La universidad como guía: explorando la inseguridad desde el aula hasta la frontera y la pampa

La promesa universal de la educación como antídoto

 En el concierto de las naciones hay una voz que suena con la fuerza de un axioma: la educación, en todos sus grados, es la base de la paz, el desarrollo y la dignidad humana.  La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 ya reconoció la educación como un derecho fundamental, pero la educación superior ha navegado históricamente en aguas de menor reconocimiento y muchas veces de persecución gubernamental, considerada por algunos como un privilegio y no como lo que es: un bien público y una fase esencial del aprendizaje a lo largo de la vida.  Esta idea es un error estratégico con graves consecuencias.

 El Banco Mundial y la OCDE, por ejemplo, han calculado con exactitud casi contable la rentabilidad de la inversión en educación superior.  Y no es una ilusión, es un motor de desarrollo.  Una persona con estudios superiores gana en promedio 17% más que una con estudios de primaria (10%) o secundaria (7%).  Los titulados universitarios están más empleados, son más productivos y se ajustan mejor a los ciclos económicos.  Pero la ecuación no es solo monetaria.  Los beneficios se extienden a toda la sociedad: los graduados tienden a ser más saludables, más conscientes del medio ambiente y, lo que es más importante para nosotros, más cívicos.

 Es aquí donde la educación superior deja de ser una fábrica de profesionales y se convierte en una infraestructura de seguridad preventiva.  La UNESCO lo ha declarado: la educación tiene el poder de construir sociedades más seguras, inclusivas y solidarias.  La violencia, en cualquiera de sus manifestaciones, no solo es una tragedia humana, sino también un lastre económico que reduce el potencial de ingresos de las personas y frena el crecimiento de los países.  Por eso no es extraño que miles de fundaciones y organismos internacionales consideren la educación como un motor de cohesión social y prosperidad a largo plazo.

 Pero la conversación global más reciente ha ido un paso más allá.  Ya no basta con hablar de "acceso a la educación", sino de "justicia en la educación".  La UNESCO, con un nuevo marco conceptual, nos anima a revisar con lupa el "mérito" y a poner el foco en los "grupos que merecen equidad". Esta manera es revolucionaria porque saca la culpa: si a un alumno vulnerable le va mal, la culpa no es de él, sino del "sistema que le falló".  Esta mirada implica cambios estructurales, políticas de discriminación positiva y compromiso con la gratuidad, por donde la historia y la geografía han pasado.  Esta noción de justicia educativa, más allá de la apertura de la universidad, es la que debe orientar nuestra mirada sobre la realidad costarricense.

 El desafío latinoamericano: Una fiesta de oportunidades a la que no todos están invitados

 Latinoamérica, nuestra gran casa, es un lugar de contradicciones.  En estas dos décadas, la zona ha experimentado una de las mayores expansiones educativas del mundo.  La tasa de matrícula en la educación superior se disparó del 23% en el año 2000 al 52% en 2018, superando ampliamente la media mundial.  Países como Costa Rica lograron tasas que señalan la universalización.  Este gran esfuerzo que ha llenado las aulas de sueños, ¡hay que aplaudirlo!  Pero detrás de los números sumados se esconde una realidad mucho más compleja y dolorosa.

 La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) nos advierte que este crecimiento ha sido "altamente desigual".  La fiesta de las oportunidades universitarias tiene un menú exclusivo y las puertas de acceso son costosas y permanentes.  La desigualdad más dolorosa es la socioeconómica: un muchacho del quintil más rico tiene muchas más posibilidades de entrar y, sobre todo, de graduarse en la educación superior que uno del quintil más pobre.  A ello se añaden las brechas territoriales, que penalizan a las áreas rurales y periféricas, y las brechas étnico-raciales, que relegan a los pueblos originarios y afrodescendientes a un rezago histórico.

 Esta realidad de exclusión educativa no se da en el vacío.  Se superpone a una de las zonas más violentas del mundo.  Con una tasa de homicidios tres veces superior a la media mundial y un coste anual de la violencia equivalente al 3,5% del PIB de la región, América Latina se halla en una situación de emergencia permanente.  Y este gasto no es solo en términos de dinero; son recursos esenciales que se sustraen a la salud y, precisamente, a la educación, perpetuando un círculo vicioso de pobreza y violencia.

