Claro que nos gustaría tener autobuses pasando con alta frecuencia, llegando a todos los barrios, con unidades modernas, accesibles, limpias y seguras. Claro que también quisiéramos que el pasaje sea barato, especialmente para proteger a trabajadores, estudiantes y hogares de menores ingresos. Y claro que, además, desearíamos que todo eso ocurra sin subsidios. Pero: ¿es viable tener las tres cosas al mismo tiempo? Veamos.
La respuesta es no. En transporte público existe al igual que en economía,una trinidad imposible: servicio excelente, tarifa baja y sostenibilidad financiera sin subsidios. Si se mejora la frecuencia, cobertura y calidad, los costos aumentan. Si la tarifa se mantiene baja, los ingresos no alcanzan. Y si, además, se pretende que no haya subsidio, el sistema queda atrapado en una contradicción que solo puede resolverse deteriorando el servicio, envejeciendo la flota o trasladando costos ocultos al operador y al usuario (distinciones cómo la indicada en el artículo anterior)
Costa Rica lleva años viviendo dentro de esa contradicción.
Nuestro modelo tarifario se basa en el principio de servicio al costo. En teoría, la tarifa reconoce los costos necesarios para operar: salarios, combustibles, repuestos, seguros, mantenimiento, financiamiento, tecnología e inversión. Luego esos costos se distribuyen entre los pasajeros. El problema es que, si la tarifa es prácticamente la única fuente estructural de ingresos, entonces todo el peso del sistema recae sobre quienes ya usan el autobús.
Y ahí justamente aparece una paradoja. El transporte público no beneficia únicamente a sus pasajeros. También beneficia a quienes no lo usan. Cada persona que viaja en bus puede significar menos congestión, menos emisiones, menor presión sobre parqueos, menos consumo energético, mayor productividad urbana y mejor acceso al empleo. En teoría económica, eso se llama externalidad positiva: una actividad genera beneficios sociales que van más allá de quien paga directamente por ella.
Cuando existen externalidades positivas, los subsidios no son una distorsión; pueden ser una herramienta correcta de política pública. Se subsidia aquello que produce beneficios para toda la sociedad, pero que el mercado o la tarifa individual no remuneran adecuadamente. El transporte público es precisamente uno de esos casos.
Por eso, si Costa Rica insiste en un modelo sin subsidios explícitos, estamos condenados a seguir en lo mismo: tarifas presionadas, operadores debilitados, flota envejecida, rutas frágiles y usuarios migrando al vehículo privado. El resultado es un círculo vicioso: menos pasajeros, mayor costo por pasajero, más presión tarifaria y peor servicio.
La discusión nacional no debería ser simplemente si el pasaje sube o baja. Esa es apenas la superficie. La pregunta central es qué nivel de transporte público quiere el país, cuánto cuesta y quién paga la diferencia entre la tarifa socialmente aceptable y el costo real de un sistema moderno.
El subsidio no debe ser un cheque en blanco. Debe ser transparente, medible, condicionado al desempeño, vinculado a cobertura, frecuencia, renovación de flota, accesibilidad y calidad del servicio. Pero negar su necesidad es negar la economía del transporte público.
La trinidad imposible no es una teoría lejana. Es la explicación de nuestro presente. Lo importante no es solo conocer esto, es saber que existe solución.
MBA Bernal Rodríguez
Presidente de CANABUS





































