Históricamente, los derechos de las personas menores de edad en Costa Rica han sido campo de batalla entre la retórica política y la realidad presupuestaria. Sin embargo, hoy enfrentamos una amenaza más sutil pero igualmente devastadora: la ocurrencia. En un mundo saturado de datos, las decisiones que afectan a nuestras personas menores de edad se siguen tomando, con demasiada frecuencia, basadas en intuiciones o intereses de turno, ignorando la evidencia científica.
Ante este panorama, la unión del sector académico no es solo una opción, es un imperativo ético. La Universidad de Costa Rica (UCR) con PRIDENA y la Universidad Nacional (UNA) con INEINA —esta última pionera con su robusta Política Institucional sobre las niñas. niños y personas adolescentes— deben liderar una coalición sin precedentes junto al Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia (INEINA) + PRIDENA y el resto de las instituciones agrupadas en CONARE.
Un Frente Común contra la Improvisación
Esta alianza no debe limitarse al sector público. Es fundamental integrar a las Universidades Privadas en un bloque nacional que actúe como garante técnico de los derechos de las personas menores de edad. ¿Por qué esta unión es vital?
Presencia Nacional: La capilaridad de las universidades en todo el territorio permite leer las realidades locales (rurales, transfronterizas, urbanas) que la Gran Área Metropolitana suele invisibilizar.
Evidencia vs. Ocurrencia: Solo la investigación académica rigurosa puede determinar si los programas de protección están funcionando o si estamos perpetuando ciclos de vulnerabilidad.
Incidencia Política: Un bloque académico cohesionado tiene el peso moral y científico para exigir que las políticas de Estado sean coherentes con la Convención sobre los Derechos del Niño(a).
La protección de las personas menores de edad no es una labor de caridad, sino un ejercicio de justicia técnica y social.
El Ejemplo de la UNA como Norte
La existencia de una política específica en la Universidad Nacional demuestra que es posible sistematizar el compromiso. No se trata solo de investigar sobre las niñas, niños y personas adolescentes sino de crear entornos que respeten su dignidad y de formar profesionales con sensibilidad humana y rigor técnico. Si logramos amalgamar este espíritu con la capacidad investigativa de las Universidades Públicas y la agilidad de las universidades privadas, Costa Rica podría recuperar su sitial como referente regional en derechos humanos de personas menores de edad
Conclusión
Hago un llamado al CONARE, a los rectores y a las diferentes facultades de las Universidades: es hora de deponer parcelas institucionales. La defensa de nuestras niñas, niños y personas adolescentes requiere un cerebro colectivo que piense el país con evidencia, que denuncie con datos y que proteja con ciencia. Sin una academia unida, los derechos de las personas menores de edad seguirán siendo papel mojado ante el vendaval de las ocurrencias políticas.
Rodolfo Vicente Salazar
Abogado y Notario Publico
Especialista en Derechos de Personas Menores de Edad
Especialista en Ordenamiento Jurídico de Niñas, Niños y Lo resinas Adolescentes
Especialista en docencia Universitaria
Master en Derechos Humanos y Educación para la Paz
Académico Jubilado de la UCR y UNA (INEINA)





