 Por eso es por lo que organismos como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) o el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) señalan que la seguridad ciudadana no es un tema policial.  Una política de seguridad eficaz es, ante todo, una política de inclusión social.  El IIDH lo plantea sin rodeos: hay que "impulsar cambios en la educación pública para transformarla en un espacio de desarrollo personal y de construcción de valores de convivencia pacífica y tolerancia a la diferencia".

 Aquí está el nudo gordiano del problema latinoamericano.  La expansión de la educación superior ha abierto una promesa de movilidad social para millones, pero la desigualdad de acceso y, sobre todo, de graduación de programas de calidad transforma esa promesa en frustración social para la mayoría.  Se ha creado una "doble vía perversa": mientras una élite refuerza su posición a través de la universidad, una multitud de jóvenes de sectores populares se enfrenta a un sistema que parece pensado para dejarlos fuera.  Esta distancia entre lo que se espera y lo que se vive genera resentimiento y anomia.  En un mundo en el que las economías ilegales y las organizaciones criminales proponen sus propias vías de "éxito" y pertenencia, la opción del crimen puede convertirse en la más realista.  La escuela, más que como igualadora, puede llegar a ser vista como reproductora de desigualdad, con el consiguiente descrédito para ella y, por omisión, reforzando el atractivo de las sombras.

Costa Rica: Entre el legado y el "apagón educativo"

 Nuestra Costa Rica se ha visto en el espejo por años y ha visto un maestro, no un soldado.  La identidad nacional se construyó con la idea de que la educación era la base de la civilidad, la fuente de progreso y la garantía de paz social.  La abolición del ejército en 1948 no fue una decisión administrativa, sino la culminación de un proyecto de nación que eligió las aulas sobre los cuarteles, el consenso sobre la represión.  La inversión en educación pública no fue un gasto, fue el acto de fe fundacional de nuestra república.

 Pero hoy esa imagen en el espejo se rompe.  El Informe Estado de la Educación 2023, noveno Informe, llega con un lenguaje alarmante: "crisis educativa" que se ha "agudizado".  "Apagón educativo" es un término que se usa para hablar del período 2018-2021 en que se deterioraron mucho los aprendizajes, dejando cicatrices en toda una generación de estudiantes.  El dato es alarmante y específico: los estudiantes están llegando a la universidad con "serias deficiencias de conocimientos" que debieron aprender en el colegio.  Esto crea una carga imposible sobre nuestras universidades públicas, que ahora tienen que enseñar, remediar y formar.

 Como si esta crisis pedagógica no fuera suficiente, una nueva amenaza, mucho más estructural, se cierne sobre el sistema.  El mismo informe advierte que "nuevas tendencias en el financiamiento de la educación superior pública ponen en riesgo sus funciones sustantivas".  Desde 2019, las universidades públicas afrontan recortes presupuestarios, anuncios de disminución del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) y el incumplimiento de los acuerdos nacionales que protegían la inversión en educación como porcentaje del PIB.

 Estamos frente a una contradicción estratégica que amenaza el modelo costarricense.  La crisis educativa no es una crisis pedagógica ni curricular.  Es una falla que erosiona el "contrato social" que ha caracterizado a nuestro país. Tradicionalmente, la promesa de Costa Rica ha sido que, independientemente de dónde se venga, una buena educación es un canal legítimo de movilidad social y una vida digna.  Cuando este principal motor de inclusión y progreso falla, cuando los jóvenes sienten que el sistema ya no está cumpliendo con su parte del trato, se crea un peligroso vacío. Y cuando, al mismo tiempo, el Estado da señales políticas de que su compromiso histórico con la educación se desvanece vía recortes presupuestarios, ese espacio se amplía.  La desafección, el cinismo y, en los casos más graves, la violencia y la delincuencia, hallan en ese vacío el espacio para proponer sus propias lógicas de poder, pertenencia y supervivencia.  Pero la crisis de la educación en Costa Rica no es solo una crisis de aprendizaje; es una crisis que socava la fe en nuestro modelo de desarrollo pacífico y democrático, creando una fisura en el alma de la nación.

