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Costa Rica se ha jactado históricamente de ser la democracia más antigua y estable de América Latina. Sin embargo, la salud de una democracia no se mide solo por la regularidad de sus procesos electorales, sino por la capacidad del Estado para proteger a sus ciudadanos más vulnerables. Hoy, esa métrica nos arroja un resultado alarmante: estamos fallando a nuestras personas menores de edad.
El Sujeto de Derechos frente a la Omisión
Desde la sociología de la infancia, entendemos que los niños, niñas y personas adolescentes no son "proyectos de adultos" o meros objetos de cuidado; son sujetos sociales con agencia, cuyos derechos son el termómetro de nuestra calidad democrática. No obstante, en el contexto político actual, hemos sido testigos de un peligroso retroceso. La inversión social para este grupo etareo no es una dádiva del gobierno de turno, es una obligación legal vinculante emanada de la Convención sobre los Derechos del Niño y nuestro Código de la Niñez y la Adolescencia.
El descuido que hemos observado —traducido en recortes presupuestarios a instituciones clave y una retórica que prioriza la eficiencia fiscal sobre la dignidad humana— no es un error de cálculo; es una deserción del deber estatal.
La Deuda de una Gestión Indiferente
Resulta contradictorio que, mientras el Ejecutivo presenta políticas de largo plazo (2024-2036), la realidad inmediata de los albergues, la expulsión escolar y la violencia infanto/adolescente muestran grietas profundas. La desatención actual genera lo que en derecho llamamos "exclusión generacional": una ruptura del contrato social donde el Estado deja de ser el garante de oportunidades para convertirse en un espectador de la precariedad.
Jurídicamente, el principio del Interés Superior de las personas menores de edad obliga a que toda decisión pública priorice el bienestar de las niñas, niños y personas adolescentes. Ignorar esto bajo el pretexto de la austeridad es, llanamente, una violación a la jerarquía constitucional de nuestras leyes.
El Deber Ciudadano: Recuperar el Rumbo
La recuperación de estos derechos no es solo una tarea del Gobierno; es una urgencia ciudadana. La sociedad debe exigir:
Blindaje Presupuestario: Que los recursos destinados a las personas menores de edad sean intocables y progresivos.
Participación Real: Integrar la voz de las niñas, niños y personas adolescentes en el diseño de las soluciones locales y nacionales.
Rendición de Cuentas: Fiscalizar activamente la ejecución de los programas de protección especial y garantía de derechos que hoy parecen estar en pausa.
Conclusión
Una democracia que olvida a sus niñas, niños y personas adolescentes está hipotecando su futuro y traicionando su historia. No podemos permitir que la "excepción costarricense" se convierta en una anécdota del pasado por culpa de la indiferencia del presente. Es hora de que el Gobierno de la República asuma su rol y que la ciudadanía recupere el compromiso con quienes, aunque no votan hoy, son el corazón palpitante de nuestra estructura social.
Garantizar los derechos de las personas menores de edad no es una opción política; es el requisito mínimo para seguir llamándonos una democracia.
Rodolfo Vicente Salazar
Abogado y Notario Publico
Especialista Jurídico en derechos de personas menores de edad
Especialista en Ordenamiento Jurídico de niñas, niños y adolescentes
Especialista en docencia universitaria
Master en Derechos Humanos y Educación para la paz
Académico Jubilado de la UCR y la UNA (Ineina)
