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Hablar de desapariciones no forzadas en Costa Rica no debería sorprender: basta revisar redes sociales o noticieros para constatar esta realidad, que afecta de manera particular a las mujeres. Solo en los primeros nueve meses de 2024 se reportaron 1.941 denuncias, siendo mayo (257) y agosto (259) los meses con mayor número, principalmente de mujeres entre 14 y 17 años, según informó Semanario Universidad.
No obstante, el problema no se limita a ese grupo etario. Todas las mujeres estamos expuestas si no se realizan acciones de prevención y seguimiento, y si no se problematiza por qué desaparecemos más que los hombres, lo que remite a la histórica división entre lo privado y lo público. Como plantea Carole Pateman, los hombres acceden libremente a los espacios públicos sin cuestionamientos sobre su tiempo o vestimenta, mientras que las mujeres cargamos con restricciones, estigmas, y el deber de garantizar nuestro regreso seguras.
Es indispensable recordar el carácter patriarcal de la separación entre lo público despolitizado y la vida privada, pues los hombres gobiernan en ambas esferas. Por ello resultan pertinentes las preguntas de Catharine MacKinnon: ¿qué es el poder estatal y de dónde se deriva?, ¿qué significa la ley para las mujeres?, ¿puede hacer algo por nuestra situación?, ¿importa cómo se utilice? A estas añadiría: ¿qué cuerpos importan ante la ley?, ¿las hijas de quién son las que buscan?, ¿qué ocurre cuando el Estado da la espalda en casos de desapariciones?, ¿a quién acuden las familias?
Las desapariciones no forzadas de mujeres no son hechos aislados: su invisibilidad responde a que “las mujeres están oprimidas socialmente ante la ley”, como señala MacKinnon. De ahí que casos como el de Nancy Chacón (marzo de 2024) o Daniela Escobar Salas (octubre de 2024) se cerraran en menos de un mes, pese a no haberse resuelto. Surge entonces la pregunta: ¿en qué se basa el Estado para cerrar casos sin encontrar a la persona? ¿Cómo se tipifican estas desapariciones? ¿Todas terminan clasificadas como femicidios?
Los vacíos institucionales se reflejan también en el escaso acompañamiento a las familias. El Protocolo de Alerta y Rápida Acción ante la Desaparición o No Localización de una Mujer Mayor de Edad en Costa Rica, publicado en La Gaceta el 11 de junio de 2025 (N.º 10722), pretende corregirlo. Establece fases de prevención (a cargo del Ministerio de Seguridad y policías municipales), acción (denuncia inmediata, sin esperar plazos determinados) y seguimiento (acompañamiento del INAMU a la mujer localizada o a su círculo social). Además, ordena difundir al menos una vez cada treinta días los casos no resueltos en los medios de comunicación, disposición aún no implementada.
A tres meses de su publicación, este punto sigue pendiente. Casos como los de Nancy y Daniela se mantienen en la memoria solo gracias a sus familias. Preocupa, además, que el protocolo se limite a mujeres mayores de edad, dejando fuera a las adolescentes, cada vez más expuestas.
El Colegio de Profesionales en Orientación ha alertado que las desapariciones de menores de edad aumentan cada año.
Se trata de una problemática de enorme gravedad social, donde persisten discursos sexistas que cuestionan qué hacía la mujer o cómo vestía, en lugar de interpelar a la sociedad: ¿qué estamos haciendo para transformar esta realidad y garantizar espacios más seguros y transitables para todas?
Jmena Valverde Sánchez. Feminista, Psicóloga, con enfoque social comunitario, estudiante de la Maestría Profesional en Estudios de Género, del Instituto de Estudios de la Mujer de la Universidad Nacional de Costa Rica.
