El transporte público como escudo económico ante la crisis petrolera

Costa Rica vuelve a recibir una advertencia que no debería seguir ignorando. La escalada del conflicto alrededor de Irán ha vuelto a estremecer los mercados energéticos internacionales y ha disparado la volatilidad del petróleo. En los últimos días, el Brent ha rondado y superado los $100 por barril, mientras la crisis en torno al estrecho de Ormuz —ruta crítica para cerca del 20% del suministro mundial de crudo— ha obligado incluso a una liberación extraordinaria de reservas estratégicas coordinada por la Agencia Internacional de Energía.

Para Costa Rica, esto no es un episodio lejano ni una noticia de interés internacional sin mayores consecuencias locales. Es una amenaza concreta sobre el costo de vida, la inflación, la actividad productiva y la competitividad del país. Cada aumento sostenido en el precio del petróleo termina filtrándose al transporte, a la logística, a los alimentos y al presupuesto de los hogares. En un país que importa combustibles y depende fuertemente del transporte terrestre, la factura de una guerra externa se termina pagando internamente.

Frente a este panorama, Costa Rica necesita comprender algo esencial: el transporte público no es solo un servicio. Es una pieza de estabilidad nacional. Cuando el petróleo se encarece, contar con un sistema de movilidad colectiva eficiente, accesible y moderno es una de las pocas herramientas reales que tiene un país para amortiguar el golpe económico sobre millones de personas.

Sin embargo, aquí aparece una realidad que suele evitarse en la discusión pública. No basta con proclamar que el transporte público es importante; hay que sostener las condiciones para que pueda sobrevivir y cumplir su función. Hoy existen empresas operadoras que enfrentan una combinación crítica de costos crecientes, demanda insuficiente, rezagos de inversión, rigideces regulatorias y márgenes cada vez más estrechos. Todas las empresas necesitan recuperar demanda, recibir subsidios inteligentes y focalizados. Muchas necesitan, con urgencia, una reducción estructural de sus costos operativos, como es el tamaño de la flota. Y sí, lamentablemente todavía hoy existen empresas que están muriendo lentamente dentro del sistema.

Ese dato debe preocuparnos como país. Porque cuando una empresa de transporte público se debilita, no solo se deteriora un negocio privado. Se debilita una red esencial para el funcionamiento nacional. Se afecta la continuidad del servicio, se reduce la capacidad de movilizar personas con eficiencia y se incrementa la presión para que más ciudadanos migren al transporte individual, profundizando así la congestión, el consumo de combustibles y la vulnerabilidad energética.

Costa Rica posee una ventaja estratégica evidente: una matriz eléctrica mayoritariamente renovable. Pero esa fortaleza seguirá incompleta mientras la movilidad continúe altamente expuesta al diésel y la gasolina. En otras palabras, el país produce energía limpia, pero todavía transporta buena parte de su economía con energía importada y volátil. Esa contradicción resulta cada vez más costosa. La actual crisis petrolera no hace más que confirmarlo.

La respuesta no puede ser improvisada ni meramente reactiva. Debe ser estructural. Significa hacer más eficiente la operación del sistema con prioridad vial, mejor infraestructura de abordaje, integración entre rutas y menor tiempo perdido en carretera. Significa profundizar la digitalización mediante pago electrónico, trazabilidad de la demanda y análisis de datos en tiempo real para reducir ineficiencias. Significa también crear instrumentos de financiamiento capaces de modernizar flotas y acompañar la transición tecnológica. Y, sobre todo, significa abrir una discusión seria sobre cómo sostener al sector cuando la demanda no alcanza, los costos suben y el país sigue necesitando el servicio.

Porque invertir en transporte público no es sostener ineficiencia: es evitar un deterioro nacional más costoso. Es proteger el ingreso de los hogares, contener parte de la presión inflacionaria, mejorar la productividad y reducir la exposición de Costa Rica ante crisis internacionales que no controla.

La guerra y el petróleo caro vuelven a dejarnos la misma lección. Un país que descuida su transporte público queda más expuesto, más vulnerable y más caro. Un país que lo fortalece, en cambio, gana resiliencia, eficiencia y estabilidad.

Por eso, modernizar y sostener el transporte público no debe verse como una discusión sectorial. Debe asumirse, como una política de defensa económica país. 

Bernal Rodríguez, 

Presidente de CANABUS