Universidades estatales advierten: régimen unificado que propone proyecto de empleo público violenta su autonomía
Karla Barquero karlabarquero.asesora@larepublica.net | Martes 02 febrero, 2021 02:28 p. m.
El proyecto de ley de empleo público tiene contradicciones, ambigüedades, incompatibilidades, violación a principios constitucionales, evasión del problema real del país y otras debilidades, advirtieron especialistas de las universidades públicas del país en un foro organizado por el Consejo Nacional de Rectores.
Por ejemplo la ubicación de los 270 mil empleados públicos en un único régimen dividido en las ocho tipos de familia que propone el proyecto (servidores en generales, salud, policiales, servicios civiles, docentes, Tribunal Supremo de Elecciones, funciones en exterior y puestos de confianza) es una violación a la autonomía universitaria contemplada en los artículos 84 y 85 de la Constitución Política, afirmó Ana Lucía Valencia, de la Oficina Jurídica de la Universidad Estatal a Distancia.
Otro punto que se comentó en el foro, es que el proyecto no solucionaría el déficit fiscal.
"Por el contrario, esconde las principales causas: evasión y elusión; precariza la condición laboral de los trabajadores, pues congela los salarios permanentemente y con ello contribuye al empobrecimiento generalizado; convierte la evaluación de desempeño en un mecanismo de control y despido, pues se desregula las causales de despido; violenta el derecho a la negociación colectiva y fomenta la desaparición de las organizaciones gremiales (...) modifica la gobernanza interna del estado hacia un modelo autoritario y, finalmente, atenta contra la autonomía universitaria y la propia forma de hacer universidad", añadió Geovanni Beluche, de la Cátedra de Bioética y Derechos Humanos de la UTN.
Otra de las dudas recae en el tema de incentivos. Por ejemplo en el régimen académico los hay por productividad y se obtienen con las publicaciones científicas y para cuya valoración las universidades mantienen un sistema basado en la productividad.
"Dudo que el Mideplan (o la Dirección de Servicio Civil, como se propone) tenga la métrica para ponderar la producción, el servicio y la docencia que ofrecen las universidades; además indicó el costo por realizar estudios de mercado para saber cuál debería ser el pago sería muy alto, y sin un estudio es imposible determinar cuánto es el ahorro del gobierno", afirmó José Antonio Cordero, del Instituto de Investigación en Ciencias Económica de la UCR.