Las periferias olvidadas: un diagnóstico de Puntarenas, Limón, Guanacaste y Zona Norte

 Si la crisis educativa y la inseguridad son tempestades que sacuden a Costa Rica, hay territorios donde el huracán se estrella.  Pero no es solo el puerto de Puntarenas (es toda la provincia) y el Caribe de Limón.  Son también la pampa guanacasteca, con sus imágenes turísticas que ocultan bolsas de pobreza, y la extensa Zona Norte, territorio agrícola y de fronteras permeables. Aquí, en estas "otras Costa Ricas", las generalizaciones de los informes nacionales se encarnan en realidades cotidianas, concretas y, a menudo, desgarradoras.

 La delincuencia en estos lugares se ha vuelto alarmante. En 2020, mientras la tasa nacional de homicidios era de 11.2 por cada 100,000 habitantes, el cantón central de Puntarenas triplicó esa tasa, con 30.7. Los últimos informes reafirman que Puntarenas y Limón albergan la mayor cantidad de cantones con índices de seguridad por debajo del promedio nacional. Guanacaste, considerada generalmente más segura, no está exenta; entre 2018 y 2024, los homicidios en la provincia pasaron de 21 a 75.  La inseguridad se siente con fuerza: el 65.5% de los ticos cree que el país es poco o nada seguro, una sensación que seguramente se intensifica en estas zonas rojas.

Esta violencia no es aleatoria. Es el síntoma febril de una enfermedad mayor: el subdesarrollo y la exclusión. Y el Índice de Desarrollo Social (IDS) 2023 no deja lugar a dudas: Limón, Puntarenas y Guanacaste encabezan la lista de cantones con mayor número de distritos en categorías "Bajo" o "Muy Bajo" desarrollo. Así lo confirma el Atlas de Desarrollo Humano Cantonal, donde los cantones fuera de la GAM, como los costeros, pampas y fronterizos, tienen un IDH mucho menor. De hecho, cantones como Matina, La Cruz, Talamanca y Hojancha se encuentran entre los menos desarrollados humanamente del país. La pobreza extrema también azota: en las regiones Chorotega como la Huetar Norte, los hogares en estas regiones aumentaron su situación; la pobreza creció entre 2022 y 2023.

 Los factores de riesgo son un eco en todas estas zonas: desempleo, bajos niveles educativos, falta de oportunidades, drogadicción, tejido social roto.  En Limón se añade el peso histórico del racismo estructural.  En Guanacaste, el ejemplo de un turismo exitoso que no se refleja en el bienestar de muchas de sus comunidades.  En el Norte, las cosas de la frontera.

 Para ilustrar esta relación dramática, imaginemos un gráfico de pobreza.

 ¡Su poder está en que puede narrar una historia compleja en una sola imagen! Prohibiría toda lectura simplista que identifique criminalidad con policía. Sobreponiendo la vulnerabilidad social al subdesarrollo, el gráfico forzaría al lector a reconocer la relación estructural e inescapable entre los dos. Mostraría con imágenes que la inseguridad en nuestras provincias costeras y limítrofes no es una anomalía, sino el resultado esperado de un abandono histórico y una fractura social, dejando en evidencia la necesidad de una solución que trascienda la represión y ponga a la educación y al desarrollo en el centro de la estrategia.

Lo que estos datos muestran en conjunto es algo más que "desigualdad". "La distancia entre el Valle Central y las periferias es tan grande que se puede hablar de un 'apartheid social' de facto".  No es una ley, sino una geografía estructural en la que las varias Costa Ricas coexisten con derechos y futuros radicalmente diferentes. La violencia que hoy nos sacude es el síntoma más visible y doloroso de esta ruptura. Por ende, la tarea no es "combatir el crimen", sino incorporar plenamente a estas zonas en el proyecto de desarrollo nacional del que siempre han estado excluidas. En esta labor titánica, la educación no es una alternativa, es la llave para reconstruir la ciudadanía, la oportunidad y la esperanza.

La UNED, un faro en la niebla: docencia, investigación y extensión en acción

En la tempestad que sacude nuestros territorios, la Universidad Estatal a Distancia (UNED) es mucho más que una universidad; es un agente estratégico. Su estructura y su propósito la hacen un agente con un potencial incomparable para ser una fuente de esperanza y un agente de cambio.  Para medir su impacto, hay que mirar lo que hace en sus tres funciones: docencia, investigación y extensión.

