ROP: Propiedad, libertad y responsabilidad institucional

En medicina, cuando un paciente empeora, el primer acto ético no es culparlo. Es revisar el tratamiento.

Existe un concepto incómodo, pero necesario, que todo buen médico reconoce: iatrogenia. El daño causado no por la enfermedad, sino por quien debía curarla.

Costa Rica enfrenta hoy un cuadro que se parece peligrosamente a eso.

El debate sobre el Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP) se ha construido sobre una premisa aparentemente razonable: proteger al trabajador de sus propias decisiones. Se advierte que retirar los fondos podría generar pobreza futura, presión fiscal y vulnerabilidad en la vejez. Se sugiere que el ciudadano podría equivocarse... y que, por tanto, el Estado debe intervenir.

Pero ese diagnóstico parte de una omisión crítica. El paciente ya está perdiendo y no por su conducta, por el tratamiento.

El ROP no es un programa asistencial. Es un sistema de capitalización individual, creado bajo la Ley de Protección al Trabajador (Ley N° 7983). Es ahorro del trabajador. Patrimonio construido a lo largo de décadas. No pertenece al Estado. No pertenece al sistema. Pertenece a la persona.

Ese diseño responde a una lógica clara: diversificar el ingreso en la vejez, reducir presión sobre el sistema público y fortalecer la responsabilidad individual. Hoy, el fondo acumula más de ₡14,4 billones, equivalente al 14,4% del PIB, con 3,2 millones de afiliados. Es el activo financiero más grande construido colectivamente por los costarricenses.

Desde el punto de vista constitucional, la línea es precisa. El artículo 45 establece que la propiedad es inviolable. El artículo 50 obliga al Estado a procurar el mayor bienestar de los habitantes.

En este sentido, es claro que el Estado no es propietario. Es garante.

Y un garante que limita el acceso al patrimonio sin una justificación extraordinaria deja de ser garante... y se convierte en controlador.

La propia Sala Constitucional ha reconocido, en su jurisprudencia consolidada, que los fondos del ROP constituyen propiedad privada y añade un matiz, esta propiedad no puede ser afectada al cumplimiento de un fin, que es garantizar la seguridad económica en la vejez. Ese matiz es importante, porque si el Estado es custodio de un patrimonio ajeno con un propósito definido, su primera obligación es que ese patrimonio no se deteriore. Cuando el tratamiento erosiona el valor de lo que debe proteger, el garante ha fallado en su función.

Sin embargo, en el discurso reciente, el trabajador ha pasado de ser propietario a ser sospechoso.

Se cuestiona su capacidad de decisión. Se plantea la necesidad de restringir su acceso. Se construye una narrativa de riesgo futuro. Mientras tanto, se minimiza —o se ignora— el impacto presente de decisiones macroeconómicas que ya están erosionando ese patrimonio.

El contexto político es revelador. Es un tema que se ha politizado en medio de una política poco congruente y clara, pero con una narrativa manipuladora y llena de falacias.

El ROP ha sido, en la práctica, un instrumento político más que una prioridad de gobierno. Las reformas al ROP nunca fueron prioridad hasta que hubo votos de por medio.

Traduzcamos la macroeconomía a la vida cotidiana

Una parte importante de los fondos del ROP —aproximadamente el 40%— está invertida en el extranjero, principalmente en dólares. Esto es una práctica estándar para diversificar y proteger valor.

Pero en los últimos años, Costa Rica ha experimentado una fuerte apreciación del colón. El tipo de cambio paso de niveles cercanos a ¢700 por dólar a niveles alrededor de ¢463 en abril de 2026, el más bajo en más de 20 años.

Un fondo de $100.000. A ¢700 son ₡70 millones. A ¢463 tendría un equivalente ₡46,3 millones. ₡23,7 millones de diferencia.

No es una cifra técnica. Es el valor de una vida laboral transformado por el entorno. Es capacidad de consumo que desaparece. Es margen de dignidad que se reduce.

