Seguridad ciudadana: al oído de los candidatos presidenciales 2026

Todos los costarricenses vivimos la inseguridad diariamente. Ahora se han agregado los bajonazos y creo que, prontamente, la delincuencia, en lugar de asaltar, pasará a secuestrar para “ordeñar” las tarjetas de las personas asaltadas, quienes serían retenidas de forma temporal mientras ellos van al cajero (como en otros países de Latinoamérica).

No soy especialista en aspectos de seguridad; sin embargo, tuve la oportunidad de ver nacer y colaborar con la primera Policía Municipal, la de San José, allá en los años noventa. De todo ese proceso y otras experiencias, es que me permito proponer, al oído de los candidatos presidenciales, la siguiente propuesta:

Pilar 1: Siguiendo el dinero

Los expertos en seguridad enfatizan en este punto como la columna vertebral del esquema del crimen organizado. Y la lógica indica que así es. Una de las fuentes que utilizan son las ventanillas de venta de tiempos ilegales. La propuesta en este punto se refiere al papel de la Junta de Protección Social (JPS) en el control de esas ventas ilegales y consta de los siguientes elementos:

a) Alianza de la Junta de Protección Social con los gobiernos locales:

La JPS no tiene la capacidad de inspección y regulación para la eliminación de esas ventanillas; en cambio, el sector municipal sí la tiene por medio de sus cuerpos de inspectores de patentes, tributarios y la Policía Municipal. La idea es que se firmen convenios individuales con las municipalidades para que, a cambio de financiamiento o donaciones para uso en proyectos orientados a poblaciones vulnerables en cada cantón del país (objetivo de la JPS), los municipios colaboren con la clausura de los puntos de venta de tiempos ilegales.

Así “se matan dos pájaros de un solo pedrada”: por un lado, se atiende a la población vulnerable y, por el otro, se cierran las ventanillas de venta de tiempos. Si una de estas ventanillas funciona en un local con patente municipal, el dueño se expone a la clausura del negocio principal. Lo anterior ya fue probado por mi persona cuando ejercí como encargado de patentes en la Municipalidad de Cartago hace unos años.

Esta idea se le llevó a la anterior presidenta de la JPS, doña Esmeralda Britton, hoy candidata a diputada por el Partido Pueblo Soberano, y fue rechazada aduciendo que se había presentado un proyecto de ley y que con esa nueva ley se solucionaba el problema. Han pasado cinco años y la ley no se ha aprobado. Mientras tanto, doña Esmeralda ve sin remordimiento alguno cómo los jóvenes costarricenses mueren en las calles. No tomó ninguna acción complementaria como la que se le llevó para entrarle al problema. Con esa actitud, desde ahora le indico que no cuente con mi voto.

Pilar 2: Patrocine seguridad, no espectáculos

La banca estatal y pública destina millones de colones todos los años a patrocinar corridas de toros, programas de concursos como ¿Quién quiere ser millonario? y otra gran cantidad de eventos y programas de entretenimiento. Esto debería hacerlo la banca privada. Los elementos de este pilar son:

a) Política estatal para los bancos públicos:

El Consejo de Gobierno es, por ley, el dueño de la banca pública (BN y BCR) y, en el caso del Banco Popular, actualmente tiene el control de su junta directiva. La idea es que destinen sus patrocinios, vía convenios con las municipalidades (intercambio de espacios de publicidad o establecimientos de quioscos), para que se construyan casetas policiales en una primera instancia en todos los distritos centrales de cada cantón y, en una segunda etapa, se amplíe a todos los distritos del país.

