Nuestro ROP no se toca, los impuestos se discuten sin filtros

En redes sociales, todos entendemos lo que hace un filtro. Suaviza, maquilla, corrige, disimula. Hace que algo aparente ser mejor, más limpio o más inocente de lo que realmente es. El problema empieza cuando esa lógica salta del mundo digital al mundo tributario, porque una cosa es usar filtros en una fotografía y otra muy distinta es presentarle al país un proyecto de ley fiscal que, bajo una apariencia de orden, modernización y neutralidad, esconde en su redacción ambigüedades que podrían poner en duda el ahorro de los trabajadores. Los impuestos se discuten sin filtros. Nuestro Régimen Obligatorio de Pensión Complementaria (ROP) no se toca.

La realidad, cuando es incómoda, muchas veces se maquilla. Se le baja el tono, se le pone lenguaje técnico, se le cruzan artículos, se le agregan definiciones enredadas y se presenta con una narrativa tranquilizadora. Y precisamente ahí está el problema del expediente 23.760, proyecto de nueva Ley del Impuesto sobre la Renta, presentado por el Poder Ejecutivo y aún en trámite legislativo. Su texto, leído de forma integral, no permite afirmar con rigor que ya haya creado de manera abierta un impuesto nuevo sobre el ROP y el Fondo de Capitalización Laboral (FCL). Pero sí deja una ambigüedad lo suficientemente seria como para alarmar a cualquier trabajador que quiera defender lo suyo.

¿Por qué? Porque el proyecto, por un lado, incluye dentro de las rentas del capital mobiliario las rentas vitalicias, permanentes o programadas del ROP y del Régimen Voluntario de Pensión Complementaria (RVPC), así como los beneficios que recibe el afiliado cuando se le acreditan o pagan fondos del Fondo de Capitalización Laboral. Luego, esas rentas son llevadas a la llamada base imponible especial, sobre la cual se fija una tarifa única del 15%. Visto así, el mensaje que recibe el ciudadano común es clarísimo: aquí metieron en la canasta tributaria el ahorro previsional y laboral del trabajador.

Pero el mismo expediente, más adelante, intenta corregir la impresión que él mismo generó. En el artículo 7 incorpora una exención expresa para las rentas del ROP y del RVPC, así como para la devolución del capital y rendimientos del FCL. Y ahí es donde aparece el verdadero filtro: el proyecto primero siembra la sospecha y luego la maquilla. Primero incluye y después exime. Primero enreda y luego pide confianza. Primero genera miedo y luego pretende tranquilizar con una salida técnica escondida en otra parte del articulado. Eso no es transparencia. Eso no es claridad. Eso no es respeto al contribuyente.

Una ley tributaria no puede presentarse como una fotografía retocada. No puede venir con filtros. No puede aparentar simplicidad mientras obliga al ciudadano a hacer arqueología normativa para entender si su ahorro está o no está bajo amenaza. En materia fiscal, las cosas deben decirse de frente. Si una renta está fuera del ámbito gravable, debe quedar fuera de forma limpia, directa, inequívoca y blindada. Lo que no puede ocurrir es que primero se le coloque dentro del universo gravable y luego se le intente rescatar por medio de una exención posterior, dejando sembrada la semilla de la duda, la litigiosidad y la inseguridad jurídica. El espíritu de la Ley no puede ser ambivalente, debe ser claro y preciso, de manera que no quede sujeto a futuras interpretaciones.

Aquí no estamos hablando de una discusión abstracta ni de un tecnicismo para especialistas. Estamos hablando del ahorro de la gente. Del trabajador que cotizó durante años, que se desgastó, que hizo sacrificios, que sostuvo una familia, que pagó el costo físico y emocional de su vida laboral, y que esperaba llegar a una etapa más madura con un mínimo de certidumbre. El ROP no es un lujo. El FCL no es una extravagancia. Son instrumentos de protección real para la calidad de vida, para la estabilidad emocional y para el bienestar futuro de miles de costarricenses.

Ese es el punto moral de fondo. Cuando se juega con el ROP, no se toca solo una cuenta. Se toca la expectativa de una vejez menos angustiosa. Se toca la posibilidad de enfrentar enfermedad, dependencia, desempleo o fragilidad con un mínimo de respaldo. Se toca el derecho de las personas a no terminar completamente expuestas después de una vida entera de trabajo. Y por eso este no es solo un debate técnico: es un debate sobre dignidad, sobre paz social y sobre el respeto que merece el esfuerzo honrado.

La legislación vigente hoy protege esta materia con mucha más claridad. La actual Ley del Impuesto sobre la Renta dispone que las rentas y ganancias de capital obtenidas por los fondos de pensiones y por el FCL están exentas, y además mantiene el tratamiento fiscal previo para los sistemas de pensiones, sus beneficios, prestaciones y el FCL. Esa redacción es más limpia y más coherente porque protege sin maquillaje, sin rodeos y sin trampas interpretativas.

Por eso el problema del expediente 23.760 no es solamente su contenido material, sino su estética legislativa. Su forma de presentarse. Su filtro. Se vende como modernización ordenada. Se presenta como una reforma que no crea nuevos impuestos. Pero al mismo tiempo deja una estructura normativa capaz de hacerle creer a cualquiera que sí se abrió una puerta para gravar el ahorro previsional y laboral. Y en un tema tan delicado, esa contradicción no es menor. Es exactamente el tipo de ambigüedad que erosiona la confianza pública.

Costa Rica ya tiene suficiente con la complejidad tributaria, la sobrecarga regulatoria y la fatiga de un ciudadano que siente que siempre le piden más explicaciones, más trámites y más paciencia. Lo que no necesita este país es una ley que se parezca a una publicación con filtro: bonita en la superficie, tranquilizadora en el discurso y problemática cuando uno la mira de cerca. Un proyecto de impuestos debe venir sin filtros. Debe ser legible, transparente y comprensible para la persona común, especialmente cuando toca temas tan sensibles como el ahorro del trabajador.

Por eso la exigencia aquí debe ser firme. Nuestro ROP no se toca. Nuestro FCL no se toca. Y si el expediente 23.760 pretende seguir su curso, entonces tiene la obligación política, ética y técnica de corregirse para sacar de toda duda estas prestaciones del ámbito gravable, de cualquier retención improcedente y de cualquier tentación recaudatoria futura. No por populismo. No por miedo. Sino por respeto a la seguridad jurídica, al trabajo de toda una vida y al bienestar de quienes hicieron lo correcto esperando un futuro con un poco más de paz.

En redes sociales, cada quien decide si usa filtros. En una ley tributaria, no. Ahí todo debe venir claro, limpio y de frente. Porque cuando se trata del trabajo acumulado, de la calidad de vida futura y de la tranquilidad de miles de familias, Costa Rica merece una discusión sin maquillaje y sin engaños. El ahorro del trabajador no necesita filtros, necesita respeto. Nuestro ROP no se toca.