Leiner Vargas

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Martes 17 Enero, 2017

Sacarle del bolsillo a un millón y medio de trabajadores un punto porcentual de su salario disminuye la liquidez del consumo

Reflexiones

Pensiones de IVM en la picota

A mediados de la semana anterior, la junta directiva de la Caja de Seguro Social tomó la decisión de elevar en un 35,21% la cotización de los trabajadores al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
Dicha medida se reportó como una salida de corto plazo y de emergencia para atender los problemas financieros que enfrenta el sistema de pensiones de la Caja y que fueron evidenciados por los resultados de varios estudios, incluyendo por supuesto, el último de ellos realizado por la Universidad de Costa Rica.
La cuota de los trabajadores pasó de un 2,84 a un 3,84% de su salario, subiendo un punto porcentual a partir de junio de 2017. Dicho anuncio también plantea que la estabilidad financiera del sistema de pensiones requeriría otras medidas, que se empezarían a discutir con los distintos grupos sociales, los empleadores, sindicatos y por supuesto, el Estado en los próximos meses. Es importante aclarar que el sistema de pensiones de IVM es el de mayor tamaño del país y a este cotizan alrededor de un millón y medio de costarricenses.
El régimen de IVM es de reparto, donde todos los ingresos van a un fondo común, del cual se pagan las pensiones del presente y los dineros restantes, si es que sobran, son invertidos para asegurar una rentabilidad financiera que permita pagar las pensiones del futuro. Es un sistema solidario, tanto entre como inter-generacionalmente hablando, lo que significa que quienes ganan más salario cotizan proporcionalmente más alto, por lo que colaboran solidariamente con quienes cotizan poco y no podrían acumular suficiente para garantizarse una pensión mínima. El sistema de IVM no tiene ningún privilegio, dado que el tope de pensión es de menos de ¢2 millones, los derechos sobre la pensión a terceros son esencialmente relacionados con atender a los niños y adolescentes en edad escolar y las personas con alguna discapacidad. Las pensiones mínimas son equivalentes a lo requerido para no estar en condición de pobreza, por lo que es un sistema fundamental en la atención de la población adulta mayor y sus condiciones y calidad de vida.
El sistema de IVM plantea solidariamente que los salarios cotizados por los más jóvenes colaboran a tener una pensión digna a las personas adultas mayores o discapacitados, que van saliendo del mercado laboral. Tampoco debe confundirse este sistema con las pensiones a cargo de Asignaciones Familiares, que son en realidad un sistema de atención a la pobreza extrema, al amparo de los recursos del FODESAF. Digo todo esto para evitar confusiones, sobre todo entre los costarricenses que muchas veces asocian de manera errónea los debates de cambio en los sistemas especiales de pensiones, tales como el Sistema de Pensiones del Magisterio Nacional (profesores y maestros) o las pensiones del Poder Judicial o de Hacienda, e inclusive hasta el régimen especial para exdiputados. Repito, que los problemas de excesos, pensiones de lujo y abusos, no están presentes en el sistema de IVM de la Caja.
Siendo así, ¿por qué motivos el sistema de pensiones de IVM presenta resultados financieros tan agobiantes? ¿Qué factores explican la situación financiera del sistema? Pero sobre todo, ¿qué medidas se pueden tomar para evitar su quiebra y fortalecer a corto, mediano y largo plazo su estabilidad? Quiero concentrarme en las dos primeras preguntas en lo que sigue, dejando para la semana siguiente, la tercera y más importante pregunta, a saber las soluciones posibles para el país en este campo.
La situación financiera del régimen de IVM tiene esencialmente tres grandes dilemas que deben tomarse en cuenta para sus soluciones. El primero es referido a la pérdida del bono generacional, es decir, el cambio en la condición etaria de la población. Dicho en sencillo, la sociedad costarricense envejece, por lo que como tendencia tenemos más pensionados y menos cotizantes. A este factor, se suma que cada vez los y las costarricenses vivimos más, por lo que el número de años promedio de recibir pensión aumenta, generando un desbalance generacional. Un tercer factor se asocia con un mercado laboral desenganchado de la dinámica de la economía, con una población flotante que cada día es más grande que no contribuye al sistema de seguridad social, ya sea por su condición de desempleado o por la informalidad de su condición laboral. La existencia de un creciente número de trabajadores por cuenta propia, que propicia que profesionales liberales coticen cuotas mínimas al sistema, en proporción a sus ingresos, generando un claro desbalance que afecta los ingresos esperados futuros del sistema. Uno de esos grupos liberales son el propio gremio de los doctores, que no cotizan lo relacionado a sus ingresos por cuenta propia, en consultorio liberal, siendo ellos causantes de un desfalco gigantesco al propio sistema de seguridad social.
Existen otros causantes menores que deben atenderse también, como la poca rentabilidad del fondo, la mora creciente de algunos sectores privados y del propio Estado, la mayor accidentabilidad de los trabajadores y su condición de invalidez producto de las deficiencias del sistema de transportes, la situación de evasión del sector privado que acude a pagos en especie, casa, auto, escuela de los hijos, viajes o vacaciones pagadas, etc. para evitar engrosar los salarios sobre todo de ejecutivos que deben pagar a la Caja y al régimen de solidaridad del IVM. Estos temas deben ser de dominio público, de tal manera que aquellas empresas de realicen dichas maniobras evasivas deben de ser publicadas como evasores del sistema. En este tema los que menos margen tienen son los trabajadores del sector público, quienes deben reportar la totalidad de su salario al sistema sin mayor margen de evasión.
Mi principal preocupación con el tema y la medida tomada por la junta directiva de la Caja de elevar de manera inconsulta y abrupta un 35,21% la cotización de los trabajadores, es que el efecto de dicha medida puede terminar siendo un bumerán que golpea a la economía del país, a los trabajadores y sus familias y a mediano y largo plazo, al propio sistema de pensiones que pretende atender. Es decir, de no tener cuidado con el tratamiento del tema, los resultados de la medicina aplicada por la junta directiva de la Caja pueden ser peores que la enfermedad. Sacarle del bolsillo a un millón y medio de trabajadores un punto porcentual de su salario disminuye la liquidez del consumo en medio de una situación económica que apenas camina.
En efecto, a corto plazo puede incrementar los ingresos del sistema de IVM, pero las condiciones laborales del país son precarias, la evasión del pago de dicho aporte es creciente y preocupante, sobre todo entre los trabajadores informales y los asalariados del sector privado que ganan sumas superiores a los 2 millones de colones. La medida aumenta la tasa de recolección pero puede tener un doble efecto sobre la base, generando un fenómeno de mayor evasión, mayor exclusión e informalización del trabajo asalariado. Empero, como dice el dicho popular, quizás la decisión de la Caja fue llena de buenas intenciones, pero, “de buenas intenciones está lleno, el camino al infierno”.

Dr. Leiner Vargas Alfaro
www.leinervargas.com