FORTALECER EL SBD ES APOSTAR POR EL DESARROLLO ECONÓMICO NACIONAL

Paulina Ramírez

Diputada

PLN

Cada cuatro años, por disposición de la Ley Nº 8634, Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD), el Consejo Rector debe instalar y juramentar a la Comisión Evaluadora, con el objetivo de realizar una evaluación integral del accionar del SBD, en relación con la implementación de las políticas y metas, así como el impacto social y el acceso a oportunidades de los sectores prioritarios.

También se debe evaluar el impacto socioeconómico de cada uno de los fondos de financiamiento del SBD y el cumplimiento de las directrices legales y económicas en la gestión de créditos y administración de la cartera, direccionamiento con el Plan Nacional de Desarrollo y cualquier otro asunto que la Comisión considere relevante.

El pasado 26 de septiembre, la Comisión Evaluadora expuso, ante el auditorio presente en el Salón de Presidentes y Presidentas de la República de la Asamblea Legislativa, los resultados del III Informe de Evaluación del SBD, sus valoraciones generales y las recomendaciones emitidas.

El fortalecimiento de la política pública que incentive el desarrollo económico nacional forma parte de la agenda que me propuse hacer avanzar como Diputada de la República y, por eso, convoqué a altos jerarcas, legisladores y legisladoras, embajadores y miembros de misiones diplomáticas, representantes de organismos internacionales, autoridades municipales, sector privado y organizaciones, para que presenciaran los resultados de este importante informe.

El interés por fortalecer el Sistema de Banca para el Desarrollo fue lo que reunió a tantos actores sociales y políticos. Sé que ellos y yo, estamos convencidos de que enfrentar los desafíos económicos y sociales del futuro requiere de incentivar el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, las cuales representan más del 95% del parque empresarial del país.

Las personas trabajadoras y los sectores productivos fueron los más afectados a causa de la pandemia, y sus efectos se acrecentaron debido a la crisis alimentaria y energética que estamos atravesando a nivel mundial. Por eso, es responsabilidad de todas y todos los actores sociales y políticos, implementar acciones para promover la productividad empresarial y proteger los ingresos de las personas.

Las recomendaciones que hace la Comisión Evaluadora ponen de manifiesto una serie de desafíos que presenta el SBD, pero también nos señala pasos importantes que ha dado para habilitar un entorno que le permita a las MIPYMES mayor inclusión financiera, mejores redes de apoyo y la necesaria transformación empresarial que requiere una economía cada vez más globalizada.

Después de la reforma a la Ley del SBD en el 2015 (de la que fui parte siendo Diputada en el periodo 2014-2018), la Comisión Evaluadora pudo constatar una importante colocación de fondos y un cambio en el entorno empresarial, al introducir instrumentos de apoyo a la innovación. Durante el periodo de estudio, se colocaron 76% de los créditos que históricamente ha otorgado el SBD desde su creación en el 2008, focalizado principalmente en micro y pequeñas empresas.

Esto solo es posible cuando hay voluntad política y cuando construimos de manera conjunta con todos los actores involucrados. Y es un gran reflejo, por supuesto, de que este país le sigue apostando a las personas emprendedoras y a las MIPYMES.

Sin embargo, a pesar de los grandes avances, el SBD es un instrumento de política pública que requiere de la mejora continua, de manera que tanto operadores como colaboradores caminen bajo un mismo norte. Igualmente, es importante que todos sus productos, servicios financieros y no financieros se alineen estratégicamente, con el objetivo de hacer crecer al sector productivo.

Además, no es coincidencia que la Comisión Evaluadora haya detectado al riesgo político como una de las amenazas para el SBD. Todavía hoy, se siguen presentando proyectos de ley que destinan los recursos del Sistema de Banca para el Desarrollo para otros fines, sin considerar sus objetivos, sus sectores prioritarios de atención (como mujeres, personas jóvenes y zonas de menor desarrollo), sus instrumentos y la limitación de sus fondos.

Por el contrario, desde la Fracción del Partido Liberación Nacional estamos comprometidos con apoyar a la micro, pequeña y mediana producción, a través de la política pública que fue creada para ello, como lo es el SBD.

Por eso, estamos trabajando en fortalecer el SBD mediante una reforma de ley, para ampliar el espectro de poblaciones beneficiarias, facilitar el acceso a los recursos del SBD, crear condiciones más favorables para los operadores financieros y permitir una mayor coordinación con otras instituciones públicas; reforma de ley que es coincidente con las recomendaciones que nos expuso la Comisión Evaluadora.

No perdamos de vista que la tarea de forjar MIPYMES fuertes y resilientes sigue siendo un tema país, y requiere determinación, planificación y mucha coordinación entre el sector público y privado. Honremos nuestra deuda con las personas emprendedoras y el sector productivo costarricense.