Edición impresa
¡Manténgase al día!
Reciba las últimas novedades e información directamente en su correo.
MBA, Bernal Rodríguez
Presidente de CANABUS
La labor que realiza la Fuerza Pública en Costa Rica es indudablemente esencial. Su compromiso con la seguridad ciudadana, su presencia activa en nuestras comunidades y su disposición para actuar en momentos críticos hacen que este cuerpo policial merezca el respeto y reconocimiento de toda la ciudadanía. No obstante, las formas en que dicho reconocimiento se traduce en políticas públicas deben ser cuidadosamente analizadas, especialmente cuando afectan a servicios esenciales como el transporte público.
Recientemente se ha anunciado un plan piloto voluntario que permitiría a los oficiales de la Fuerza Pública viajar sin pagar pasaje en autobuses de rutas regulares, como parte de un esfuerzo del Poder Ejecutivo por fortalecer su bienestar y, al mismo tiempo, la seguridad en el transporte colectivo. Esta iniciativa fue respaldada públicamente por una cámara empresarial, sin que se consultara a la industria del transporte remunerado de personas, modalidad autobús. Tampoco ha sido aprobada por el Ente Rector, el Consejo de Transporte Público (CTP), ni por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), asunto que ha generado una percepción errónea sobre la representación activa de esta actividad.
Desde la Cámara Nacional de Autobuseros (CANABUS) estamos de acuerdo en apoyar al cuerpo policial, pero también creemos que estas soluciones deben ser construidas entre los involucrados, en este caso, la amplia base de empresas autobuseras. Nuestra organización es la más representativa del país en términos de concesionarios y permisionarios, y agrupa a una gran parte de los operadores de las rutas que diariamente mueven a miles de costarricenses y que enfrentan importantes desafíos financieros y operativos para sostener un servicio de calidad.
Nos preocupa profundamente que se pretenda tentativamente otorgar beneficios sin establecer previamente tres condiciones fundamentales:
- Un mecanismo claro de identificación del beneficiario, que asegure que el uso del beneficio se limite a quienes corresponde.
El transporte público en Costa Rica opera bajo un principio de servicio al costo, lo cual significa que las tarifas, aprobadas por ARESEP, que pagan los usuarios, cubren directamente los gastos de operación. Cualquier distorsión en esta ecuación —como permitir que un segmento de la población viaje gratuitamente, sin definir cómo se compensarán los ingresos que dejarán de percibir los operadores— pone en riesgo el equilibrio económico-financiero del sistema de transporte. En otras palabras, si no se paga ese pasaje, alguien más debe asumir ese costo, y no es justo que sean los empresarios del sector o, eventualmente, el resto de los usuarios.
La industria del transporte no se opone al reconocimiento de la Fuerza Pública ni a la posibilidad de brindarles facilidades de movilidad. Lo que solicitamos es que, si se desea otorgar este tipo de beneficio, se haga con responsabilidad y transparencia: con financiamiento definido, controles adecuados y sin comprometer la sostenibilidad del servicio.
Si buscamos un transporte público moderno, eficiente y justo, necesitamos que todas las personas que viajan cancelen su pasaje, salvo en los casos donde el Estado, como parte de una política pública estructurada, indique quién asumirá ese costo. Solo así podremos garantizar que el sistema siga funcionando y que todos los ciudadanos, incluidos nuestros valientes policías, tengan acceso a un transporte digno y sostenible.
