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La Ley 3503 contiene una distorsión que Costa Rica ya no puede seguir escondiendo: confunde tarifa de transporte con política social. Reconoce beneficios, impone obligaciones y distribuye costos, pero lo hace de una forma opaca, cargando sobre el pasaje decisiones que deberían financiarse con reglas claras.
El caso más evidente es el beneficio tarifario de las personas adultas mayores. No se trata de cuestionar si este grupo merece protección. Claro que la merece. La verdadera pregunta es quién debe pagarla. Hoy, en la práctica, el descuento del adulto mayor no lo asume plenamente el Estado mediante una fuente transparente, sino los mismos pasajeros del autobús. Es un subsidio cruzado: trabajadores, estudiantes, madres, padres de familia y usuarios de bajos ingresos pagan una tarifa que incorpora silenciosamente el costo de ese beneficio.
Ese diseño es odioso e injusto, especialmente desde una perspectiva intrageneracional. Muchos de quienes financian el beneficio no están en mejor condición económica que quienes lo reciben. La persona que toma bus diariamente no necesariamente tiene mayor capacidad de pago; simplemente está atrapada en una tarifa que mezcla operación, subsidios y política social sin distinguir nada.
La contradicción se vuelve más fuerte al mirar otros grupos. La Ley 7600 exige, correctamente, que los autobuses sean accesibles para personas con discapacidad. Rampas, espacios adecuados y condiciones de movilidad no son privilegios: son derechos. Sin embargo, la persona con discapacidad paga su pasaje. El sistema reconoce su derecho a ingresar al bus, pero no necesariamente reconoce una condición tarifaria diferenciada.
Con los niños ocurre algo igual de cuestionable. La Ley 3503 permite que los menores de tres años viajen gratis. A partir de ahí, el sistema los trata como usuarios tarifarios. Pero un niño de cuatro, cinco o seis años no genera ingresos, no decide viajar por cuenta propia y no tiene capacidad económica. Quienes pagan son sus padres, durante años, hasta la mayoría de edad. En la práctica, una familia puede cargar durante quince años el costo completo de movilidad de sus hijos.
Además, el problema se agrava con la transición demográfica. Costa Rica envejece aceleradamente: la población adulta mayor crece, vive más años y demanda más servicios. Al mismo tiempo, los nacimientos disminuyen. Eso significa que, si el esquema sigue igual, habrá cada vez más viajes subsidiados por una base proporcionalmente menor de usuarios pagadores. Lo que antes pudo parecer manejable se convierte en una carga creciente, regresiva e insostenible. Actualmente incluso, debido a ese fenómeno quien financia el pasaje de autobús es el mismo empresario.
Para los tomadores de decisión, esta reforma tiene una virtud política y técnica: es puntual, pero sustancialmente beneficiosa para el sistema. No exige rediseñar todo el transporte público. Exige separar lo que hoy está mezclado: costo operativo, tarifa al usuario y subsidio social.
Si el país decide proteger a adultos mayores, estudiantes, menores de edad, personas con discapacidad o familias vulnerables, debe hacerlo de frente, con fuente de financiamiento, trazabilidad y compensación clara. El pago electrónico permite medir viajes, identificar beneficios y calcular costos. Por eso, mantener subsidios escondidos dentro de la tarifa ya no es una limitación técnica; es una decisión política.
La ley debe reformarse porque ya no ordena el sistema: lo distorsiona. Y la peor distorsión es hacer creer que la solidaridad es gratuita, cuando en realidad alguien la paga cada vez que sube a un autobús en este país.
MBA, Bernal Rodríguez
Presidente
Canabus
