Mitad de costarricenses confía en que Laura Fernández resolverá problemas de inseguridad

Al cumplir cuatro meses al frente del país, un 45% de los costarricenses tiene la confianza de que la presidenta Laura Fernández y su equipo de trabajo lograrán ponerle punto final a la guerra narco que afecta a Costa Rica.

Asimismo, el porcentaje de costarricenses que señala a la inseguridad como el principal problema del país se redujo en 10 puntos porcentuales entre mayo y septiembre, por lo que se puede concluir que la percepción de violencia ha venido bajando, según el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica.

Sin embargo, esto no quiere decir que la inseguridad no preocupe a los ticos, ya que el 39% de los nacionales considera esta problemática como el principal problema del país, frente a la corrupción (12,9%) y la mala gestión del Gobierno (9,2%), que ocupan el segundo y tercer puesto.

Por otra parte, un 54,7% señala que Fernández no logrará resolver el tema.

Víctimas en el centro de la política

Desde que juró para el cargo, Fernández ha señalado que el Estado debe poner a las víctimas en el centro de la lucha contra la inseguridad, por lo que su gestión no cree en un sistema penal débil.

Para cumplir con su palabra, la mandataria ha presentado 12 proyectos para endurecer las penas carcelarias, aplicar una justicia restaurativa y poner orden en el sistema penal.

Ese sería el caso, por ejemplo, de una propuesta que se llama “Cero ocio en las cárceles”, en donde los privados de libertad que decidan trabajar para reducir su estadía en la prisión tendrán que destinar un 35% de lo que ganen para resarcir a las víctimas y sus familias.

Otra iniciativa establece penas de prisión de 3 a 8 años para quienes sean parte o brinden servicios a organizaciones delincuenciales, a la vez que se establece cárcel de 5 a 10 años para propietarios, arrendatarios, poseedores o administradores de pistas, aeródromos o sitios de atraque que se usen para actividades ilegales como el narcotráfico.

“Tiene que acabarse la alcahuetería contra los criminales reincidentes, quien haga del crimen su forma de vida tiene que recibir penas más severas (…) Nosotros estamos del lado de la víctima. Y sí, se lo digo de frente, yo estoy del lado de las víctimas. No estoy del lado de los delincuentes. Y si por eso me quieren tachar de lo que me quieran tachar, no me importa. Aquí el primer lugar de las políticas públicas y de las Leyes de la República tienen que ocuparlo las víctimas”, dijo Fernández.

No obstante, la presidenta ha sido clara de que el Poder Ejecutivo está amarrado de manos para resolver el problema.

Esto, porque la justicia penal en Costa Rica, aplicada por jueces y fiscales, permite que privados de libertad peligrosos estén libres con medidas cautelares, por lo que pide a los diputados aprobar nuevas leyes para que el Poder Judicial aplique una ley más severa.

Asimismo, ha dicho que en el caso del narcotráfico, “la corrupción se ha metido hasta el tuétano en el Poder Judicial”.

“Mi Gobierno está haciendo todo lo que a nosotros nos toca. Ahora les toca a ustedes, diputados y diputadas, tomar las decisiones que nuestros cuerpos policiales y que las familias de las víctimas están esperando. Llegó el momento, señores diputados, de acelerar la tramitación de estos seis proyectos de ley. (…) Les hago un llamado patriótico a responderle al pueblo de Costa Rica con lo que están esperando de parte de nosotros, que son resultados, acciones concretas”, aseveró.

La violencia vinculada al narcotráfico de los últimos años, que ha dejado cientos de homicidios anuales en Costa Rica, no pasa desapercibida a nivel internacional y, en este caso, fue reportada por el prestigioso The Wall Street Journal el pasado 27 de agosto.

La publicación advierte que la crisis de inseguridad está “trastornando el sistema político del país” y que la situación se ve agravada por las evidentes diferencias entre el Gobierno de Laura Fernández y el Poder Judicial.

Incluso, el medio estadounidense señala que en estos momentos existe una especie de “guerra civil política”, en referencia al creciente enfrentamiento entre distintos poderes de la República.

The Wall Street Journal analiza cómo el aumento de los homicidios y la expansión de las organizaciones criminales han convertido la seguridad ciudadana en uno de los principales temas de preocupación para los costarricenses.

El análisis del medio estadounidense se produce en momentos en que la relación entre el Gobierno y la Corte Suprema de Justicia atraviesa uno de sus períodos más tensos, marcado por las diferencias sobre el combate a la inseguridad, la actuación de los tribunales y un recorte presupuestario.

Laura Fernández. Cortesía/La República.