Desde el domingo, González está internado en Hospital Psiquiátrico

Ilegalidad rodea destitución de magistrado

Acusación por seis delitos de violación continuará trámite en la Corte

Sin importar que ayer se encontraba internado en el Hospital Psiquiátrico, los diputados procedieron a destituir al magistrado Óscar González por el supuesto delito de violación en contra de una jueza de apellido Quirós.
La decisión contó con el apoyo de los 53 diputados presentes.
Sin embargo, sería ilegal la decisión del Congreso, de acuerdo con el criterio de varios abogados especialistas en materia constitucional.
Esto se debe a que los diputados únicamente pueden nombrar a los magistrados, quitarles la inmunidad, o bien, no reelegirlos al vencer su periodo, pero nunca removerlos a mitad del mandato.
“Se extralimitan los legisladores en sus potestades”, indica Rubén Hernández, especialista en derecho constitucional.
“En una ocasión, la Sala IV estableció los límites a los legisladores cuando se trata de remover a un integrante de los supremos poderes, cuando evitó la destitución de Fernando Sánchez por la difusión de un memorando en el marco de la discusión del TLC con Estados Unidos”, explica Hernández.
Hay un vacío legal en cuanto a la destitución de los magistrados, porque este no se planteó a la hora de redactar la Carta Magna hace más de 50 años, explicó Fernando Zamora, también abogado especialista en la Constitución Política.
Horas antes de que el Congreso tomara la decisión de remover a González de su puesto, se dio a conocer que el exmagistrado se encuentra internado en el Hospital Psiquiátrico, debido a un supuesto cuadro de ansiedad y depresión.
Esto fue puesto en tela de duda por varios legisladores durante la sesión de ayer, quienes decidieron continuar con el proceso y no darle la oportunidad de comparecer ante el Plenario, como se había establecido en un principio.
Por otra parte, algunos diputados rechazaron la tesis defendida por los abogados constitucionalistas sobre la destitución de González.
“El Congreso solo puede remover a un magistrado, cuando hay un acuerdo mayoritario de la Corte que lo solicite, tal y como es en este caso. Por otra parte, debemos tener claro el debido proceso y derecho a la defensa, lo ha tenido el magistrado siempre desde el mismo momento en que se presentó la demanda de acoso sexual y por eso, todo está a derecho”, explicó Antonio Álvarez Desanti, diputado del PLN.
La precisa de los legisladores para votar la destitución se debe a que quieren evitar que el acusado se acoja a la pensión al finalizar el mes.

Esteban Arrieta
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@earrietaLR