Edición impresa
¡Manténgase al día!
Reciba las últimas novedades e información directamente en su correo.
El transporte público en Costa Rica atraviesa una de sus etapas más críticas en décadas. A la fecha, cerca de 105 rutas han sido abandonadas y, según estimaciones oficiales, hasta un 30% de los servicios podrían quedar sin operación en los próximos meses. La flota nacional muestra un rezago evidente: al menos 482 autobuses deberán ser renovados entre 2025 y 2026, en medio de empresas con márgenes estrechos, ingresos limitados y poco acceso a crédito.
En este contexto, los bancos aparecen como actores clave para facilitar o bloquear el proceso de modernización. Pero ¿son realmente sus condiciones económicas un aliado o, por el contrario, otro obstáculo para la recuperación del sector?
Inflación en terreno negativo
Uno de los datos más llamativos de la coyuntura macroeconómica es que la inflación en Costa Rica no solo está baja, sino en territorio negativo. En agosto del 2025, el Índice de Precios al Consumidor registró una variación interanual de −0,94%, marcando el segundo mes consecutivo de deflación. Este resultado contrasta con la meta del Banco Central, que busca mantener la inflación alrededor de un 3% anual.
La deflación implica que los precios, en promedio, están cayendo. Para los consumidores esto puede sonar positivo, pero para los sectores productivos es una señal de alerta: menor dinamismo económico, ingresos más bajos y presión sobre la rentabilidad. En el transporte público, donde los ingresos dependen de tarifas reguladas y volúmenes de pasajeros que no crecen, la deflación no ofrece alivio real, sino más restricciones. A esto le sumamos las recientes rebajas de tarifa nacional por parte de ARESEP, las cuales a la fecha ya acumulan una pérdida mayor al 10% en las bases tarifarias de todas las rutas.
Una TBP moderada, pero insuficiente
Por otra parte, la Tasa Básica Pasiva (TBP), principal referencia para los créditos en colones, se ubica alrededor de 3,9%. Se trata de un nivel bajo en comparación con años anteriores y, en teoría, favorable para endeudarse. Sin embargo, los operadores de transporte público enfrentan una realidad muy distinta cuando negocian con los bancos.
Las entidades financieras no trasladan esa TBP directamente al cliente final. Sobre la tasa base suman márgenes por riesgo que, en un sector considerado de alta incertidumbre y baja rentabilidad, pueden elevar el costo del crédito a niveles poco sostenibles. A esto se suman las exigencias de garantías, seguros, depósitos y requisitos que muchas empresas no pueden cumplir tras años de ingresos deprimidos por la pandemia y la falta de ajustes tarifarios.
El choque entre condiciones financieras y realidad sectorial
La paradoja es evidente: mientras la macroeconomía refleja estabilidad —baja inflación, TBP moderada, tasas internacionales contenidas—, el transporte público se mantiene atrapado en una dinámica de crisis estructural. Los bancos, por diseño, buscan protegerse; pero esa lógica aplicada sin un esquema diferenciado termina castigando a un sector que es estratégico para la movilidad social y la competitividad del país.
El resultado es que, incluso con cifras macroeconómicas que aparentan ser favorables, los créditos para renovar autobuses o adoptar tecnologías limpias se vuelven prohibitivos. La brecha entre la necesidad de inversión y la disposición bancaria a financiar no se cierra.
Más aún, bien debemos analizar, si existiendo estabilidad macroeconómica, aún no se ayuda a la industria; ¿que ocurriría si tenemos nuevamente algún shock de mercado?
El programa de avales: un paso en la dirección correcta
En abril de 2025, el Consejo Rector del Sistema de Banca para el Desarrollo aprobó un Programa de Aval de Cartera para Transporte Público. El esquema busca reducir el riesgo de los bancos al cubrir hasta el 40% del monto financiado, con el objetivo de mejorar condiciones de crédito y viabilizar la modernización de flotas.
La medida es positiva, pero enfrenta limitaciones: los beneficiarios deben tener un puntaje CIC-SUGEF aceptable, se exige prenda sobre los vehículos y otras garantías, y los recursos disponibles son finitos (₡10 mil millones). Esto significa que, si bien es un alivio, no soluciona la raíz del problema: la incompatibilidad entre la rigidez financiera de los bancos y la fragilidad económica del sector.
Un dilema de política pública
El transporte público es un servicio esencial que sostiene la movilidad de millones de personas y reduce la congestión vial. Sin embargo, hoy se encuentra en riesgo por un modelo financiero que, en lugar de adaptarse a su importancia estratégica, lo mide con la misma vara que a cualquier otro sector comercial.
La pregunta de fondo es si el país puede permitirse que el futuro del transporte público dependa exclusivamente de condiciones bancarias tradicionales. Con deflación, TBP moderada y un sector en crisis, la respuesta parece clara: sin una política pública más decidida, que combine avales, subsidios inteligentes y regulación tarifaria equilibrada, la banca por sí sola no podrá impulsar la modernización que Costa Rica necesita.
El transporte público requiere algo más que créditos: necesita visión estratégica, alianzas público-privadas y un compromiso real de todos los actores para salir de la acentuada y extensa crisis económica que golpea a la actividad desde hace ya varios años de forma consecutiva.
MBA, Bernal Rodríguez
Presidente de CANABUS
