La gobernanza marina no garantiza la sostenibilidad

Las Áreas Marinas de Pesca Responsable han fortalecido la participación comunitaria, pero solo la evaluación científica de los recursos puede demostrar que una pesquería es realmente sostenible.

Costa Rica ha construido una reputación internacional como líder en conservación marina. Hemos ampliado áreas protegidas, promovido la pesca artesanal y creado las Áreas Marinas de Pesca Responsable (AMPR) como un mecanismo innovador de gobernanza participativa. Sin embargo, existe una pregunta incómoda que pocas veces se plantea y que debería ser el punto de partida de cualquier política pública seria:

¿Cómo sabemos que nuestras pesquerías son realmente sostenibles? La respuesta, lamentablemente, es que en la mayoría de los casos no lo sabemos.

La discusión pública suele asociar la pesca responsable con el uso de artes selectivas, la organización de pescadores o la existencia de reglamentos. Todos estos elementos son importantes, pero ninguno responde la pregunta fundamental: ¿las poblaciones de peces, crustáceos o moluscos mantienen la capacidad de renovarse al ritmo que las estamos explotando?

Desde la ciencia pesquera, la sostenibilidad no se define por buenas intenciones ni por declaraciones administrativas. Se demuestra mediante indicadores cuantificables como biomasa, mortalidad por pesca, reclutamiento y puntos de referencia biológicos que permitan determinar si una población permanece dentro de límites biológicamente seguros. Así lo establece el Código de Conducta para la Pesca Responsable de la FAO desde hace casi treinta años.

El problema es que Costa Rica continúa administrando gran parte de sus pesquerías con información insuficiente. Cuando no conocemos el estado de los recursos, las decisiones terminan basándose en percepciones, experiencia local o criterios administrativos. Aunque estos elementos aportan valor, ninguno puede sustituir la evidencia científica necesaria para determinar si un recurso está siendo explotado de forma sostenible.

Las Áreas Marinas de Pesca Responsable constituyen probablemente uno de los avances institucionales más importantes de las últimas dos décadas. Han fortalecido la participación comunitaria, mejorado el diálogo entre pescadores e instituciones y consolidado espacios de cogestión que anteriormente no existían. Estos logros deben reconocerse.

Pero fortalecer la gobernanza no equivale automáticamente a conservar los recursos. Una comunidad puede estar perfectamente organizada y, aun así, pescar una población sobreexplotada si nadie está evaluando científicamente el estado del stock. Esa diferencia entre gobernanza y sostenibilidad constituye uno de los desafíos más importantes de la política pesquera nacional.

Recientemente aplicamos un modelo de redes bayesianas para evaluar el funcionamiento de las AMPR como sistemas socioecológicos. Los resultados revelaron una realidad preocupante. El compromiso interno de los pescadores con las iniciativas de manejo obtuvo una calificación promedio de apenas 0,27 en una escala de 0 a 1. La efectividad de los comités de seguimiento para generar soluciones alcanzó únicamente 0,30, mientras que la capacidad científica —representada por investigación, monitoreo e infraestructura técnica— también registró un desempeño de 0,30, identificándose como el principal cuello de botella del sistema.

Estos resultados tienen una interpretación clara. El principal problema ya no es únicamente biológico. Tampoco es exclusivamente institucional. Es la desconexión entre ambos.

Podemos construir mejores mecanismos de participación, fortalecer organizaciones pesqueras y promover la cogestión. Sin embargo, mientras no exista un sistema permanente de evaluación científica de las poblaciones explotadas, seguiremos administrando bajo incertidumbre.

La buena gobernanza reduce la incertidumbre institucional. Solo la ciencia reduce la incertidumbre biológica. Esta distinción puede parecer técnica, pero tiene profundas implicaciones económicas y sociales.

Miles de familias costeras dependen de recursos cuya capacidad de renovación desconocemos. La seguridad alimentaria, el empleo y la competitividad del sector pesquero descansan sobre poblaciones cuya condición, en muchos casos, no ha sido evaluada rigurosamente.

En cualquier otra actividad económica sería impensable administrar un activo sin conocer su estado. No aceptaríamos dirigir un banco sin balances financieros ni construir un puente sin estudios estructurales. ¿Por qué seguimos administrando recursos pesqueros sin conocer su biomasa?

Costa Rica necesita dar el siguiente paso. No basta con crear nuevas áreas de manejo. Necesitamos convertir las AMPR en plataformas permanentes de monitoreo científico, evaluación de stocks y manejo adaptativo.

Ello implica fortalecer la investigación pesquera, incorporar equipos multidisciplinarios especializados, institucionalizar programas nacionales de evaluación de poblaciones y utilizar herramientas modernas de análisis para pesquerías con datos limitados.

La pesca responsable no debe convertirse en un concepto aspiracional ni en un sello institucional. Debe ser una condición demostrable. Solo cuando podamos responder con evidencia científica que nuestras poblaciones de especies marinas de interés comercial se mantienen saludables podremos afirmar, con rigor, que Costa Rica practica una pesca verdaderamente responsable.

Porque los ecosistemas marinos no responden a discursos ni a decretos. Responden a la dinámica de las poblaciones, a la variabilidad ambiental y a las interacciones ecológicas que regulan su capacidad de renovación. Esa realidad no se interpreta con opiniones: se demuestra con evidencia científica.

Helven Naranjo-Madrigal, Ph.D

Científico Pesquero, Investigador Interdisciplinario, Egresado de Programa Postdoctoral, School of Aquatic and Fisheries Science, University of Washington, Seattle, USA / Consultor Lynker-University of Washington / Auditor MSC