La presencia física policial difícilmente podrá ser sustituida por la tecnología, por un elemento de capacidad de respuesta (presas, falta de equipos de transporte, etc.). Ni la Municipalidad de San José, con sus 600 policías y su monitoreo electrónico, ha podido implementar protocolos de respuesta satisfactorios para el público. Soy de la tesis de que la policía debe acercarse a los lugares del delito para poder contrarrestarlo. Esto, en mercadeo, se llama “Plaza o Distribución”: poner el producto donde lo ocupe el cliente.

b) Productos para las municipalidades:

Adicionalmente, los bancos públicos podrían crear más productos financieros específicos para los gobiernos locales, como una cartera de crédito para el pago de impuestos municipales a fin de que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones tributarias.

c) Condiciones favorables de crédito:

Los bancos públicos tienen la capacidad de utilizar una parte de sus utilidades como fondos de riesgo y desarrollo orientados al sector municipal, facilitando trámites y mejorando las condiciones financieras con tasas de interés ventajosas. Los municipios, por ley, deben presupuestar todas sus obligaciones y compromisos; de lo contrario, la Contraloría General de la República obliga a su presupuestación (artículo 103 del Código Municipal). Por tanto, no representan “riesgo” para los bancos.

Pilar 3: Ellos mismos financian

El Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) es, por ley, el ente público encargado del decomiso, administración y usufructo de los bienes que se le quitan al crimen organizado. La propuesta es que al menos el 50% de los recursos incautados favorezca al cantón en donde se realizó la confiscación. Así, las policías municipales podrán usar esos mismos bienes para contrarrestar las actividades del narcotráfico, mediante la firma de convenios entre ambos entes públicos.

a) Cruzada nacional desde Casa Presidencial:

La Ley de Fortalecimiento de la Policía Municipal acaba de cumplir siete años de haber sido emitida por la Asamblea Legislativa; sin embargo, a la fecha solo dos gobiernos locales han implementado la Tasa de Policía Municipal. Las 82 municipalidades restantes han incumplido con sus deberes (delito penal) y nadie dice nada, menos la Contraloría de la República, que no me explico por qué no ha actuado para exigir la aplicación de la ley.

Desde Casa Presidencial debe impulsarse un programa de incentivos para aquellos municipios que colaboren en esta cruzada nacional.

¿“Ah, es otro impuesto”? dirán algunos. Sí, claro: no conozco otra forma de hacer chocolate que no sea con cacao. Como gran cosa, el pasado 27 de agosto se publicó en un medio nacional lo que 10 candidatos a la presidencia proponen para solucionar la crisis de seguridad. Todos se pronuncian en contra de más impuestos, pero muy pocos —casi ninguno— dicen cómo van a financiar sus propuestas en seguridad. Así no se vale. No terminan de entender que el pueblo quiere verdades, y cada uno en su corazón valorará si paga más o no, pero dejen de “politiquear” con los jóvenes muertos.

Este planteamiento traté de exponerlo a la diputada Cisneros hace casi dos años. Solicité una audiencia por correo electrónico y se me indicó que tenía la agenda muy cargada. Y eso que se presenta como la salvadora del país.

Pilar 4: Policía cercana

Como ya se indicó, casi la totalidad de los gobiernos locales del país cae en el delito de incumplimiento de deberes por la no implementación de la Ley de la Policía Municipal. Es increíble escuchar a alcaldes rehusar cobrar la tasa de policía: quieren lanzar un misil con el brazo. Me imagino que están satisfechos con los muertos en sus cantones; al final, lo que les interesa es poder reelegirse. No quieren asumir costos políticos, pero sí favorecen el derrame de sangre, y muchos de esos se están acercando a la candidata del gobierno. Válgame Dios.

El Gobierno Central debería crear incentivos para aquellas municipalidades que contribuyan de manera efectiva con la seguridad ciudadana, ya sea brindando partidas específicas para proyectos de infraestructura y equipamiento de las policías municipales.

Pilar 5: Hacé algo, IFAM

El Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) debe participar como otro actor en esta lucha contra la delincuencia. Administra, por ley, recursos de diversos impuestos que podrían reorientarse. Al igual que los bancos públicos, este instituto podría, vía fondos no reembolsables, ayudar con el patrocinio de infraestructura y equipamiento de las policías municipales.

También podría establecer un centro de monitoreo nacional e impulsar la implementación de la Tasa de Policía Municipal como parte de su asesoramiento a los gobiernos locales, para eliminar el riesgo legal en el que incurren 82 de los municipios.

Ahí les dejo estos planteamientos que requieren solo de voluntad política para implementarlos. Veamos cuáles candidatos se atreven. Por mi Costa Rica.

José Rolando Madrigal Corrales

Administrador de negocios – joroma15@hotmail.com