 Docencia: Sembrando capacidades en terreno hostil:

 El primer acto de la UNED es estar. Con presencia universitaria en todo el territorio nacional como una promesa de esperanza, la universidad siembra una bandera de oportunidad en los territorios más vulnerables. La ubicamos en Puntarenas, al lado de la Delegación Policial; en Limón, en El Cocal, sobre la ruta a Saopin o ruta 32; en Guanacaste, con sedes en Nicoya, Cañas, La Cruz, Liberia, Santa Cruz y Tilarán; y en la Zona Norte, con presencia en San Carlos, Upala, Los Chiles, Sarapiquí.

 Esta intervención territorial se ajusta a la misión declarada de la UNED de "extender su cobertura a todo el territorio nacional" y llegar a los sectores sociales "en riesgo de exclusión". La propuesta formativa, lejos de ser estandarizada, evidencia una gran pertinencia. Carreras como Ciencias Criminológicas y Criminalística te dan las herramientas para analizar y resolver la violencia con métodos científicos.  Programas como Turismo Sostenible y Administración de Empresas Agropecuarias fortalecen las vocaciones económicas territoriales, generando opciones lícitas y sostenibles, y las otras carreras de administración para localizar y glocalizar empresas en estos territorios, amén de las carreras de educación de la nuestra, amada UNED. Y en una acción de siembra de futuro, la UNED, en conjunto con el MEP, inauguró un Colegio Científico en Upala, una oportunidad sin precedentes para el talento juvenil de la Zona Norte.

 Investigación: El deber de diagnosticar para curar:

Toda intervención social eficaz requiere un buen diagnóstico. La UNED tiene la estructura para crear este conocimiento. Sus programas de pregrado y posgrado requieren trabajos finales de graduación con potencial para investigar realidades locales. Por ejemplo, el estudio de la influencia de la salinidad en la corrosión del acero en Limón, un problema económico para la zona portuaria.

 Pero aquí es donde emerge una oportunidad estratégica poco aprovechada. "Hay una necesidad urgente de una mayor investigación social y comprensiva sobre la violencia, la exclusión y la resiliencia comunitaria en estas provincias". La mayor investigación sobre criminalidad en Limón y su relación con el racismo estructural no la hizo la UNED, sino otra universidad. Esto no es una queja, es una invitación.  La UNED, con sus estudiantes de Criminología, Sociología y Trabajo Social de las propias comunidades, y con sus centros como campamento base, está en condiciones de encabezar una agenda de investigación que arroje luz sobre las raíces de la crisis de seguridad.

 Extensión: La universidad sale del aula, entra al barrio:

 La relevancia de una universidad pública se define por lo que es capaz de hacer más allá de sus muros.  La UNED está comprometida en este campo con la Vicerrectoría de Extensión y Vinculación Territorial. La prueba de su labor es evidente, conmovedora.

 En la Zona Norte, a través del Programa de Regionalización y el CITTED, se han desarrollado más de 90 procesos de capacitación en seis cantones, fortaleciendo el turismo rural y el sector agroproductivo. En Guanacaste, el programa Emprende Guanacaste capacita de manera virtual y gratuita a emprendedores en las seis sedes de la provincia. Y en una de las acciones más inspiradoras, el "Maratón STEAM UNED" lleva talleres de robótica, programación e IA a escuelas rurales de Liberia y Jicaral, abriendo la curiosidad de cientos de niños como niñas. Piensen por un instante en un niño de una escuela unidocente en la pampa guanacasteca programando por primera vez un robot.  Esa es la UNED.

 El modelo de la UNED, por tanto, no es "a distancia", sino de "presencia territorial estratégica".  Su carácter híbrido, con la flexibilidad de la virtualidad y la tangibilidad de sedes físicas y proyectos de extensión en territorio, la transforma en la herramienta de política educativa con mayor potencial para llegar al territorio en las periferias, superando barreras geográficas y económicas que históricamente han generado exclusión.  La UNED no se encuentra en estos territorios por casualidad, se encuentra por diseño y su capacidad de transformación es enorme.

