Por cada ¢100 que se recaudan, Costa Rica gasta ¢50 en pagar a empleados públicos, según la OCDE

El 50% de los ingresos que recauda el Ministerio de Hacienda se utilizan para pagar el salario de los empleados públicos todos los años, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) o Club de los Países Ricos.

Este gasto implica que Costa Rica es el país que más dinero invierte porcentualmente en la OCDE para pagar a su aparato estatal.

Esto, porque en el conocido Club de los Países Ricos, el promedio es de un 25%.

El dato cobra relevancia en momentos en que la Asamblea Legislativa tramita una reforma al empleo público, que promete ahorrarle al país unos ¢300 mil millones al año.

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Sin embargo, los diputados parecen olvidar la importancia de la iniciativa y ya bloquearon el proyecto con más de 300 mociones.

El problema, es que sin un acuerdo político, sería prácticamente imposible avanzar con el plan en el Congreso, el cual, requeriría de 38 votos para aprobarse en primer debate.

Quitar la rectoría del empleo público al Ministerio de Planificación, regular las convenciones colectivas y fijar un salario estándar, son algunos de los temas que hacen dudar a los legisladores.

Incluso, hay diputados como Roberto Thompson de Liberación Nacional y Pedro Muñoz de la Unidad, que han presentado otra propuesta de ley, al considerar que el proyecto actual no puede avanzar porque presenta vicios de ilegalidad.

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“En política el orden de los factores sí altera el producto. Lo primero que se necesita para reestructurar las finanzas de este país es una ley seria y por ello, nosotros desde la oposición, no nos quedamos solo criticando una nefasta y espuria propuesta del gobierno, sino que también hacemos una propuesta que sí es seria”, dijo Muñoz a LA REPÚBLICA.

Mientras tanto, el gobierno de Alvarado considera al plan de empleo público como una de las reformas estructurales más importantes; además del corazón de la propuesta al Fondo Monetario Internacional (FMI), para un préstamo de $1.750 millones.

Establecer un mismo salario para los empleados públicos con iguales responsabilidades, le permitiría al Estado ahorrar más de ¢300 mil millones al año en promedio, según las estimaciones que hace Pilar Garrido, ministra de Planificación.

El ahorro se generaría al congelar los pluses salariales de las mejores remuneraciones del sector público, ya que los funcionarios que tengan un salario por encima del sueldo estándar, no podrán recibir aumentos de ningún tipo.

En los casos en que el trabajador gane menos que el salario único, existirá la posibilidad de hacer un ajuste hacia arriba, por lo que el Estado tendrá que invertir ¢32 mil millones para incorporar al salario global a unos 28 mil funcionarios que hoy ganan menos de la remuneración estándar que se fijará.

Sin embargo, este traslado no implicaría un impacto en las finanzas públicas, ya que el Gobierno aplicará a partir del 2021 y por 12 años, la regla fiscal que prohíbe el aumento por costo de vida en las remuneraciones para todo el sector estatal, cuando la deuda pública supere el 60% del PIB.

De esta forma, los salarios públicos quedarían congelados hasta 2033, cuando se prevé que haya un retroceso en el nivel de la deuda.

Al aplicar dicho instrumento y aprobar la ley de empleo público, se lograría un ahorro en el primer año de 0,6% del PIB (¢209 mil millones), mientras que para el año 14, el ahorro superaría el 0,9% del PIB (¢314 mil millones) al año, dijo Garrido.

“En el proyecto impulsamos un transitorio que, dada la situación de la deuda pública, incluya la aplicación de la regla fiscal y contemple los ahorros por anualidades que se dejarán de pagar a quienes se trasladen al salario global. Esto, generará un ahorro desde el año uno de 0,6% del PIB solo en Gobierno Central y alcanzaría un 0,9% del PIB en el año 14”, explicó Garrido.

La iniciativa ya inició trámite en el plenario para su votación en primer debate y es considerada como la ley “más ambiciosa” en cuanto a la reforma del Estado por parte Garrido.