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Vigilancia sobre una medida urgente


La decisión del Gobierno de incrementar el patrimonio de los bancos estatales y con ello abrir la posibilidad de que estos brinden nuevos créditos hasta por $1.170 millones al sector productivo y comercial del país es, en principio, una importante y probablemente única alternativa para que Costa Rica reduzca los embates de la crisis económica mundial.
Lograr que la tasa de desempleo del país se mantenga estable pasa por acciones como esta, con la que las autoridades esperan conservar aceptables niveles de producción, un buen desempeño de las pequeñas y medianas empresas y un consumo sostenido que no cause alteraciones al sistema.
Pero el éxito del proyecto dependerá en gran medida de la capacidad que tengan el Ejecutivo, los diputados que voten el proyecto y los propios bancos de aplicar una vigilancia suficiente para garantizar que los beneficios de la capitalización alcancen al mayor número de costarricenses de una u otra forma.
Confiamos en que no sea necesario que el Gobierno deba decirle a cada banco beneficiado la forma en que debe colocar la nueva cantidad de que dispone ahora para créditos, una medida que además podría abrir un debate extenso en el tema de las atribuciones estatales.
De la misma manera queremos suponer que los bancos estatales tendrán siempre claro que el otorgarles más flexibilidad crediticia no es otra cosa que dejar en sus manos la enorme responsabilidad de jugar bien la que podría ser la única carta disponible contra la crisis.
Será de la forma en que los bancos Nacional, de Costa Rica y Bancrédito abran sus llaves de préstamo, de lo que dependerá el efecto multiplicador de beneficios que se espera tener de la capitalización lograda con dinero del superávit financiero.
Podría ser también la oportunidad para que el sistema bancario nacional demuestre que a pesar de estar inmerso en la dura competencia del sector, todavía sabe distinguir el momento en que debe emplearse a fondo por sus dueños: todos los costarricenses.

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