito y antes de aprobar, constituyen el expediente de publicabilidad.
El expediente no sustituye el acta: registra el razonamiento que sostiene la decisión, no la deliberación que la precedió. El propósito no es publicarlo, sino comprobar que la decisión podría explicarse mañana sin reconstruir hoy lo que ayer nadie dejó claro.
El expediente es también la prueba de la alineación: el resumen del directorio, la respuesta al supervisor y la comunicación al mercado pueden diferir en detalle, pero deben derivarse de los mismos datos, supuestos y riesgos. Si no, la institución no tiene una decisión gobernada: tiene tres historias.
La renuncia es real: se cede velocidad al aprobar. Resistirán dos grupos. Quienes miden su desempeño por la velocidad de aprobación verán un freno. Quienes se benefician de la ambigüedad perderán margen para reinterpretar una decisión cuando el resultado deja de ser conveniente.
Esa velocidad se recupera bajo estrés, cuando la institución ya no necesita reconstruir antes de responder.
El diagnóstico puede pedirse mañana: que el directorio extraiga al azar, del registro completo, un número fijo de decisiones materiales de los últimos doce meses y pida reconstruirlas sin aviso. El tiempo y las versiones que aparezcan son la línea base.
Luego se miden, en decisiones comparables, dos cosas: el tiempo hasta responder las tres preguntas sin rehacer el análisis y las divergencias de datos, supuestos o riesgos entre versiones.
Si el tiempo no baja período tras período, o las divergencias no desaparecen, el expediente se convirtió en trámite.
Ahí está la ventaja competitiva.
No en que el mercado pague más por la transparencia, sino en que la institución deja de pagar por no poder explicarse. Una decisión que no puede reconstruirse no se defiende en la crisis: se descubre en ella.




