Y este no es un ejercicio teórico. Solo entre enero y febrero de 2026, los fondos del ROP perdieron ₡254.000 millones en valor, según reportes de la propia industria. Popular Pensiones, la mayor operadora con el 40% de participación de mercado, absorbió la mayor parte de la caída.

Esa pérdida no proviene de una decisión del trabajador. Proviene del sistema, de un Estado que debería ser garante.

La política monetaria ha mantenido tasas que, aunque han bajado desde el 9% de 2023 al 3,25% actual, generaron durante años un diferencial atractivo frente a mercados internacionales. Ese diferencial atrajo capital externo. La inversión extranjera directa supero los US$5.000 millones por segundo año consecutivo en 2025. Ese capital fortalece el colón.

El Banco Central interviene comprando dólares —US$659 millones solo en las primeras semanas de 2026— y emitiendo deuda, los Bonos de Estabilización Monetaria (BEM), para esterilizar la liquidez. Con la entrada de capital hay una apreciación del colón, pero al mismo tiempo una pérdida de valor de los activos en dólares, es decir esta emisión de deuda es simplemente para sostener un sistema agonizante.

En medicina, esto sería equivalente a administrar un fármaco que estabiliza un parámetro, pero deteriora otros órganos. El signo mejora, pero el paciente empeora.

La inflación interanual se ubica en -2,73%, con 34 meses consecutivos por debajo de la meta. Costa Rica vive un escenario deflacionario inusual. Y mientras eso ocurre, el propio Banco Central ha simulado que una devolución masiva del ROP podría apreciar el colón ₡15 adicionales, presionar tasas al alza y generar distorsiones. Es decir: el sistema advierte que devolver el dinero podría empeorar las variables que el propio sistema ya está desequilibrando. La paradoja es completa.

Mientras el sistema permite —y en algunos casos induce— pérdidas reales en el patrimonio del trabajador, se le dice que no puede disponer libremente de lo que le queda. Que debe esperar. Que debe ser prudente. Que otros decidirán mejor.

Es un desplazamiento de responsabilidad. El error ocurre arriba. El costo se distribuye abajo.

El trabajador costarricense no es un actor pasivo. Es quien genera riqueza. Quien sostiene el sistema, quien ahorra, quien construye. Reducirlo a un sujeto que debe ser protegido de sí mismo es una forma sofisticada de desconfianza institucional. Se debería estar discutiendo, como alternativa, los retiros parciales porcentuales del ROP de acuerdo con la expectativa de vida que las Naciones Unidas establece para Costa Rica, con base en el año de nacimiento de cada persona, dado que ha ahorrado para su retiro obligatorio como parte de su pensión, a lo largo de su vida laboral.

Y el Estado, por su parte, debe recordar su naturaleza. Sus funcionarios son empleados públicos. Sujetos a la Constitución. Limitados por ella.

Cuando el Estado acumula deuda para sostener políticas, genera distorsiones en variables clave como el tipo de cambio y afecta el valor del ahorro de los ciudadanos, pierde autoridad moral para restringir la libertad individual bajo el argumento de protección.

Por eso, el debate del ROP no es técnico. Es ético. Es constitucional.

El ROP no es del Estado, no es del sistema. Es del trabajador. Costa Rica alberga una de las cinco zonas azules reconocidas del mundo en la Península de Nicoya, estas son las regiones asociadas con longevidad donde viven más y mejor las personas y se caracteriza por la calidad de vida individual, la autonomía de las personas, la libertad con propósito y por su capacidad de decidir.

Cuando ese trabajador llega al final de su vida productiva, lo que merece no es tutela. Es respeto. Defender lo que es propio no es rebeldía. Es responsabilidad cívica.

Porque cuando el tratamiento falla, no se corrige controlando al paciente. se corrige cambiando el tratamiento y devolviéndole al paciente el control sobre su propia vida.