La paradoja del poder civil: la voz estratégica de Costa Rica en la crisis del Medio Oriente de 2026

Las operaciones militares conjuntas lanzadas por Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero de 2026, seguidas de los ataques de represalia de Teherán en el Golfo, han hecho más que desestabilizar una región; han expuesto una profunda fractura en el orden global. Para la mayoría de las naciones, se trata de una crisis de seguridad energética o de hegemonía regional. Para Costa Rica —una nación que ha operado sin un ejército permanente desde 1948—, es un desafío existencial. Mientras el gobierno de la presidenta electa Laura Fernández se prepara para asumir el mando este mayo, San José deja claro que, en un mundo donde los gigantes han dejado de lado la aplicación tradicional del derecho internacional, el "poder civil" no puede permitirse el lujo del silencio.

El imperativo moral de Costa Rica de opinar sobre las hostilidades en Oriente Medio se basa en su Proclamación de Neutralidad Permanente, Activa y Desarmada de 1983. Para un experto en derecho internacional, es evidente que la actual escalada representa un período en el que los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas, en concreto la prohibición del uso de la fuerza, se consideran discrecionales. Cuando se invoca la "legítima defensa preventiva" sin los requisitos habituales de inminencia o la autorización del Consejo de Seguridad, el marco jurídico del que dependen las pequeñas naciones se vuelve temporalmente inaplicable. Al carecer de ejército, Costa Rica reconoce que el derecho internacional, en su estado actual, no puede aplicarse para frenar las hostilidades actuales. Sin embargo, es precisamente esta laguna en su aplicación la que exige una postura firme. Al alzar la voz, Costa Rica no se hace ilusiones de que sus palabras detendrán un bombardeo de misiles; está realizando un acto de mantenimiento normativo. Es un recordatorio de que, si bien los poderosos pueden ignorar actualmente la ley, su eventual restablecimiento sigue siendo la única alternativa a un descenso permanente a la anarquía global.

Esta postura diplomática se ve reforzada por su identidad como bastión de la democracia representativa. La presidenta electa Laura Fernández asume el cargo con un mandato decisivo, lo que representa un cambio hacia una política que prioriza la soberanía popular. Este enfoque interno tiene importantes implicaciones para la política exterior, ya que San José alinea cada vez más sus esfuerzos diplomáticos con gobiernos que poseen claros mandatos democráticos de sus electores. Esto crea una fricción natural con regímenes autocráticos, como el gobierno clerical de Teherán, pero también alimenta un creciente escepticismo hacia las estructuras burocráticas no electas en otros lugares. La política exterior de Costa Rica en 2026 se centra cada vez más en los electores, lo que explica el apoyo, matizado pero firme, del país a la autodeterminación democrática de Taiwán. Si bien San José se adhiere a la política de "Una sola China" por razones comerciales, reconoce una afinidad con la resiliencia democrática de Taiwán. Al favorecer a líderes electos por sobre los tecnócratas no electos o los autócratas hereditarios, Costa Rica está estableciendo una norma según la cual la legitimidad debe ganarse en las urnas, no mediante el poder militar o un nombramiento burocrático.

El aspecto más complejo de esta posición es la dependencia económica tripartita que exige una postura de alto riesgo entre Estados Unidos, Israel y China. Estados Unidos sigue siendo el garante indispensable de la seguridad regional y el principal destino del "Escudo de Silicio" de las exportaciones de dispositivos médicos y semiconductores. El gobierno de Fernández ha priorizado esta relación mediante la alineación en materia de ciberseguridad y la exclusión de tecnología de alto riesgo de la infraestructura nacional. Simultáneamente, el Tratado de Libre Comercio de 2025 ha convertido a Israel en un socio crucial en la agrotecnología, lo que significa que la estabilidad del Levante es ahora un interés económico directo para los innovadores costarricenses. Sin embargo, la realidad de 2026 también dicta una relación pragmática con China, el segundo socio comercial más importante del país. La finalización de importantes proyectos de infraestructura y el suministro de bienes de consumo dependen de una relación funcional con Pekín. Para gestionar esto, Costa Rica utiliza una estrategia de diplomacia compartimentada, apoyando a Estados Unidos e Israel en materia de seguridad y valores democráticos, a la vez que mantiene una puerta abierta pragmática a la inversión china no sensible.

Para colegas de América, Europa, Asia y África, la lección de la postura de Costa Rica es que, incluso cuando se deja de lado el derecho internacional, el orden basado en normas requiere la intervención de sus testigos. El silencio de la democracia desmilitarizada más estable del mundo se interpretaría como una admisión definitiva del fracaso del sistema legal. Al negarse a permanecer callado, Costa Rica no está eligiendo un bando en una guerra; está eligiendo un bando en el futuro de la gobernanza global. El presidente Fernández está indicando que Costa Rica seguirá usando su voz para desafiar la erosión actual de las normas internacionales, aun reconociendo que las herramientas para su aplicación están actualmente defectuosas. En 2026, la voz del poder civil es lo único que se interpone entre la esperanza de un retorno a la legalidad y la rendición permanente al poder del más fuerte.