Trazando la ruta: consejos para nuevos viajes

 El diagnóstico está hecho y la situación es crítica. No podemos darnos el lujo de la parálisis. "Costa Rica debe escribir un nuevo destino, un viaje audaz que integre sus márgenes al centro del desarrollo". La universidad pública, la UNED en particular, es la guía y el motor de esta aventura. A continuación, cuatro caminos de acción, no como soluciones mágicas, sino como puntos de partida para una conversación nacional impostergable.

 "Becas con propósito": Más que un apoyo económico.

 No es suficiente abrir la puerta de la universidad; hay que garantizar que quienes ingresan tengan las herramientas para graduarse. El sistema actual de becas y préstamos, aunque útil, necesita transformarse.  "Crear un programa de 'Becas con Propósito' para estudiantes de Puntarenas, Limón, Guanacaste y Zona Norte". Este programa trascendería la beca económica, articulando tres componentes: primero, un sistema sólido de nivelación académica para superar el llamado "apagón educativo"; segundo, acompañamiento personalizado con mentoría académica y apoyo psicosocial; y tercero, servicio comunitario, conectando al estudiante con proyectos de extensión en su territorio. Esto no solo abre oportunidades para tener más éxito en la escuela, sino que crea raíces y liderazgo local, dando respuesta a la llamada de la UNESCO de "justicia social" en la educación.

 "Investigación coproducida": La comunidad como laboratorio social

 Para salvar la distancia entre la capacidad investigadora de la UNED y las necesidades más apremiantes de las periferias, hay que revolucionar la manera de hacer ciencia. Siguiendo modelos de seguridad ciudadana "coproducidos" (en los que la comunidad es agente y no mera receptora), se plantea que la UNED cree "Observatorios Locales de Desarrollo y Seguridad" en sus sedes de Liberia, San Carlos, Limón y Puntarenas. Estos laboratorios serían observatorios de investigación-acción participativa, involucrando a líderes comunitarios, gobiernos locales y ONG.  Estudiantes de Criminología, Turismo, Administración y otras carreras harían en estos observatorios sus tesis de graduación, estudiando los problemas que sus propias comunidades consideran prioritarios. De este modo, la investigación deja de ser un ejercicio académico para convertirse en un instrumento de transformación social directa.

 "Extensión como ecosistema": Tejiendo redes de oportunidad

 Los proyectos de extensión de la UNED son buenos, pero suelen ser esfuerzos aislados. El siguiente paso es escalarlos de acciones puntuales a "ecosistemas locales de desarrollo". Esto requeriría desarrollar programas integrales que engranen las capacidades de la universidad. Un "ecosistema" en Guanacaste podría, por ejemplo, integrar capacitación en turismo sostenible con apoyo a MiPymes, investigación sobre el impacto del turismo en seguridad y promoción cultural. Un ecosistema en la Zona Norte podría conectar la agronomía, la administración de empresas agropecuarias y la tecnología para el agro. Este abordaje integral, en sintonía con las políticas de prevención integral que impulsa el IIDH, tejerá una trama de oportunidades mucho más rica y resiliente.

 "Una alianza por las periferias": el FEES como inversión en seguridad nacional

 Finalmente, desearíamos que este mensaje alcance a las personas que deciden en los niveles más altos. La conversación sobre el financiamiento de la educación superior (FEES) no puede continuar siendo enmarcada como una ecuación contable. La evidencia es abrumadora: invertir en educación superior pública es una de las mejores inversiones para la seguridad nacional y la paz social a largo plazo. Cada muchacho de La Cruz, de Talamanca, de Upala o de Coto Brus que se gradúa en la universidad sea un transformador de su familia, de su comunidad, un ejemplo de que el camino del esfuerzo es posible. "Recortar el presupuesto a las universidades públicas, y en particular al modelo de la UNED, tan importante para las periferias, significa en la práctica desmantelar una de nuestras mejores armas para luchar contra las raíces de la violencia que hoy nos desangra como país". La paz de Costa Rica se construye en las aulas, siendo que esto necesita recursos, visión y compromiso con el legado que nos hizo diferentes en el mundo.

“COSTA RICA, SU EJÉRCITO SON LOS EDUCADORES”