Permítanos decidir nuestro futuro eléctrico

La población y el empresariado costarricense tienen todo el derecho a decidir su propio futuro eléctrico. Esta decisión no tiene por qué dejarse al gobierno. No estoy refiriéndome a la energía eléctrica con la que ya contamos, sino a la que vamos a necesitar en los próximos 30 años. Y para ello es imprescindible visualizar y cuantificar la cantidad de energía que vamos a necesitar en nuestras casas, negocios, industria y transporte.

Y para lograrlo solamente contamos con dos modelos de producción de esa energía: el centralizado, que ha sido el utilizado hasta la fecha y que tiende a encarecerse, y el distribuido, que es mucho más económico, pero que no nos han permitido desarrollar con nuestros propios recursos económicos. El modelo centralizado requerirá no solo enormes inversiones en el proceso de generación, sino también en la expansión de la potencia de trasiego en las redes de transmisión y distribución.

El modelo de generación centralizada es aquel bajo el cual Costa Rica se desarrolló durante los últimos 75 años bajo la responsabilidad casi monopólica del ICE. Consistió en la construcción de grandes represas y de sus plantas de generación eléctrica, así como de parques geotérmicos y eólicos en zonas alejadas de los centros de consumo y demanda. Para transportar esa energía eléctrica fue necesaria también la construcción de subestaciones de gran potencia de salida de las plantas y de sus líneas de transmisión a alto voltaje de cientos de kilómetros hasta los centros urbanos y sus subestaciones de distribución.

Es por lo anterior que las tarifas eléctricas contienen tres cargos bien definidos: el de la generación, que a la fecha es de un 60% del total, y los de transmisión y distribución, por el 10% y 30% restantes.

En un sistema centralizado, aun cuando se logre sustancialmente reducir el costo de la generación recurriendo a nuevas tecnologías como la solar, el costo de la transmisión y distribución permanecerá incambiable, y más bien tenderá a incrementarse en la medida en que se incremente la demanda.

En un modelo distribuido, como el que se pretendió impulsar con la Ley 10.086, el costo de la generación se reduce a menos de un 25% de lo que actualmente pagamos, y adicionalmente ya no se paga el canon por transmisión y distribución, que en suma es un 40% del recibo mensual total.

De permitírsenos, mediante una regulación de instalación de miniplantas, así como de su tarificación, la inmensa mayoría de los costarricenses y de sus empresas optarían por la reducción sustancial con respecto al pago mensual actual de su energía eléctrica. Ya miles de hogares rurales han optado por esta solución.

Y la razón es muy sencilla: un kilovatio hora suministrado hasta el medidor eléctrico nos cuesta, en promedio, un precio en el rango de los 80 colones hasta los 130 colones. El mismo kilovatio hora, limpio y confiable, generado en el modelo distribuido, sería muchísimo más competitivo que el que actualmente pagamos. Podría estar en el orden de los 10 a los 20 colones, dependiendo de la potencia y del avance tecnológico. Y no solo los hogares y negocios podrían recurrir a la generación distribuida, sino que también el sector fabril, el cual muy posiblemente también opte por ser propietario de su propia planta de generación, aunque pague un peaje por transporte desde el sitio más apropiado con el recurso energético renovable, como es la radiación solar, hasta su fábrica.

No dudo que muchas fábricas optarán por trasladar sus centros de producción a sitios semirrurales con predios de bajo costo aledaños, con el propósito de construir su propia planta solar fotovoltaica. Lo mismo pienso de las futuras zonas francas y demás conglomerados de producción.

¿Qué nos impide, entonces, optar por ese futuro prometedor y por el cual escribo este artículo?

Son múltiples los intereses económicos y sus representantes políticos los que por ahora nos lo impiden. Hemos sido testigos de que los primeros en poner trabas ilógicas y de poco sustento técnico fueron las empresas distribuidoras de electricidad, al justificar ante la Aresep como un atentado a su actividad económica la proliferación de miniplantas solares. Luego hemos sido también testigos de cómo sectores políticos representantes de intereses económicos del actual negocio eléctrico siguen oponiéndose, aun hasta de un proyecto de ley que simplemente intentaba atraer grandes capitales privados y públicos para ser invertidos en la producción de energía eléctrica utilizando nuestras propias fuentes renovables, aun cuando el modelo de preferencia seguía siendo el centralizado.

El estancamiento del proyecto de armonización eléctrica abre un espacio de tiempo para el debate sobre nuestro futuro energético, incluyendo el eléctrico, y adicionalmente posterga por muchos años más las enormes inversiones que requerirán las futuras redes de transmisión y distribución.

Pero para que eso ocurra es necesario que haya un mínimo de verdadera voluntad política, de claro entendimiento del futuro que queremos y de presión popular, que por ahora solo se manifiesta en redes sociales y muy poco ya en los medios de comunicación tradicionales.

Y para que haya un consenso en el sector político es sumamente necesaria la negociación y no la confrontación e imposición. Todos tenemos la obligación de contribuir a un futuro más halagador y menos caro que el actual.

Ricardo Trujillo Molina

Experto en Ingeniería Fotovoltaica

gerencia@fibrotel.cr